Catalá llena de anuncios un bronco Debate de la Ciudad

VALÈNCIA. Tras cumplir un año al frente de la Alcaldía de València, María José Catalá se enfrentaba este lunes a su primer examen político en el pleno municipal, el ya tradicional Debate del Estado de la Ciudad. Una cita que la primera edil empleó para lanzar varios anuncios en frentes mediáticos como es el turismo o la vivienda y donde, tras recopilar las medidas puestas en marcha en sus primero doce meses, también se sirvió del socorrido comodín del recién llegado para recordar a la oposición, ahora crítica con la lentitud o suavidad de algunas políticas, que problemas como el del acceso a la vivienda o la eclosión de los apartamentos turísticos no han aparecido de la noche a la mañana sino que, en parte, se gestaron durante mandatos anteriores. Todo ello en un debate al que asistió como invitado el exalcalde, Joan Ribó, y que desde bien pronto se tornó bronco con una nueva polémica de Vox en el Ayuntamiento, protagonizada por su portavoz Juanma Badenas.

Tras un inciso especial para recordar el trágico incendio de Campanar, que le sirvió a la alcaldesa para anunciar nuevas medidas preventivas y la Medalla de la Gratitud de la Ciudad a las entidades y empresas que ayudaron, el problema de la vivienda, como era de prever, se convirtió en uno de los principales ejes del debate, que permitió constatar las diferentes recetas para hacerle frente. La primera edil, quien aseguró que la problemática es una "auténtica obsesión" para el gobierno local, vendió al auditorio el ya conocido plan de vivienda municipal, que entre construcción, permutas, cesión de suelo temporal y adquisición directa prevé engrosar en 950 las viviendas del parque público municipal este mandato.

Tanto la portavoz de Compromís, Papi Robles, como el portavoz socialista, Borja Sanjuán, recordaron que parte de las viviendas que construirá directamente el consistorio estaban ya en marcha con el anterior gobierno. Según Robles, que entregó a Catalá 40 propuestas de medidas en diferentes ámbitos, los vecinos "están siendo expulsados" por los precios disparados, y como Sanjuán, quien consideró que València ha pasado en un año a ser una "ciudad vendible" amenazada por "los fondos buitre", reclamaron la declaración de la ciudad como 'zona tensionada' según la Ley de Vivienda para topar los alquileres. Medida que solicitó el ejecutivo local de Joan Ribó antes de las elecciones y que Catalá descartó: "Revise cómo está funcionando en Barcelona", espetó al respecto.

El concurso anunciado para la cesión de los derechos de superficie en solares municipales, recibió las críticas especialmente del ala socialista. El portavoz de los populares, Juan Carlos Caballero, no tardó en recordar que el PSPV contemplaba esta herramienta ya en 2019 pero Sanjuán afeó que se haya encargado el estudio económico previo a un despacho de arquitectura privado -"comisionista según su objeto social", dijo Sanjuán- y cuyo resultado ha sido la exención de un canon a la promotora que resulte adjudicataria.

Pero el principal escudo de los populares en esta materia fue, sin duda, exponer el insuficiente legado del gobierno municipal anterior. "Hay que hacerlo adrede para entregar sólo 14 llaves de alquiler asequible y una treintena de vivienda social en ocho años, por lo que ahora no pueden dar lecciones", afeó a los grupos de la oposición, para dejar claro que su política, además de aumentar el parque público, busca facilitar la construcción de vivienda en el marcado libre para presionar los precios a la baja.

No en vano uno de sus principales anuncios fue la modificación del Plan General para recalificar una bolsa de suelo de más de 400.000 metros cuadrados con la previsión de hasta 4.600 viviendas (1.000 de ellas, de protección pública) en Benimámet, que será el futuro desarrollo urbanístico para la expansión de la ciudad, tal como adelantó este diario. "Es necesario para dar respuesta a la acuciante necesidad de vivienda", destacó, y ante las críticas de Sanjuán sobre que se iba a recalificar huerta, Catalá negó la mayor: "Esté tranquilo, no se va a recalificar huerta".

Catalá provechó para recordar también el desbloqueo tanto del PAI de Benimaclet como del PAI del Grao, que quedaron en el aire con el ejecutivo anterior, y celebró la "revolución" en el departamento de licencias, donde "se ha incrementado un 62% el número de licencias" otorgadas entre septiembre de 2023 y mayo de 2024. Y además de la modificación de las normas del PGOU -se quiere regular, por ejemplo, el coliving-, hizo público un "nuevo plan urbanístico" para los barrios de Tendetes, Marxalenes y Zaidia, que preverá nuevas dotaciones y zonas verdes, y donde se incluirá la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), tal como publicó Valencia Plaza en abril.

