Pablo Cotino, exdirector de FGVVALENCIA. El cese apresurado de Pablo Cotino como director de FGV tuvo un coste adicional de 2.307,96 para la entidad "por la falta de preaviso de 15 días". Así lo reflejan las cuentas de Ferrocarrils de la Generalitat de 2015, ejercicio en el que tuvo lugar el despido tras su sonoro desencuentro con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
"Respecto al cese del anterior director general, se incorpora a su finiquito la indemnización de 2.428,16 euros por siete días por año de servicio de la retribución anual (...) así como la indemnización de 2.307,96 euros por la falta de preaviso de 15 días", recogen las cuentas.
Cotino fue cesado hace un año por, supuestamente, hacer esperar un cuarto de hora a Salvador la primera vez que la consellera fue a visitar la empresa pública. El PP, por su parte, aseguró -tras ver el vídeo de seguridad de la empresa- que la espera de la consellera fue realmente de dos minutos. El vídeo no se hizo público.
El caso es que Cotino, del que Oltra afirmó que su actuación tenía "unas gotitas de misoginia" porque no habría actuado de igual modo si Salvador hubiese sido un conseller "grandote", fue cesado pero no abandonó la Administración.
Cesado también del EIGE
Abogado de profesión, Cotino era empleado de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) con puesto de asesor jurídico desde 2005, al que volvió después de su cese en FGV.
Tras no haber recibido apenas encargos en diez meses, en mayo de este año también fue despedido del EIGE por causas objetivas -motivos organizativos-. El afectado consideró el despido improcedente y anunció una demanda contra el mismo.
La situación es parecida a la que se dio en la Fundación Fisabio con el cese del director gerente Eloy Jiménez Cantos, como publicó este martes Valencia Plaza. Jiménez deberá devolver 15.000 euros al haber recibido dos indemnizaciones que no le correspondían. La primera, de 3.023 euros, no le correspondía por ser funcionario de la Generalitat. La segunda, por 13.833 euros, no le tocaba porque la cláusula de su contrato que obligaba a comunicarle el cese con tres meses de antelación era ilegal.
Sin embargo, dado que el cese se le comunicó con sólo tres días de antelación, en lugar de los 15 que fija la ley, sí le correspondía una indemnización de 1.920 euros por los 12 días de preaviso, por lo que Eloy Jiménez deberá devolver finalmente a Fisabio la diferencia, casi 15.000 euros.
