Illueca: "El Consell va a intervenir el precio del alquiler en cuanto nos habilite la Ley de Vivienda" 

VALÈNCIA. Héctor Illueca lleva ya casi cinco meses al frente de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, tras la salida en septiembre de Rubén Martínez Dalmau. Un tiempo en el que su gestión se ha guiado por el desarrollo de proyectos iniciados por su antecesor en el cargo. No obstante, el exdirector de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España no descarta ahora poner en marcha nuevas herramientas reglamentarias para reforzar y seguir engrosando el parque público de viviendas, el gran objetivo de este departamento.

En el ecuador de la legislatura, Illueca quiere dejar su impronta en las políticas de vivienda y asegura que el diálogo con los agentes privados juega un papel esencial. "Soy un firme defensor de la colaboración público-privada y es lo que traté de impulsar el primer día que entré en la Conselleria", subraya. Tanto es así que se han abierto varias vías de comunicación con el sector tanto para actualizar los precios de los módulos de VPO como para sacar un nuevo concurso de cesión de solares público tras quedar desierta la primera convocatoria.

El conseller también confía en la aprobación de la futura Ley de Vivienda, que arranca su tramitación parlamentaria, para poder regular los precios del alquiler en la Comunitat. Una medida para la que la Administración valenciana ya está preparada. "Tenemos ya un diagnóstico y herramientas para conocer cuáles son los municipios sobre los que hay que intervenir. El Gobierno valenciano está preparado para aplicar la norma", subraya Illueca. Valencia Plaza se reúne con el conseller de Vivienda para conocer sus planes al frente de este departamento.

-En estos casi cinco meses que lleva al frente de la cartera de Vivienda ha centrado su discurso en la innovación y la sostenibilidad. ¿Van a ser los principales ejes que marquen su gestión?
-Sin duda, pero van a estar concretados en líneas estratégicas de acción. Nosotros tenemos un primer elemento, que es clave y estructural, en el desarrollo de las políticas de vivienda y que tiene que ver con la ampliación del parque público. En los últimos meses hemos adquirido prácticamente 400 viviendas a través de los diferentes mecanismos como el decreto de tanteo y retracto, la compra directa y el concurso. En el conjunto de la legislatura van ya prácticamente 800 viviendas, después de muchos años de no adquirirse ni una sola y de que la única política fuera la privatización del parque público.

Un segundo elemento tiene que ver con la lucha contra los desahucios. Pusimos en marcha una unidad antidesahucios que ha atendido más de 1.400 casos, prestando asesoramiento jurídico y contribuyendo a buscar alternativas habitacionales. Además, también tenemos las ayudas al alquiler que han incrementado su dotación en un 65% a lo largo del último año y el número de beneficiarios se han multiplicado por ocho entre 2015-2020.

Y ya como tercera línea fundamental de acción está la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios que van a convertirse en un vector fundamental para vehicular los fondos europeos. Serán una herramienta muy importante para introducir elementos de innovación ecológica y eficiencia energética en el sector de la edificación.

"El decreto de tanteo será uno de los grandes legados que dejará esta legislatura"

-¿Se van a poner en marcha nuevos instrumentos para ampliar el parque público o va a seguir una línea continuista?
-Vamos a explorar todas las posibilidades. Algunas de las actuales herramientas, como la movilización de viviendas vacías, todavía tiene pendiente de desarrollo algunos aspectos que son imprescindibles. El decreto de tanteo y retracto está funcionando a toda presión y es muy importante la perspectiva municipalista para fortalecer la coordinación con los ayuntamientos, que están habilitados para asumir estos derechos de adquisición preferente. Creo que hoy ya nadie duda de su eficacia. Es una herramienta novedosa y será uno de los grandes legados que dejará esta legislatura y que van a permitir seguir ampliando el parque público. Esperamos todavía incrementar el ritmo y este año y batir el récord de adquisiciones. Pero evidentemente vamos a estudiar nuevas perspectivas dentro de la propia Ley por la Función Social de la Vivienda, en la que puede haber mejoras y aportaciones que vayan en la línea de profundizar en los grandes ejes a los que me he referido.

