VALÈNCIA. Esta vez, el Gobierno de Pedro Sánchez no consiguió los apoyos necesarios a última hora para rerendar sus decisiones, como había ocurrido en anteriores ocasiones. El Congreso de los Diputados tumbó el real decreto del ejecutivo que permitía a los ayuntamientos poder utilizar sus propios ahorros y que, por considerarse un chantaje, tanto había soliviantado al resto del espectro político, y a gran parte del municipalismo. El fracaso -el primero del Gobierno de coalición en un real decreto- no tardó en resonar en cada consistorio; también en el Ayuntamiento de València, donde desató las hostilidades entre los socios de gobierno local, Compromís y PSOE.
Mientras la coalición valencianista que lidera el alcalde Joan Ribó había insistido en su rechazo al decreto -su diputado, Joan Baldoví, votó 'no'- al considerarlo "insuficiente", los socialistas que encabeza la vicealcaldesa Sandra Gómez habían hecho campaña por el voto afirmativo ya que la norma suponía en la práctica una mayor capacidad de gasto para el consistorio, aunque fuera a costa de entregar los ahorros municipales al Ejecutivo central. Era, según esta perspectiva, un mal menor por el que había que pasar para evitar recortes en los próximos presupuestos.
En concreto, el decreto que se votaba suponía que los ayuntamientos que quisieran utilizar sus ahorros -amasados a la fuerza por las leyes de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro-, debían cederlos por completo al Gobierno, que los devolvería en un período de 15 años a partir de 2022. Además, y como contraprestación, el Ejecutivo repartiría entre 2020 y 2021 un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia entre los ayuntamientos que cediesen sus ahorro, a razón del 35% del ahorro entregado. Y además, incluía un crédito para las empresas de transporte municipales de hasta 400 millones en función de la facturación de cada una.
¿Qué suponía para el Ayuntamiento de València el texto que llegaba al Congreso? Por proximidad temporal, disponer de 11 millones del fondo extraordinario para los presupuestos de 2021, además de 15 millones que llegarían a la EMT de la ciudad por las ayudas al transporte. Y además de ello, a partir de 2022, empezar a recuperar en tres lustros los 36 millones del ahorro municipal, previamente entregado al Ejecutivo central. En suma, suponía unos 26 millones el próximo año y otros 36 en los quince siguientes: 62 en total.
Como publicó este diario, la fórmula no convencía a Compromís pese a los incentivos, que reclamaba, en primer término, que el Ayuntamiento pudiera disponer en su totalidad de sus propios ahorros sin entregarlos al Gobierno. Postura que apoyaba la mayoría del municipalismo y las grandes urbes. La falta de acuerdo era, en realidad, inherente al decreto: ningún partido lo apoyaba.
Lo rechazaban desde Unidas Podemos hasta Vox, pasando por nacionalistas, independentistas o regionalistas. El decreto era el resultado del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde sólo el PSOE había votado a favor y lo sacó adelante con el voto de calidad del presidente de la entidad, el socialista Abel Caballero. La falta de diálogo era una realidad desde el principio.
Por ello en las últimas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había estado ofreciendo cesiones en forma de píldoras para atraer a los críticos y poder sacar adelante un decreto que ya había sido publicado en el BOE. Para ello, el Gobierno había dado su palabra de modificar el decreto -si salía adelante en el Congreso- mediante un proyecto de ley posterior.
Alcaldes de 31 grandes ciudades, entre los que estaba Ribó, habían suscrito una carta en la que pedían que el crédito extraordinario de 5.000 millones se repartiera por población, independientemente de los ahorros entregados al Gobierno. Finalmente, Montero propuso que el 60% de los fondos se repartieran según la población, y el resto en función de los ahorros locales prestados.
Una fórmula que cambiaba el escenario para València, puesto que en lugar de recibir 11 millones por este apartado, recibiría unos 40 millones e incrementaba considerablemente el crédito que el consistorio podía gastar en 2021 teniendo en cuenta la aportación a la EMT (15 millones). En total, el próximo ejercicio la capital tendría a su disposición 55 millones de euros para sus presupuestos. Sumados a la devolución del ahorro cedido en los tres lustros siguientes, llega a 90 millones de euros.
