VALÈNCIA. Las elecciones municipales de este domingo tendrán sus efectos inmediatos sobre determinados proyectos de la ciudad que suscitan debate y para los que no hay unanimidad, no ya entre gobierno y oposición, sino incluso dentro del mismo Govern de la Nau. Estos son algunos de esos proyectos y propuestas cuyo destino puede cambiar definitivamente en las próximas horas en función del resultado electoral.
Posiblemente el espacio que mejor simboliza esta disparidad de criterios sean Las Naves de la calle Juan Verdeguer. Gestionadas por Unidas Podemos, durante el primer tramo de la legislatura la formación morada se afanó en borrar cualquier huella del proyecto cultural del PP. Ciudadanos y su líder, Fernando Giner, han sido especialmente críticos con la gestión de València En Comú de esta institución y desde la formación naranja han denunciado todos los conflictos que se han dado durante estos cuatro años, que han sido muchos y le acabaron costando el cargo al inefable Monterde.
Las críticas no sólo se han dado en la oposición, sino también dentro del gobierno municipal. La candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, no tuvo reparos en calificarla como "proyecto fracasado". Gómez, en su #AlmuerzoVP, lamentó que se hubiera desperdiciado el trabajo de años. En este sentido, Gómez fue explícita:" No puedes desmantelar todo por qué lo ha hecho el Partido Popular o lo ha hecho otro partido".
Para la próxima legislatura la candidata del PP, María José Català, ha propuesto que la antigua Harinera del complejo de Las Naves de la calle Juan Verdeguer albergue espacios dedicados al diseño y a las Industrias Creativas y Cultuales. Desde el PSOE proponen dedicarlas a innovación. Por su parte el alcalde, Joan Ribó, explicó que "Compromís quiere que sean un centro de innovación", pero pensado "con criterios sociales". "No es un centro solamente para hacer aplicaciones de móvil, sino que se vincule con la alimentación, la energía, el medio ambiente, y los temas sociológicos", matizó. Es decir, la intención es mantener su estructura actual, pese a que María Oliver, de Podem, había manifestado su voluntad de convertirlo en un centro cultural. Por último, Ciudadanos quiere incluirlas dentro de la estrategia Valencia Ciudad Mediterranea Inteligente (VCMI).
La solución definitiva para dotar al Puerto de València de un acceso por el norte está directamente vinculada al resultado de este domingo. La construcción de un túnel subterráneo bajo el lecho marino frente a la costa norte de la capital cofinanciada por la Generalitat y el Ministerio de Fomento cuenta con la firme oposición de Unides Podem y de colectivos como per l'Horta, las plataformas El Litoral per al Poble y València per l'Aire, l'Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret y Acció Ecologista-Agró por su impacto ambiental.
La cuestión no ha sido tratada de forma explícita por los candidatos, pero dado que el proyecto fue presentado personalmente por Ximo Puig, se presume que el PSPV lo sustenta sin ambages. La postura de otras formaciones como Cs, PP o Compromís encaja más en un respaldo con matices, ya que el alcalde Joan Ribó la condiciona a que no exista impacto sobre la trama urbana.
Tras dos años a vueltas con el futuro del antiguo cine Metropol, aún no está claro si será demolido completamente. La controversia se centra en si la fachada del inmueble tiene suficiente valor patrimonial como para justificar su mantenimiento. El Ayuntamiento de València aún no ha autorizado el proyecto de una empresa que incluye el derribo integral para construir un hostel.
La Concejalía de Urbanismo, controlada por el PSPV, no pone objeciones al mismo sobre la base de un informe técnico que concluye que el Metropol no tiene ese valor. El departamento de actividades, en manos de Compromís, se resiste a dar el visto bueno al proyecto mientras el alcalde, por su parte, se inclina por respetar la fachada del edificio. Cs, por su lado, propone que una comisión técnica analice si procede declararlo Bien de Relevancia Local, tal y como pide el Síndic de Greuges.