-¿ Y cuáles son esas perspectivas que se quieren estudiar?
-Es pronto todavía. Quiero ser prudente. Los equipos están estudiando las lagunas, los problemas y las deficiencias de la norma y vamos a tratar de ir resolviéndolas. Creo que los grandes pilares normativos y administrativos están puestos y ahora lo que falta es desarrollarlos y aplicarlos. Paralelamente, vamos a estudiar bien la normativa, que conocemos en profundidad, para ver qué cosas se pueden mejorar para tratar de pulirla bien. Por tanto, no descartamos poner en marcha nuevas medidas.

De hecho, hace unas semanas dirigí una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, porque entendíamos que se ha producido una situación nueva en la Sareb, después de que el Gobierno de España aprobara que el Estado tomará el control de la mayor parte de su accionariado. Se convertirá en una sociedad pública, después de haber sido financiada en un 95% con fondos procedentes de un rescate bancario vergonzante, impulsado por el exministro (Luis) De Guindos y el expresidente (Mariano) Rajoy, y que básicamente supuso comprometer el bienestar de la ciudadanía para limpiar de porquería los balances bancarios. 

En la misiva, lo que le trasladé es que me parecería razonable y sensato que si va a ser una sociedad pública, financiada con dinero público, los activos de la Sareb pasen a ser gestionados por la Generalitat Valenciana. Nadie sabe muy bien cuántos activos tiene, porque mucha transparencia no hay en la gestión de esta compañía, pero calculamos que podrían ser alrededor de 140.000 en el conjunto del Estado y 10.000 en la Comunitat Valenciana. A fecha de hoy, tenemos registrada peticiones de vivienda pública por un total de 4.000 peticiones. Por tanto, si establecemos mecanismos para incorporar ese stock inmobiliario al parque público en un año podríamos dar cobertura a la demanda de vivienda pública que existe registrada. Estamos ante una oportunidad histórica y es un ejemplo de medidas que estamos estudiando.

"en un año daríamos cobertura a la demanda de vivienda pública SI INCORPORAMOS EL STOCK DE LA SAREB AL PARQUE PÚBLICO" 

-¿Y le ha contestado?
-No he recibido aún una respuesta. Confío en el respeto a la institucionalidad y en que haya una respuesta que sea positiva. No contemplo otro objetivo porque, además, la ciudadanía no lo entendería. El otro día hablé con el alcalde de València, Joan Ribó, quien manifestó su compromiso con esta iniciativa. Ya no solo es el Govern de la Generalitat, sino también el Ayuntamiento de València. Sería muy importante que, como mínimo, se tome en consideración esta idea y tengamos oportunidad de discutirla.

-En una entrevista reciente con este diario, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, señaló que se iba a ampliar el decreto de tanteo y retracto para que la Administración pudiera ejercer estos derechos en favor de entidades del tercer sector. ¿Cómo van los trabajos?
-Son temas que todavía están en fase de estudio. Existe la voluntad política y pronto vamos a poder concretarlo.

-Ha comentado que para este 2022 se quiere batir récord de compra de inmuebles para ampliar el parque público. ¿Qué objetivo se han marcado? ¿Tienen una cifra estimada?
-Me gusta ser muy prudente porque creo que lo fundamental en política es sentar bases y dejar herramientas a los que nos sucedan. Este año se han adquirido alrededor de 400 viviendas. Los mecanismos están engrasados y funcionando a pleno rendimiento. Estoy convencido de que este año se adquirirán más de las que compramos en 2021.

