VALÈNCIA. (EFE) El director gerente que sucedió a Consuelo Císcar al frente del IVAM entre 2014 y 2020, José Miguel García Cortés, ha explicado este martes al tribunal que, durante su etapa, recuperó el informe del conservador “con expresa mención al valor de la obra” como paso previo a la adquisición de obras de arte.
Esto se hizo para que se avalase la compra tanto en el sentido artístico como el económico, ha detallado García Cortés, quien ha insistido: “Si se recuperó es que no existía anteriormente, claro”.
García Cortés ha testificado en el juicio que acoge la Audiencia de Valencia contra Císcar, el exresponsable de finanzas del museo, Juan Carlos Lledó, y el hijo adoptivo del escultor Gerardo Rueda, José Luis Rueda, por la adquisición para el museo, por más de tres millones de euros, de obras de arte cuya originalidad se cuestiona puesto que fueron fundidas tras la muerte del artista.
“Cuando accedí al IVAM se nos requirió durante varios meses una ingente cantidad de documentos por parte del juzgado, colaboramos y dimos todas las facilidades, como no podía ser de otro modo”, ha explicado.
Así mismo, ha explicado que designó al actual director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, como interlocutor con la Generalitat y la Intervención y ha señalado que al llegar al cargo recuperaron el informe del conservador con expresa mención al valor de la obra. "Eso no existía anteriormente y era para que avalase la compra en todos los sentidos, artístico y económico", ha dicho.
“Cuando llegué al museo había una situación delicada, quisimos marcar una línea diferente y elegí a nuevos colaboradores para llevar a cabo un nuevo proyecto artístico”, ha indicado en relación a Joan Llinares, que se encargó de la gestión administrativa y la interlocución con la Intervención de la Generalitat en su labor de fiscalización de la etapa anterior.
Preguntado al respecto por la Abogacía de la Generalitat, García Cortés ha explicado que no recuerda ningún gesto de inquina, venganza o animadversión por parte de Llinares hacia los anteriores gestores.
El letrado de Consuelo Císcar ha preguntado por la existencia en la colección del IVAM de esculturas póstumas, es decir, ejecutadas tras la muerte de los artistas, y se ha referido concretamente a varias piezas de la colección de Julio González en cuya cartela (breve ficha técnica) aparece la fecha en la que el artista la concibió, es decir, en vida.
En su respuesta, García Cortés ha explicado que él no es experto en la escultura de ese periodo, que cuando llegó al museo ya se habían comprado esas obras y que “si no se cuestionan, esas fichas se dan por válidas, aunque algunas pueden contener errores”.
Por su parte, el administrador y accionista de la Fundición Capa, que también ha declarado como testigo en el juicio, ha explicado que trabajó durante muchos años con Gerardo Rueda, al que le propuso ir a una chatarrería para coger piezas con las que hacer una reproducción del Gran Relieve puesto que no disponía de presupuesto. "En la chatarrería descubrió un mundo nuevo. Cogimos piezas y montamos un collage. Fue una de las últimas cosas que hicimos juntos", ha dicho. "De ahí salió el Gran Relieve y otra serie de piezas", ha manifestado.
Tras la muerte de Gerardo Rueda, el testigo ha indicado que siguió trabajando con su hijo, José Luis, quien le encargó varias reproducciones. En este punto, preguntado por qué en la factura de pago por el Gran Relieve se indica que es una "prueba de autor", el testigo ha señalado que porque lo diría el heredero de Rueda.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"