El litigio por la deuda del parking de Eugenia Viñes llega al Supremo

VALÈNCIA. El enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento de València y la concesionaria de uno de los parkings municipales, ubicado en la calle Eugenia Viñes (Cabanyal), ha llegado al Tribunal Supremo. La compañía, filial de Bertolín, busca la resolución de la concesión y la recuperación de las inversiones realizadas en el parking al defender que las previsiones económicas de la concesión no se han cumplido. 

Hay que remontarse a hace cuatro años, cuando la compañía encargada de gestionar estas instalaciones, Aparcamientos Paseo de Neptuno, decidió acudir a los tribunales para exigir a la empresa municipal Aumsa, propietaria de la infraestructura y presidida por la edil socialista Sandra Gómez, la resolución de la concesión de la que había resultado adjudicataria en 2009. Aducía la mercantil que las proyecciones realizadas por el Ayuntamiento a la hora de licitar la construcción del parking era erróneas, lo que había provocado que la explotación del aparcamiento resultara "inviable y ruinosa".

Concretamente, el Plan de Viabilidad municipal preveía una afluencia media de 35.000 personas, "que no se correspondía con la afluencia de público real" debido a, según la concesionaria, la no celebración de la Copa América y otros eventos como la Fórmula 1, así como la no ejecución de los desarrollos urbanísticos próximos, así como la "permisividad" con el "aparcamiento irregular" en la zona, y la celebración de eventos deportivos que obligan a cerrar el tráfico rodado. Extremos de los que hacía al Ayuntamiento "enteramente responsable".

Por ello, la compañía llegó a solicitar a Aumsa el reequilibrio económico del contrato -una indemnización- a causa de los malos resultados económicos. Pero el rechazo de la administración municipal -señalaba que la firma debería haber hecho su propio estudio, y que el del consistorio no era vinculante-  hizo que la empresa acabara llevando la cuestión a los tribunales, que en primera instancia dieron la razón al consistorio, al considerar que el escaso nivel de afluencia del parking no era motivo suficiente para indemnizar a la concesionaria, como publicó Valencia Plaza.

Con todo, la cuestión no acabó ahí y la mercantil ha seguido batallando ante la justicia: en 2022, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que volvió a falla en su contra; así que en 2023, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal como relata el informe de gestión de la empresa municipal, que desde el pasado verano preside el popular Juan Giner: "Aumsa se personó como parte recurrida el 15 de septiembre de 2023, oponiéndose a la admisión del recurso de casación", explica en el documento, según el cual el procedimiento judicial está "actualmente pendiente de resolución".

La relación entre la compañía y el Ayuntamiento por este aparcamiento viene de hace casi 15 años, desde 2007. Entonces, el gobierno municipal dirigido por Rita Barberà concedió una concesión demanial a la UTE entre Bertolín y Begar por un plazo de 75 años a partir de 2009. Esto es, hasta 2084. En 2010, Bertolín absorbió a su compañera de concesión y desde entonces es responsable única de estas instalaciones.

En 2009, la concesionaria tuvo unas ganancias de 3,1 millones, que se elevaron hasta los 11,4 millones en el ejercicio posterior. Una tendencia que se revirtió en 2011 -con pérdidas de 133.000 euros- y que se ha mantenido casi todos los años -salvo en 2013, con ganancias de 220.00 euros- hasta la actualidad. 122.000 euros de pérdidas en 2012; 14.000 en 2014; 66.000 en 2015, 85.000 en 2016; menores en 2017 (11.000) y 2018 (19.000), y acrecentadas en 2019, con 58.000 euros de pérdidas.

Deuda de 154.000 euros pendiente

Por otra parte, la firma dejó de abonar el pago a Aumsa. Un impago que llegó a acumular una deuda de 462.000 euros, según datos de la empresa pública. Una deuda con la firma municipal que correspondía tanto al canon anual como al IBI desde el año 2014 y de la que el consistorio ya ha recuperado una parte mediante "gestiones extrajudiciales".

Concretamente, de Bertolín se obtuvo el pago de más de 312.000 euros, por lo que quedaban otros 150.000 pendientes, como ya explicó este diario. En ese sentido, el informe de gestión de Aumsa de 2023 señala que, a cierre del ejercicio, la deuda de la concesionaria asciende a 154.000 euros.