Turismo

En relación a la vivienda, tanto Compromís como PSPV insistieron machaconamente sobre la incidencia de los apartamentos turísticos y pidieron su veto definitivo como Nueva York o Amsterdam, más allá de la moratoria temporal aprobada para cambiar las normas urbanísticas. Catalá, que todavía no ha explicado cómo se articularán las nuevas restricciones -tampoco lo hizo en el debate-, se congratuló por haberle "puesto el cascabel al gato" y aprobado una moratoria que no decretó el gobierno de izquierdas, al que no sólo acusó de inacción sino que afeó que en 2018 aprobara el "error" de permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales.

Robles, por su parte, reivindicó la necesidad de vivienda "y no más apartamentos". "Ya no cabe ni uno más", dijo, para rechazar "regalar los barrios a los especuladores". En ese sentido, pidió la aplicación de la tasa turística y se opuso al modelo "todo para los turistas y nada para los locales". A juicio deSanjuán, el "debate más importante que tiene València ahora no es sólo qué quiere ser, sino quiénes queremos que puedan vivir", por lo que lamentó que se hayan "desbocado" los apartamentos y exigió que se deje de "agitar el fantasma de la turismofobia" para "practicar políticas a favor de la vecinofilia". Según él, el modelo de ciudad de Catalá es "de negocio" con "barrios de primera".

Pero tampoco aquí Catalá vino con las manos vacías, y anunció que el Ayuntamiento de València ordenará a las empresas de suministros que corten el agua, la luz, el gas u otros servicios a los pisos turísticos ilegales. Cabe recordar que, desde la moratoria de mayo, hay 800 anuncios más en las plataformas. Con ello, y con la solicitud de delegación de competencias a la Generalitat para multar con hasta 600.000 euros las infracciones de las viviendas turísticas, la primera edil surfeó el debate turístico en el que hizo hincapié en el aumento de las inspecciones municipales , al que añadió el anuncio de una comisión con el Puerto para priorizar los cruceros que hagan noche en la ciudad, y el ya conocido veto a los macrocruceros a partir de 2026, cuando se prevé el inicio de las obras de la ampliación del Puerto.

Movilidad y medio ambiente

En cuanto a movilidad, el debate pasó de puntillas sobre el proyecto todavía en el aire de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, y la oposición cargó contra otros como el de Pérez Galdós, que mantendrá el túnel por ahora, o el del Bulevar García Lorca, por prever más carriles de tráfico. En cuanto al primero, Catalá se detuvo para decir que el anterior gobierno local no hizo "ni un informe técnico" tras el concurso de ideas e infraestimó el coste "en más de 20,8 millones de euros" al no haber cuantificado la eliminación del viaducto. Y sobre García Lorca, señaló que era otra muestra más de "indefinición" porque "eliminaba los accesos a los edificios recayentes al bulevar, eliminaba la conexión de la carretera CV-400, y ni se decía que sucedía con las cocheras de la EMT".

El anunció de la recuperación de 1.000 plazas de aparcamiento en diferentes solares de la ciudad le valió las críticas de la oposición a un modelo en favor del coche, y Catalá aseguró que se aplicarán nuevas medidas de seguridad en carriles bici derivadas de la última auditoría. Robles, que calificó la gestión municipal de "casposa, a caballo entre el sectarismo del PP y el negacionismo de la extrema derecha" durante el año de la Capitalidad Verde, censuró "un aumento estratósferico del tráfico" con un millón y medio de vehículos más en las entradas de la ciudad hasta julio. 

Sanjuán, por su parte, esgrimió las conclusiones de investigadores de la UPV según los cuales el aumento del tráfico rodado ha empeorado la contaminación en algunas zonas. Catalá, sin embargo, las rechazó de plano con datos del propio Ayuntamiento: entre julio de 2023 y julio de 2024, dijo, se han reducido más de un 4% las partículas en suspensión en el global de estaciones de la ciudad.

Robles acusó a Catalá de estar ausente durante la crisis medioambiental "más grave de la última década" en las playas del sur a causa de un vertido de fuel este verano, por lo que le dejó un bote de arena con una muestra del “chapapote” de las playas del sur afectadas, además de recordar el peligro que supone la ampliación del Puerto para las playas y l'Albufera. Por su parte, Catalá celebró el acuerdo de 13 municipios de la ribera de l'Albufera para exigir su declaración como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco, y afeó el "nulo" apoyo del Gobierno a la Capitalidad Verde Europea, por lo que dijo que su ecologismo es "de boquilla": "Ni envían el agua que la Albufera necesita, ni apoyan la Capitalidad Verde".