-Otro de los planes estrellas de la Conselleria fue el concurso para la cesión de suelo público a agentes privados que, sin embargo, se tuvo que retirar porque quedó desierto. Los promotores ya habían avisado de que los pliegos no hacían viables los proyectos. ¿Qué cambios van a introducir en el nuevo pliego?
-Nosotros hicimos autocrítica y vimos que efectivamente no había funcionado. Automáticamente cerré el concurso de solares y abrimos un diálogo intenso con el sector. Soy un firme partidario de la colaboración público-privada pero bien entendida, que no es regalarle el dinero a los amigos como ha pasado en el pasado. Una colaboración que fundamentalmente implica que la Administración establece unos objetivos y busca sinergías con los actores privados para seguir esos objetivos y favorecer la actividad económica. Soy un firme defensor de ello y es lo que traté de impulsar el primer día que entré en la Conselleria. 

En ese sentido, hemos abierto un proceso de diálogo con el sector para ver cuáles eran sus inquietudes y expectativas y trasladarles nuestros objetivos. El diálogo ha sido fructífero y nos va a permitir abrir un nuevo concurso que dará resultados. Las claves son facilitar el acceso al suelo público y, al mismo tiempo, poner en juego los fondos europeos para que esas construcciones reviertan en el parque público de viviendas en unas condiciones que sean asumibles, pero que no acaben convirtiéndose en una vía para acabar repartiendo el dinero público sin tener en cuenta objetivos sociales.

"Soy un firme defensor de la colaboración público-privada y traté de impulsarla desde el primer día que entré en la Conselleria"

Entonces, ¿considera que en la elaboración de la primera convocatoria no hubo esa colaboración con los agentes privados? 
-El pasado es el pasado. Nosotros hicimos autocrítica y abrimos inmediatamente un proceso de diálogo. 

-Los promotores ya están avisando de que no tienen suelo en València y los precios están subiendo…
-Siempre hay que escuchar a los promotores y a los actores que forman parte del sector porque nos transmiten y nos conectan muy bien con la realidad.

-También se quejan de que los precios autonómicos de los módulos de VPO llevan desde 2009 sin actualizarse, lo que está impidiendo el desarrollo de vivienda de protección oficial
-Hay un grupo de trabajo abierto y pronto tendremos resultados para hacer modificaciones normativas que acaben resolviendo los problemas para poder avanzar. Quizás de los aspectos que más satisfecho me encuentro desde que entré en la Conselleria ha sido la oportunidad que hemos tenido de mantener un diálogo fluido con el sector que empieza a traducirse ya en una alianza y colaboración fuerte y que va a redundar en el beneficio de la ciudadanía. 

-Uno de los desarrollos pendientes en València es el PAI del Grao. El alcalde Ribó se mostró dispuesto a ceder suelo a la Generalitat Valenciana para saldar la deuda, pero la edil responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, negó esta posibilidad. ¿Estaría Vivienda dispuesta a asumir la parte que no se va a amortizar con las tasas urbanísticas? ¿Cómo va la negociación del nuevo convenio?
-Quiero ser prudente. Nuestro objetivo es llegar a una solución integral y duradera para el barrio, que responda a las necesidades de la gente. Queremos convertir lo que fue una gestión catastrófica y que ha tenido un enorme coste para la ciudadanía en una oportunidad para mejorar y avanzar hacia el futuro. Creo que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) es muy claro y nos aconseja abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para tratar de encontrar una solución en el marco de un nuevo convenio. Y es en lo que estamos trabajando. He hablado con Ribó y Gómez y coincidimos en la necesidad de que el diálogo avance. No hemos fijado un horizonte temporal, pero hemos coincidido en la necesidad de resolver esto cuanto antes y, por tanto, hay que moverse rápido.

-Recientemente, la Conselleria creó el registro obligatorio para que grandes tenedores comunicaran a la Generalitat sus viviendas vacías. ¿Hay predisposición de los grandes propietarios de vivienda de colaborar o se va a tener que recurrir a las sanciones?
-El registró empezó hace unas semanas y confiamos en que todo el mundo vaya a cumplir con sus obligaciones. Si se detecta que esa situación no se produce se actuará reglamentariamente, pero para que se produzcan sanciones primero debe haber una declaración administrativa que declare una vivienda como deshabitada. Después hay un periodo de 6 meses para que se saquen al mercado y si no es así, entonces entran en juego las sanciones. Todavía es pronto porque aún se está asentando la aplicación de la norma y desarrollándose las medidas que la complementarán. Por tanto, cuando sea el momento y si es necesario se actuará reglamentariamente.

