El Jurídic frena la renovación del convenio del Consell con Egevasa para la gestión de depuradoras

VALÈNCIA. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), controlada en la Generalitat por Compromís, ha logrado el respaldo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su pugna con Egevasa (empresa mixta participada al 51% por la Diputación de Valencia -presidida por el PSPV- y al 49% por la empresa privada Aguas de Valencia, perteneciente al grupo Global Omnium). A juicio del Jurídic, el convenio de 1997 entre Epsar y Egevasa (entonces 100% pública) por el que la empresa ahora mixta gestiona un total de 59 depuradoras de la Generalitat no se puede renovar mediante la firma de un nuevo convenio que le entregue de nuevo a la enseña la gestión de forma directa.

Así lo argumenta el organismo en un dictamen difundido este viernes en su página web en respuesta a una "consulta facultativa formulada por la Diputación de Valencia" sobre esta posibilidad planteada por la administración provincial: la de suscribir de nuevo "un convenio interadministrativo entre la entidad Epsar y la Diputación de València sobre la gestión de determinadas instalaciones de aguas residuales y colectores y su encargo a la entidad Egevasa".

El Consell Jurídic Consultiu, en su escrito, recuerda que "el pliego para la selección del socio privado de Egevasa -en 1998- recogió, deforma concreta, en el Anexo II, el convenio suscrito por Epsar y la Diputación en el año 1997, en el que se concretaba el alcance de la prestación asumida por la Diputación, los trabajos a realizar, los medios a aportar por la Diputación, la financiación 'estimada', el cálculo del importe y la revisión del coste, la forma de pago, así como el plazo de duración de las prestación asumida por la Diputación, por lo que es dicho Convenio y no otro (que pueda calificarse de 'nuevo'), el que fue objeto del proceso de selección del socio privado".

"Si el eventual nuevo convenio interadministrativo de 2019, a que se refiere la Diputación, supone un nuevo convenio, bien por la pérdida de vigencia del suscrito en 1997 y sus prórrogas, o bien por suponer la realización de tareas o prestaciones distintas o ajenas a las que, en su caso, fueron objeto, de forma concreta y específica, de licitación en el procedimiento inicial de selección del socio privado, no será posible la encomienda directa de dichas prestaciones a Egevasa", asevera el Jurídic en las conclusiones del dictamen.

El organismo agrega en la misma línea que "no se estima suficiente el hecho de que Egevasa se dedique a la gestión del ciclo del agua, en el término más amplio, pues la Disposición Adicional vigésimo segunda de la citada Ley 9/2017 no permite adjudicar directamente a una sociedad de economía mixta, sin más, los posibles contratos relacionados con el ciclo de abastecimiento de agua, de forma genérica e indeterminada". "La cooperación no puede, por tanto, bajo fórmulas de convenios interadministrativos, ocultar contratos públicos", subraya al respecto.

El dictamen, pese a que se pronuncia con claridad sobre -a su juicio- la detallada imposibilidad de suscribir un nuevo contrato, defiende por contra que, en caso de no decaer o variar el convenio de 1997, no existiría irregularidad alguna en mantener la encomienda de gestión a Egevasa.

"Si nos encontráramos ante una encomienda de gestión celebrada en el marco del anterior artículo 15 de la Ley 30/1992, en la que la Diputación, en el marco de sus competencias, asumió la explotación de determinadas instalaciones titularidad de la Generalitat, no le resultaría de aplicación a dicho convenio el límite temporal de los 4 años que fija el artículo 49 de la Ley 40/2015, por expresa previsión del artículo 48.9 de la citada norma, en virtud del cual 'las normas del presente capítulo no serán de 16 aplicación a las encomiendas de gestión y a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos'; no siendo necesario, por tanto, un nuevo convenio, sin perjuicio de la facultad de rescisión unilateral que prevé la cláusula novena del convenio", reza el dictamen.

El problema es que, a juicio de la Epsar, en agosto el convenio decaerá de forma automática con la entrega de Egevasa de la última depuradora impulsada en el marco del convenio, de modo que sería necesaria la firma de uno nuevo -algo que no es una posibilidad en función de la respuesta del Consell Jurídic Consultiu al planteamiento de la Diputación-.

Una pugna de toda una legislatura

Y en vista al posible final de esta relación entre Epsar y Egevasa, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático (en manos de Compromís) ha pisado el acelerador en su objetivo de licitar la gestión de las 59 depuradoras, un proceso en el que se ha topado con la oposición de los trabajadores de la compañía (que cuenta con cerca de 400 empleados), principalmente por el temor de que un eventual cambio en el gestor de las estaciones depuradoras repercuta negativamente en sus condiciones laborales.

Además, según ha defendido desde el principio de la legislatura la Epsar, la ausencia de licitación en la gestión de estas depuradoras ha derivado en que el ciudadano pague entre un 10% y un 20% más por la depuración del agua a través de Egevasa, un sobrecoste que Egevasa mixta niega tajantemente con el argumento de que la Epsar se acoge los escenarios "más desfavorables" para juzgar todo el convenio, ofreciendo unas cifras viciadas sobre la gestión de las 59 depuradoras, que además son de un tamaño inferior a la media y, por ello, tienen un coste de mantenimiento proporcionalmente más alto.