Hacienda y ayudas

Como no podía ser de otra manera, Catalá recordó la "histórica" rebaja fiscal de 60 millones de euros aprobada para este año en diferentes impuestos mientras se ha continuado reduciendo la deuda, que este año bajará de 250 millones a 155. Si bien no mencionó nada del nuevo impuesto de basuras que deben aplicar todos los ayuntamientos el año que viene, en cumplimiento de una ley estatal a partir de una directiva europea.

En ese sentido, Robles criticó que la bajada de impuestos se "ha hecho a los más ricos de la ciudad" en detrimento de "las arcas municipales" mientras "tiene la mitad de los servicios municipales con menos de un 5% ejecutado a 31 de agosto". Sanjuán, quien aseveró que "la fiscalidad delata a cualquiera y lo explica casi todo", afeó la falta de progresividad de la medida: "Han decidido bajarle 20 euros el IBI a familias de barrios trabajadores y perdinarle 500 euros a los barrios de rentas altas, o 5.000 euros a quienes acumulan 10 viviendas, o 50.000 a las grandes superficies comerciales".

La alcaldesa anunció, por otra parte, un plan de conciliación, que prevé 3 millones de euros para extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años al mes de julio, y ayudas directas a familias de 300 euros por recién nacido a partir del mes de enero. Medidas que, sin embargo, no consiguieron ocultar críticas como la de la dirigente de Compromís, según la cual el Ayuntamiento ha cuadriplicado la lista de espera para la dependencia, con más de 4.000 personas esperando. A lo que Catalá respondió que en un año se han tramitado 10.200 expedientes frente a los 10.154 del año anterior con "las mismas manos" en la concejalía.

Vox se reivindica y protagoniza la polémica

El portavoz de Vox y concejal de Empleo, Juanma Badenas, también intervino para hacer un balance "positivo", se reivindicó como "partido de gobierno, leal y buen gestor, sin abandonar los postulados ideológicos", y destacó hitos como el acuerdo en torno a l'Albufera, los programas de ayudas directas a los agricultores, "el aumento de la poda" o "la rapidez de actuación contra las plagas" así como la recuperación del belén municipal y el regreso a Expojove de las fuerzas de seguridad, entre las competencias que ostentan los tres ediles del ala voxista del gobierno municipal. Y anunció un plan de seguridad para todos los jardines de la ciudad.

El gobierno local, constituido por el PP y Vox, tuvo que escuchar las intervenciones de una quincena de asociaciones. Más allá de la incipiente asociación de Veïns per Benimaclet, defendió la necesidad del nuevo PAI; la de Vecinos de la Fontsanta, que agradeció las mejoras recientes en l'Olivereta; o Fanucova, que hizo lo propio con las bonificaciones de IBI aprobadas; otros colectivos vertieron sonoras críticas a la gestión municipal del último año, especialmente en materia de movilidad -con proyectos modificados como el de Pérez Galdós, el Bulevar García Lorca o la supermanzana de La Petxina- o turismo -los pisos turísticos siguen incrementándose en las plataformas pese a la moratoria-.

Fue a partir de este momento cuando tanto Badenas como la edil Cecilia Herrero protagonizaron la polémica de la jornada al interrumpir a gritos a dos representantes de entidades ciudadanas -Valencia Acull y la Coordinadora Feminista- que aludieron en sus intervenciones a los mensajes "racistas" de Herrero en Twitter y a la supresión de las políticas de discriminación positiva en materia de empleo para las mujeres. Badenas saltó para recalcar que no toleraría "ninguna injuria a ningún concejal de ningún grupo político" y, tras el pleno, consideró calumniosas algunas de las afirmaciones vertidas.

Herrero pidió también la palabra "por alusiones" para responder a Sanjuán, que en su intervención aseguró que estaba "investigada" por la Fiscalía, a raíz de los tweets. La edil de Vox exigió sin éxito una rectificación, por lo que el grupo ha anunciado que estudia acciones "contra las personas que en el pleno de hoy han vertido injurias, coacciones y otro tipo de manifestaciones contra" los representantes de Vox, también en referencia a las acusaciones de "fascista" y "cobarde" realizadas por el portavoz socialista durante el debate. Vox también estudia una denuncia ante el Síndic de Comptes para conocer las subvenciones públicas de entidades que han participado en el debate.

La portavoz de Compromís dijo a Catalá que tiene en su gobierno a "dos concejales que además de tuits fascistas se dedican se dedican a amedrentar a las entidades que vienen a participar en este pleno". Y el representante del PSPV lamentó que haya ediles "intentando callar a vecinos" por aludir a los mensajes de Herrero.