Egevasa eleva sus beneficios mientras pierde contratos por el retraso de un reglamento

VALÈNCIA. La empresa mixta del ciclo integral del agua de la Diputación de Valencia Egevasa, participada en un 49% por el grupo Global Omnium, goza de buena salud a tenor de los resultados de 2021 pero se desangra lentamente debido a un problema legal que le impide renovar los convenios que tiene firmados con decenas de municipios a medida que van venciendo.

Egevasa ganó 1,74 millones de euros en 2021, un 19% más que el año anterior, con una facturación de 42,16 millones, un 7,2% más. Unas cuentas en las que lo más significativo es la reducción de los gastos de personal en un 3,7% debido a la reducción de plantilla del 5%, hasta los 346 trabajadores que tenía al finalizar el año.

La causa puede ser la paulatina pérdida de municipios en los que presta servicio. Todo empezó con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que impedía, a partir de 2017, que los convenios como los que tenía Egevasa con los municipios desde finales de los años noventa pudiesen durar más de cuatro años.

La alarma cundió entre los trabajadores, que se manifestaron ya en 2019 y se han vuelto a manifestar recientemente porque prefieren continuar trabajando en una empresa semipública que en una nueva concesionaria privada que se subrogaría -lo están haciendo ya- en sus derechos laborales en caso de ganar el concurso. Los políticos que forman parte del consejo de administración presidido por el socialista Rafa García prometieron hace tres años buscar "una solución" y la hallaron en la aprobación de un reglamento del servicio a nivel provincial que regularía todos los servicios que puede prestar la Diputación a los municipios. 

Pero el reglamento no es jurídicamente fácil de articular y, después de haber pasado el borrador por los servicios técnicos, por el secretario de la Diputación y por la Intervención, la Corporación provincial ha decidido encargar un informe jurídico externo que respalde su legalidad, para evitar recursos de competidores privados que esperan a salida a concurso de esos servicios municipales.

Por ello y pese a que se había asegurado a los trabajadores que el reglamento estaría listo en julio de este año, no se aprobará este verano. Con suerte, afirman fuentes de la Diputación, se aprobará antes de final de año.

El problema para la empresa que desde el pasado mes de junio dirige Eloy Hidalgo es que, mientras pasa el tiempo, el servicio de cada municipio tiene que salir a concurso cuando vence su convenio y, al ser Egevasa una empresa mixta, no puede presentarse y el contrato se lo quedan empresas privadas. Así ocurrió el año pasado con los servicios de agua potable y alcantarillado de Manuel, que se adjudicó Hidraqua, y de gestión de agua potable de Albaida y Agullent, que se llevó Aqlara. Pero vienen más. Según fuentes sindicales, los próximos son Llutxent, Alberic, Cheste y algún municipio más en La Safor. La mayoría son convenios con municipios de menos de 20.000 habitantes firmados hace más de 20 años.

El reglamento de servicios

El reglamento que prepara la Diputación será una norma que regulará todos los servicios que la Corporación Provincial podrá prestar a los municipios, a solicitud de estos, y que en el caso de los relacionados con el ciclo integral del agua serán prestados a través de Egevasa. Entre estos servicios está el suministro de agua potable, mantenimiento de la red, cloración, alcantarillado, depuración o analíticas.

Con ese reglamento, de paso, solucionarían definitivamente el problema del convenio de Egevasa con la Epsar -gestión de depuradoras de la Generalitat- que también fue cuestionado por un ambiguo dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Un obstáculo que, de momento, se ha salvado con el convenio firmado en 2019 tras una larga polémica y al que el reglamento dará cobertura.

Los convenios de depuradoras 

También se quiere, con el reglamento, sortear la anulación judicial, pendiente de resolución del recurso presentado por la Diputación, de una treintena de convenios celebrados entre la Corporación y ayuntamientos de distintos municipios para la construcción y explotación estaciones depuradoras de aguas residuales.

Fue la valenciana Tecvasa -rebautizada en 2019 como Aqlara- la empresa que llevó a los tribunales y consiguió anular en primera instancia esos convenios, firmados hace más de 25 años, establecían que Egevasa se encargaría de esos trabajos. El motivo es que la empresa, entonces cien por cien pública, pasó a ser después empresa mixta con la entrada de socios privados -actualmente, Global Omnium-, por lo que la juez entendió que renovarlos sin un concurso beneficiaba a la empresa de los Calabuig y perjudicaba a sus competidoras.

Los convenios, según publicó Levante-EMV, afectan a los ayuntamientos de Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gàtova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunas y la Portera), Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.