"No descartamos la expropiación de viviendas a grandes tenedores"

-Autonomías como Baleares han expropiado ya viviendas a grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. ¿La Conselleria se plantea ir por esta vía?
-Eso forma parte de esos proyectos o ideas de las que hablábamos al principio de la conversación que estamos estudiando. No descartamos ninguna alternativa. Hubo preceptos de la Ley por la Función Social de la Vivienda que preveían esta posibilidad, pero que fueron declarados inconstitucionales. Pero también es verdad que hay normativas en otras CCAA que plantean posibilidades que nosotros estamos estudiando, como el caso de Baleares. Vamos a estudiar todas las posibilidades y vamos a dotarnos de todas las herramientas legales que sean necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.

-La Ley de la Vivienda del Gobierno central empieza su tramitación parlamentaria pese al informe del CGPJ, que advertía de que invadía competencia autonómicas. Compromís, uno de sus socios en el Consell, la ve mejorable. ¿Cuál es su opinión?
-Estoy satisfecho con el planteamiento que se hace en la nueva Ley porque tiene un sello valenciano en la medida en que recoge algunas aportaciones que hizo esta misma Conselleria como es la protección permanente contra los desahucios y la regulación de los alquileres a través de índices de referencia y la habilitación para actuar a las CCAA. Nosotros tenemos a fecha de hoy herramientas científicas de diagnóstico para saber cuál es la situación del precio en todas las localidades de nuestro territorio, como es el informe de Áreas de Necesidad de Vivienda. Sabemos que hay hasta 83 municipios en los que están tensionados los precios. Y el Gobierno valenciano actuará e intervendrá en cuanto tengamos la habilitación. Estamos preparados y hemos hecho los deberes para intervenir en aras de un equilibrio entre el legítimo derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Hay momentos en los que los poderes públicos tienen que intervenir para reequilibrar los desequilibrios que acaban con derechos pisoteados.

-¿A qué se refiere cuando dice que la Generalitat está preparada para intervenir?
-En el sentido de que tenemos ya un diagnóstico y unas herramientas para conocer cuáles son los municipios sobre los que hay que intervenir. Es fundamental que haya un equilibrio entre propiedad y vivienda porque la intervención tiene que ser de pincel fino, basada en criterios científicos y la mínima posible para conseguir ese equilibrio. Nunca por encima.

-La Ley deja en manos de las CCAA la aplicación de las principales medidas, como es la regulación del alquiler. ¿Esta situación no puede generar desequilibrios dado que las autonomías gobernadas por el PP ya han manifestado que no van a controlar los precios?
-En un Estado complejo como el nuestro eso pasa en todos los ámbitos donde las CCAA tienen competencias. Ahora bien, lo importante es revelar ante los ciudadanos que esas diferencias derivan de un sabotaje político. Yo lo que puedo decir es que el Gobierno valenciano va a intervenir y estamos preparados para aplicar la norma.

-El PP ya ha anunciado que llevará a la norma a los tribunales. Si se retrasa su aprobación o incluso acaba sin salir adelante, ¿su Conselleria regulará de forma autonómica el alquiler? 
-El problema es que cuando el Estado intenta regular llega el CGPJ y dice que es competencia autonómica y cuando alguna CCAA intenta regularlo llega un organismo y dice que es competencia estatal. A ver si al final el problema es que no se quiere que se regulen los precios. Confiamos, a fecha de hoy, que se tramite lo más rápido posible y no se agote el periodo de 18 meses y una vez entre en vigor se establezcan los índices de referencia en el plazo más breve posible para que podamos actuar.