La nueva propuesta no consiguió atraer a nadie más que a Unidas Podemos -con la concurrencia también de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau-. Los socialistas, tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento de València, habían mantenido un relato cuya única alternativa al decreto presentado era quedarse como hasta ahora. Esto es, que los ayuntamientos no pudieran usar los ahorros por las leyes de estabilidad presupuestaria. Todo pese a que buena parte del arco parlamentario presentaba una tercera vía: presentar un nuevo decreto negociado con el resto de fuerzas y no impuesto.
El 'no' de Compromís ejecutado por su diputado Joan Baldoví encendió a los socialistas valencianos, que culparon a la derecha y a fuerzas como la coalición valencianista de obligar a los consistorios a tener bloqueados sus remanentes y a perder muchos millones de euros. En el caso de València, 62 millones contemplados en el decreto y los 30 adicionales prometidos por Montero. "La derecha y los independentistas tumban el decreto apoyado por toda la izquierda. [...] No doy crédito con que Compromís haya votado no. [...] El PPCV seguro que está muy contento y os vuelve a aplaudir", dijo la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez.
No tardarían los valencianistas en afearle la falta de diálogo para sacar adelante el decreto. El alcalde, Ribó, aseguró que el decreto "no se ha dialogado con las ciudades, sino que se ha querido imponer" e incidió en que "el reparto de los fondos debe ser por criterio 100% poblacional". "Menos reproches, más humildad y a negociar", respondería el diputado Baldoví. El vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, insistió: "La soberbia es mala compañera en política" y "un gobierno responsable hubiera sido justo con los ayuntamientos". "¡Qué manera de no entender que merecemos respeto!", agregó.
Las tensiones entre ambos socios de gobierno se hicieron notar. No es extraño: sin la llegada de este dinero, y si no hay un nuevo real decreto en los próximos meses que dé salida a este bloqueo, el Ayuntamiento de València se enfrenta a una preparación de los presupuestos del próximo año con dificultades. Una advertencia que abrazaba el pragmatismo propugnada por los socialistas estas semanas. El edil del PSPV, Borja Sanjuán, dirige la Hacienda municipal y ya había explicado que las arcas municipales esperan ingresar 60 millones de euros menos en 2021 por la caída de los ingresos por impuestos y por transferencias estatales.
Tanto es así, que como publicó Valencia Plaza, ante la previsión de dificultades, el área de Hacienda ya había pedido al resto de concejalías y organismos dependientes del Ayuntamiento que, de cara al próximo ejercicio, elaboraran unas proyecciones un 5% más bajas que este ejercicio. Esto es, el consistorio se enfrenta a posibles recortes de cara a 2021 si no llegan ayudas del Estado.
Y si ya resultaba complicado en muchas ocasiones elaborar unos presupuestos expansivos, dado que todas los departamentos tienden a querer incrementar sus partidas e implementar nuevos programas, hacerlo en un contexto de recesión y con menos dinero para gastar puede implicar un desgaste todavía mayor en un gobierno de coalición como el de València. Ya no se hablará de quién dispone de mayor o menor incremento, sino de quién puede recortar menos. Queda por ver si un nuevo decreto salva a los dirigentes de esta situación.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Mª José Catalá, celebró este jueves que "es un muy buena noticia que se haya puesto freno a la cacicada de Pedro Sánchez de quitar los ahorros a los ayuntamientos". "El PSPV municipal ha sido cómplice destacado de Sánchez en su intención de expropiar los ahorros de los ayuntamientos", criticó. Asimismo, instó al ejecutivo local a dejar "de lado sus disputas continuas" y a ponerse "a trabajar en un propuesta consensuada con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento". El objetivo es que València defienda sus ahorros "con una sola voz y sin contradicciones ante la intención de PSOE y Podemos de requisarlos".