VALENCIA. El código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana pretende "una transición" a partir de un documento de mínimos lanzado desde la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. El texto llamado a propiciar "un cambio de rumbo" se funda sobre exigencias de "transparencia", su pilar fundamental según los promotores, y en apenas un par de hojas resuelve "la forma tóxica en que se ha tratado a la cultura" en la Comunitat Valenciana.
El entrecomillado es de Albert Girona, secretario autonómico de Cultura que junto al conseller del ramo Vicent Marzà y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, presentaron este miércoles la propuesta. En esencia, una declaración de intenciones y no una normativa en sí misma y que se liga a la filosofía del Pacte del Botànic, del que partió el compromiso entre PSPV, Compromís y Podemos para consolidar el actual Gobierno autonómico.
En los poco más de 100 días -vacaciones mediante- que han tenido los responsables de Cultura para resolver esta iniciativa, con un sector cultural cuyas tasas de desempleo y estatus industrial se admite desde la administración como "edificio en ruinas", han elaborado este marco de puntos mínimos para una limitación al beneficio particular de los partidos políticos y sus representantes. Se espera que se sumen al texto, sin ser normativo para estos, desde las diputaciones a los ayuntamientos de la región, ya que la principal inquietud ha sido la de invertir el peso y solución a las cuestiones "quién, qué y cómo", apuntaba Marzà. "Con los anteriores gobiernos primero se elegía quién, luego se veía dónde se colocaba y qué iba a hacer y finalmente cómo, que era como sea pero que haya una buena foto".
La falta de criterio profesional ahora se resuelve con una "hoja de ruta", en palabras de Amoraga, "para poner al frente de los organismos culturales a los mejores proyectos y no a los mejores amigos". Para ello, la oferta será de 55 a 60.000 euros brutos, tratando que de que en este marco salarial exista una inquietud nacional e internacional por proponer proyectos para las cinco grandes entidades: Museo de Bellas Artes San Pío V (de titularidad estatal y gestión autonómica), CulturArts, el Palau de les Arts, el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y el Consorcio de Museos. Una influencia dispar, geográficamente, ya que solo este último afecta a rendimientos culturales fuera del núcleo de la ciudad de Valencia, encargado de gestionar la programación de dos salas de museos, el Museo de Bellas Artes de Gravina en Alicante y el Museo de Bellas Artes de Castellón, MACA de Alicante y La Lonja del Pescado de esta ciudad y la sala San Miguel en Castellón, ademas de otras dotaciones en Valencia, como el Museo del Carmen o la Gallera, y convenios con fundaciones como Chirivella Soriano.
Únicamente en el preámbulo del Codigo de Buenas Pràcticas en Cultura Valenciana se advierte que el pacto "garantiza la presencia de la cultura en todas las ciudades y pueblos y favorece la cohesión territorial", tal y como incidió en varias ocasiones el conseller frente a una representación de representantes de universidades, organismos culturales y asociaciones invitados a la presentación del documento. No obstante, ninguno de los cinco puntos de la propuesta habla de esta implicación geográfica, que es tanto como reconocer una complejidad nunca resuelta hasta la fecha, así como tampoco distingue entre las cinco entidades culturales que, como Girona apuntaba en la puesta de largo, tiene "diferencias específicas". La problemática y desigualdad geográfica, como buena parte de la problemática cultural de la Comunitat Valenciana, sigue emplazada a una solución a partir del Plan Cultural para la región que, en palabras de Marzà, debería estar listo "a principios del próximo año".
A ese plan se encomiendan, verdaderamente, las soluciones a aspectos prácticos y concretos para la cultura valenciana. Entre otros, los esenciales, como "unos ejes y objetivos comunes de país", tal y como propueso Marzà.
Sin embargo, si el Código de Buenas Prácticas para la Cultura Valenciana (cuya web para consulta pública sigue inactiva 24 horas después de la presentación) acude a las urgencias para convocar algunas de las plazas de dirección, que se irán abriendo progresivamente teniendo en cuenta las características de cada contenedor cultural. Tres de ellos, de entrada, se quedarán al margen: CulturArts, para el que habrá que modificar la normativa y reglamentos si se quiere aplicar; e IVAM y Palau de les Arts, 'plazas' en las que el Consell defiende los dos contratos de alta dirección, suscritos por el anterior equipo de Cultura, -José Miguel G. Cortés y Davide Livermore, respectivamente- que además marcan una distancia salarial con sus homónimos ateniéndonos a la propuesta del código, ya que perciben 132.000 y 65.000 euros brutos (frente a los 55 a 60.000 ofertados).
En ambos casos, las contrataciones se van a respetar, ha comentado Girona, que ha agregado, sobre el intendente del teatro de ópera, que era mejor respetar el contrato que romperlo e ir a una indemnización y que, además, Livermore ya está aplicando medidas en la dirección señalada por los actuales responsables de la Conselleria. Entre otras, contagiarse a partir de otros centros culturales -y de ahí su vinculación ahora con el IVAM- o el inicio de una relación entre coliseos homónimos "en el norte y sur de Europa y que próximamente será presentado", según Girona.
