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el decreto del gobierno no tiene aún luz verde en el congreso

La EMT de València recibirá 15 millones de euros para cubrir las pérdidas por la covid

6/08/2020 - 

VALÈNCIA. València no se queda fuera de las ayudas estatales para el transporte. El BOE de este miércoles publica el real decreto correspondiente al acuerdo suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que se incluye un apartado para el transporte urbano. Se trata de un fondo extraordinario del que la EMT de València tendrá derecho previsiblemente a 15 millones aproximadamente según los criterios de reparto publicados en la norma.

Se trata de una de las medidas más solicitadas por los principales consistorios de España para poder aliviar la falta de usuarios del servicio de transporte público urbano con motivo del estado de alarma y la pandemia de coronavirus. Así, el real decreto recoge este fondo extraordinario ascenderá a 275 millones de euros ampliables a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

Es una línea de ayudas que se cargará a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que previsiblemente no llegaría hasta 2021. Se espera que con la mencionada dotación se alcance a cubrir las pérdidas de las empresas municipales del sector, pero ahora lo que importa a los responsables del Ayuntamiento de València es cuánto dinero va a llegar. Según el real decreto, dependerán de los ingresos tarifarios de cada empresa en 2018, y concretamente llegará el 33% de esa cifra.

Así pues, según las cuentas anuales de la EMT de València, que preside el edil Giuseppe Grezzi, la firma tuvo unos ingresos de 47,3 millones de euros por la venta de billetes y títulos, de manera que, como los criterios de reparto establecidos en el decreto fijan que a la firma de transportes del Cap i Casal le corresponderá un tercio de esta cifra, la cifra resultante a percibir se concreta, siempre previsiblemente, en 15,7 millones de euros.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Antes de que se conocieran estos criterios, Grezzi admitió que se trata de un acuerdo "positivo" pero dijo que no se podía celebrar "nada" porque no se conocía todavía "lo que le corresponde a València". Tras la publicación en el BOE de los criterios, y preguntada la EMT por este diario, no hubo pronunciación al respecto.

Huelga recordar que la empresa municipal había previsto tres posibles escenarios económicos para la recuperación tras la pandemia: una recuperación lenta, intermedia y rápida. En las tres situaciones la proyección era poco halagüeña, con un desfase entre los ingresos previstos a principios de año y los que se obtendrían tras la pandemia. El resultado era que la empresa necesitaría una aportación externa de entre 12,4 y 27,2 millones de euros.

Ahora bien, esto era sólo una proyección. La empresa deberá solicitar la financiación en los próximos dos meses al Ministerio de Transportes, que dirige el valenciano José Luis Ábalos. El interventor del Ayuntamiento deberá emitir un certificado especificando cuáles fueron los ingresos tarifarios en 2018 y cuánto le pertocaría a la firma en virtud del mencionado criterio, esto es, los 15,7 millones de euros. Más tarde, el Ministerio resolverá y el reparto se incluirá a modo de transferencia en los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno hace el 'trilero' y amplía el plazo de devolución de los ahorros locales

Otro de los ejes fundamentales del decreto y del acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP es la posibilidad de usar los remanentes por parte de los ayuntamientos. El pacto fijaba que los ayuntamientos que deseen usar sus ahorros tendrán que hacer un préstamo al Gobierno, que lo irá devolviendo en los próximos años. Concretamente, transferiría el 35% entre 2020 y 2021, y el resto a lo largo de los próximos 10 años. Es decir, hasta 2031. Fondos que los consistorios sí podrán gastar, por lo que se desbloquearán los ahorros de los entes locales que lo deseen. El sumatorio de los ahorros de todas las corporaciones locales asciende en España a 14.000 millones de euros.

Ciertamente ese era el acuerdo inicial. Sin embargo, al trasponerlo en el decreto publicado en el BOE ha sufrido una 'pequeña modificación' en favor del Ejecutivo central. Finalmente el Gobierno podrá devolver la totalidad de los remanentes en un máximo de 15 años y no de 10 como se había previsto inicialmente. Con ello, amplía el plazo máximo de devolución hasta 2036.

Aunque fuentes del gobierno local de València no manifestaron malestar por este cambio imprevisto y de última hora, dado que consideran que "lo importante es el 35% inicial", que es el dinero urgente que podrá utilizar el consistorio, sí se manifestó con dureza la jefa de la oposición, la portavoz del PP de València, María José Català.

Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNER

La popular ve intolerable el "trilerismo" del Gobierno en Ayuntamiento de València porque "quieren vender unas bondades que no existen con el acuerdo suscrito sobre el superávit". Català exigió este miércoles que las ayudas del Gobierno para el transporte metropolitano no estén supeditadas a ningún "chantaje" ni contrato de adhesión. "No tenemos por qué entregar los ahorros de los valencianos a cambio de ayudas a la EMT", ha defendido en relación a la liberación de superávit municipal por parte del Estado.

El ejecutivo de València estudia ya si dedicar los 32 millones que le restan de remanente para esta operación, si bien todavía no ha decidido qué parte de esta cuantía dedicará. Para Català "es preferible que se amortice deuda antes que dar el dinero de los valencianos a cambio de un contrato de adhesión donde se coarta la libertad y la autonomía local".

Un decreto sin apoyos todavía

Casi todos los partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman diputados por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, han mostrado ya su rechazo frontal al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.

Tras la publicación del decreto, el Gobierno debe llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

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