La tasa turística es uno de los principales puntos de conflicto y es que dependiendo de si gobierna el bloque de izquierdas o de derechas las medidas serán completamente distintas. Compromís, Podemos y PSPV han incluido en sus programas la decisión de poner en marcha este impuesto municipal para recaudar fondos que permitan regenerar el patrimonio y los recursos deteriorados por el paso de turistas, aunque ninguno acaba de aterrizar cómo se aplicará. El bloque de derechas, sin embargo, ni lo menciona.
El apartado fiscal, más allá de la tasa turística, también presenta un contraste muy claro. Los partidos situados a la derecha del espectro proponen una rebaja impositiva lineal, si bien unos la quieren más acusada que otros. Ciudadanos, por ejemplo, quiere bajar el IBI a todos los comercios y familias un 7%; el PP plantea hacerlo un 10%, y Vox, un 20%; acompañando esta rebaja con bonificaciones especiales para familias numerosas. Otro gravamen que está en la picota si gana la derecha es la plusvalía por herencia, como parte del Impuesto de Actividades en algunos supuestos y el impuesto de tracción mecánica para vehículos no contaminantes. A esto último se suman los socialistas también.
La izquierda aboga por impuestos progresivos y es menos específica a la hora de establecer porcentajes. El PSPV pretende bonificar a familias monoparentales, mayores de 65 años con pocos recursos o víctimas de violencia de género, así como a inmuebles energéticamente eficientes. Destaca en su programa un recargo en el IBI a aquellos propietarios que mantengan más de 10 viviendas vacías fuera del mercado, algo en lo que coincide con Compromís y Unides Podem.La coalición valencianista quiere, por otra parte, bonificar este impuesto a quienes decidan alquilar su vivienda vacía, y eximir de su pago a teatros y cines que programen un mínimo del 50% de sus espectáculos en valenciano. La formación morada quiere incrementar los impuestos a las grandes superficies por el uso de infraestructuras públicas y, además, reestructurar las tasas por el uso de espacio público para hacerlas más progresivas.
Qué pasará con las viviendas turísticas también dependerá en gran medida del partido que tome las riendas. Una de las grandes dudas y preocupaciones de los propietarios de viviendas turísticas era si se confeccionaría un nuevo registro en la ciudad de València y aquellos registrados ya en la Generalitat que no cumplieran el PGOU de la ciudad se verían abocados a no poder prestar el servicio.
Esta medida sí aparece en un programa electoral, concretamente el de Compromís, quien propone la puesta en marcha de un nuevo Registro. Esto supondría que todos los inmuebles, tras un periodo de adaptación, tendrían que cumplir con el requisito de compatibilidad urbanística municipal a partir del 1 de enero de 2020. Además, desde la formación del alcalde también exigirán la conformidad de las comunidades de propietarios para conseguir la compatibilidad urbanística de una vivienda turística que debe dar el ayuntamiento, por lo que dificultaría aún más su obtención, e instarán a la Generalitat a que prohíba la conversión de más viviendas en pisos turísticos.
Mientras, sus socios de gobierno Unidas Podemos pide la moratoria en la concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos hasta que se elabore un plan actualizado que delimite los efectos actuales sobre la garantía de acceso a la viviendas y, una vez desarrollado, se limite el número de plazas por barrio. El PSPV también propone limitaciones por zonas.
Desde la oposición Ciudadanos promete definir una Ordenanza específica compatible con la futura Ordenanza de Convivencia y con las Ordenanzas Medioambientales, además de estudiar las zonas con mayor densificación para establecer actuaciones específicas dentro de los planes urbanísticos. Por su parte, el PP no acaba de dar actuaciones concretas, más allá de adecuar las normas al planeamiento urbanístico.
El Plan del Cabanyal (PEC) se ha quedado a las puertas de su aprobación este mandato. Requiere el visto bueno de la Generalitat Valenciana y, más tarde, salir adelante en el pleno municipal. Sin embargo, en el vecindario había un sector incisivamente crítico con numerosas cuestiones de este planeamiento. Quieren que salga adelante, pero con modificaciones sustanciales. De hecho, han presentado hasta un planeamiento alternativo.