Aun así, en la propuesta -no normativa- hay una serie de puntualizaciones que sí marcan exigencias concretas para con los gestores y su responsabilidad directiva y cultural. En la formalización del contrato de los nuevos gestores constarán, "al menos, los objetivos que hay que cumplir, los resultados que se deben obtener, las condiciones y los plazos para su realización y los indicadores aplicables, que tendrán una duración temporal limitada de años prorrogable por un máximo una vez evaluado el cumplimiento de los objetivos según los indicadores que se establezcan". "Hasta que se formalicen, los aspirantes no tendrán derecho a ninguna percepción económica".
Y es en este punto, tanto como en la selección de los proyectos/candidatos, donde entra otro condicionante diferenciador: la sociedad civil. Aunque en este apartado por el momento solo se hace referencia a la participación de las Universidades, el Consell Valencia de Cultura o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, lo cierto es que en los criterios de evaluación la satisfacción de los destinatarios del servicio resultará una variable relevante en este control. Para ello se realizarán consultas presenciales y online, según señaló Amoraga, marcando una distancia con la tradicional falta de escucha al espectador.
Los proyectos/directores escogidos deberán, además, someterse a una comisión de seguimiento con periodicidad semestral o, en cualquier caso, a cualquier petición por parte de la administración. Una fiscalización a futuro que, al menos en las cinco entidades a las que se pega el código, trata de evitar fracasos de gestión cultural como el acontecido durante años en el Museo de Bellas Artes San Pío V.
Amoraga señalaba ante los presentes que desde la conselleria no se había inventado "nada". Referenciaba diferentes códigos de buenas prácticas escogidos de muy diferentes ámbitos de gestión pública, aunque coincidente en los cinco puntos del Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana con la Guía de Buenas Prácticas de la Gestión Cultural impulsada por la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el ayuntamiento de esta ciudad.
Las cinco coincidencias son todas: los cinco puntos se encuentran expresados a partir de una filosofía similar en el documento de julio de 2011. Así, el primer punto del valenciano de buenas prácticas en valores éticos se asemeja al punto 3.1 sobre la calidad y "los valores estéticos, morales e intelectuales"; el segundo punto y el tercero, sobre recursos humanos y la selección de de los directores para centros de referencia, en el octavo del catalán sobre los mismos asuntos; el cuarto, sobre gestión de centros públicos y políticas de precios, aun teniendo algún rasgo distintivo, también encuentra coincidentes en el noveno punto (9.1) con el catalán; por último, el de sistemas de evaluación y autoevaluación del último de los bloques del código valenciano también encuentra similitudes con diferentes apartados del punto cuarto de la guía catalana.
No obstante, la coincidencia no es problemática en esencia ya que trata de resolver aspectos básicos de la situación de la gestión cultural pública en el ámbito autonómico y los cinco puntos mencionados, los del valenciano, son criterios de mínimos para este hecho. Sin embargo, el catalán, cuatro años anterior, propone una serie de soluciones tan imprescindibles que hace pensar en la posibilidad de haber construido el punto de partida valenciano con cierta celeridad y, sobre todo, sin poder contar con el plan estratégico de cultura que el conseller Marzà espera tener listo para el inicio del próximo año.
Así, con el agravio comparativo de quien ha elaborado un plan completo con este último aspecto citado resuelto, se incluyen asuntos tan esenciales como la dinamización económica del plan, un plan de viabilidad, otro de marketing y desarrollo y otro de comunicación del mismo o un inventario de bienes y equipos. Lejos de pasar por alto a quién pertenecen ciertos derechos intelectuales -marco legal- o a quién corresponde la gestión de según que espacios -caso del San Pío V- o cómo se gestionan las cuestiones de protección de datos -en la participación ciudadana, por ejemplo-, el código catalán resuelve también todos estos puntos. Aspectos como los dedicados específicamente a la "innovación y el riesgo" o el apoyo y relación con el sector privado (en el punto 7) también son cuestiones que se intuyen en el preámbulo del código valenciano, pero nuevamente no resueltas.
En realidad, todos ellos aspectos de un plan mucho más elaborado con distintos recursos muy seguramente para llevarlo a cabo, pero que por entroncar con los principales puntos puede ser un marco de referencia con muchos aspectos válidos. Como por ejemplo, otros ausentes del código valenciano, como los referidos a incompatibilidades o conciliación familiar; lo que en el valenciano gira en torno a la austeridad, en el catalán tiene un desarrollo de principios en todo el punto noveno con la cuestión de la "gestión económica" que, más allá de la evaluación y de una aspiracional política de precios, aborda cuestiones tan exigibles de resolver para la Comunitat Valenciana como un marco para patrocinios y financiación de proyectos culturales, tal y como cálculos de honorarios o principios de economía y equilibrio.
Por citar solo una más de las muchas diferencias entre ambos códigos -carencias, en realidad, del valenciano-, también se aborda cómo se adquieren y contratan obras y servicios en este manual de buenas prácticas. En resumen, una guía que ofrece muchas más herramientas para los gestores y facilita el trabajo de las administraciones a través de una guía de buenas prácticas amplia y a la que acudir en la gran parte de situaciones a resolver por parte de las principales entidades y órganos de gestión en materia cultural de la autonomía valenciana.