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VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda sigue dando pasos para aumentar el parque público de la Generalitat valenciana. Así, ultima la compra de 22 nuevas viviendas a través del derecho de tanteo y retracto. Una nueva operación que permite al departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau engrosar su cartera de inmuebles adquiridos a través de este mecanismo y mantener el reto marcado en esta legislatura: sumar al parque público 400 viviendas a través de estos derechos de adquisición preferente.
En concreto, se trata siete viviendas de protección pública (VPP) en Aspe, Elche y Villena cuyos precios han oscilado entre 60.000 y los 80.000 euros. Mientras que las otras 15 formaban parte de Banco Sabadell y la Sareb en cuya venta intervino la administración valenciana gracias al decreto de tanteo y retracto, aprobado el año pasado, que permite acceder a la compra de paquetes de viviendas de transmisiones entre grandes tenedores a precios muy por debajo del precio de mercado.
De estas viviendas, 10 formaban parte de la entidad financiera y se encuentran en diferentes localidades de Alicante, como Agost, Algorfa, Villena, Elda, Elche o santa Pola. Los precios van entre los 15.000 euros y los 50.000 euros a excepción de dos ellos que van a ser adquiridas por 1 euro, aunque una de ellas tiene una carga de 18.000 euros, y otra por 29 euros. Se trata de casos aislados. Las otras cinco casas de la Sareb forman parte de un edificio de 6 pisos en Castelló cuyo valor se sía entre los 44.000 euros y los 85.000 euros.
En total, los 22 inmuebles han alcanzado los 1.024.372,69 euros y se encuentran en proceso de compra, una transacción que desde Vivienda esperan finalizar a finales de este mes marzo o principios de abril. Pare este ejercicio, la Conselleria presupuestó en sus cuentas un total de 30 millones tanto para poder comprar mediante esta vía como para compra directa, una partida que se incrementó en 20 millones respecto al pasado año.
Y es que el ejercicio del tanto y retracto se ha convertido en un mecanismo clave de la Conselleria para ampliar el parque público. Precisamente el 'plan estrella' de este departamento ha sido el decreto de tanteo y retracto que incorporaba importantes novedades respecto a la ley anterior, de 2004, que ya regulaba estos dos derechos de adquisición preferente de la administración, pero solo para las viviendas de protección pública. Entre los cambios más importantes de la norma de Dalmau destacan la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o ya se hayan vendido entre operadores privados.
Solo en 2020, Vivienda compró mediante los derechos de tanteo y retracto 235 unidades en más de una veintena de municipios de la Comunitat Valenciana por un precio cercano a los 38.900 euros por inmueble. Estas adquisiciones sumaron un total de 9.147.477,16 euros inversión.
En concreto, el mayor volumen de activos se ubicaban en la provincia de Valencia con 174 unidades por una cuantía superior a los cinco millones de euros. Destaca la compra de 98 viviendas en Algemesí, 34 en Paterna, 16 en Vallada y 13 en Font d'En Carrós.
Mientras que en Alicante la cifra ascendió a 58 viviendas por 3,7 millones de euros euros. En esta provincia es donde las compras se han repartido en más municipios, principalmente en Alcoy (13 unidades), El Campello (12), Monforte del Cid (8) y Alicante ciudad (4). En la provincia de Castellón se adquirieron tres viviendas en la capital por 174.927,98 euros.
Y es que no todos los municipios son susceptibles de formalizar compras a través de estos derechos. Según el decreto que aprobó Vivienda, solo se iba a intervenir en las Áreas de Necesidad de la Vivienda que fija las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. Aunque, lo cierto es que Vivienda ha identificado 248 localidades valencianas con necesidades de vivienda pública de forma "urgente".
De hecho, la Generalitat, mediante convenio de colaboración, otorga potestad a los municipios para poder utilizar este instrumento para crear su propio patrimonio público de inmuebles o aumentarlo progresivamente. Para ello, está preparando una convocatoria dotada de 10 millones de euros, por concurrencia competitiva, para que los ayuntamientos tengan apoyo financiero para sus políticas de vivienda.
No obstante, para estas 235 adquisiciones no fue necesario recurrir al nuevo decreto de la Conselleria ya que o bien fueron operaciones cerradas antes de la entrada en vigor de la norma o bien se trataba de vivienda protegida, cuya compra ya recogía la ley anterior del 2004. Las primeras adquisiciones que se realizarán gracia a la norma serán las 15 viviendas de Sabadell y Sareb que ahora ultima este departamento y que se empezaron a tramitar ya en el pasado año, pero no se cerrarán hasta dentro de unas semanas.
Eso sí, cabe destacar que no ha sido hasta este 2020 cuando se le ha dado un impulso al tanteo y retracto porque aunque regulado hace 17 años en la ley de 2004, no fue hasta hace dos años cuando se empezó a ejercer por parte de la administración valenciana. Así, en 2019 se cerraron, 10 operaciones frente a las 235 de 2020, lo que supone disparar de forma considerable el stock de inmuebles para el parque público de la Generalitat.