Por ello, no hay que descartar que si cambian los equilibrios en la izquierda, se puedan introducir cambios y tramitar el Plan de nuevo; y tampoco que si la derecha recupera el gobierno municipal, ponga en marcha su nuevo plan. Si bien Vox no ha diseñado líneas generales al respecto, el Partido Popular sí ha dicho que quiere replantearlo y buscar otra forma de que la ciudad se encontrase con el mar, de una forma más "esponjada" pero alineada con la conservación del patrimonio, lo que parece indicar que desecha, finalmente, la prolongación de Blasco Ibáñez. Ciudadanos apoyó inicialmente el PEC, si bien con el tiempo ha ido virando su postura por la demora de los plazos y por el descontento de parte del vecindario.
Constructores y plataformas vecinales se la juegan, además, en barrios como Benimaclet y El Grao, donde las variaciones en las mayorías podrían repercutir en la tramitación de los respectivos planeamientos. Cuidem Benimaclet ha estado exigiendo la paralización de las 1.345 viviendas que se pretenden construir en el barrio según el proyecto presentado. Unides Podem está en sintonía con este planteamiento y quiere modificar buena parte de los proyectos, mientras que Compromís ha asegurado que, aunque no le acaba de gustar la herramienta del PAI, "no se puede reescribir la historia". En ese sentido, abogan por cambiar la futura política urbanística, que podría pasar por replantear tanto el proyecto de Benimaclet como el del Grao. Ciudadanos apela al diálogo con los vecinos y el PP pretende agilizar ambos planes.
Hay también dos conflictos urbanísticos que estarán muy condicionados por el resultado electoral. Es el caso de la edificabilidad de Tabacalera trasladada los barrios de Penya-Roja y de la Creu del Grau. La candidata del PP, María José Català, se ha comprometido con llegar a un consenso para revocar el acuerdo del pleno del Ayuntamiento y trasladar la edificabilidad de Tabacalera a otros sectores de la ciudad "sin eliminar suelo escolar, que los vecinos quieren que se destine a un centro de salud, y zonas verdes".
Ciudadanos también ha hecho lo propio; de hecho se ha opuesto a esta permuta desde prácticamente el inicio. Y, para completar la pinza, Izquierda Unida ha dado su apoyo a los vecinos, con lo que, de repetirse el Govern de la Nau, habrá representantes que pedirán que se rectifique el acuerdo plenario. Sea cual sea el resultado electoral, es evidente que tendrá consecuencias sobre este conflicto.
En la ZAL Unidas Podemos se encuentra sola en su reivindicación de que se paralice la ejecución. Su candidata, María Oliver, en el #AlmuerzoVP, ante la imposibilidad de revertir el terreno en huerta, apoyó convertirla en un corredor verde. "El propio Partido Popular en los documentos de Conselleria considera este corredor como necesario", arguyó. Relató cómo, en una reunión el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, le aseguró "que no necesitan la ZAL y que se la podíamos comprar". Al respecto, incidió en que el 80% del dinero invertido se ha dirigido a expropiaciones, por lo que es suelo público que, además, tiene un elevado impacto ambiental en la ciudad y especialmente en las playas del sur. Eso justificaría su conversión a zona verde, "un pulmón", según ella.
Otro asunto que queda pendiente de resolución es saber qué sucederá con el Sidi Saler. El Gobierno central ha movido ficha y ha concedido una prórroga de la licencia a los propietarios. Hasta ahora en el Govern de la Nau las opiniones no eran unánimes, pero en el PSPV aceptaban a regañadientes la propuesta de Compromís de derribarlo y en privado defendían que se mantuviera abierto, por ser generador de riqueza. En los últimos meses el regidor Sergi Campillo se ha mostrado dispuesto a escuchar la propuesta de los vecinos de reconvertir el hotel en un centro de mayores. El PP y Ciudadanos en su día se abstuvieron de apoyar la moción para demolerlo; no votaron en contra, pero tampoco a favor. Hay, pues, predisposición a darle una nueva vida.