Facebook suspende en respeto a los derechos de los usuarios 

VALENCIA. Las principales empresas de Internet y telecomunicaciones del mundo incumplen los requisitos mínimos a la hora de respetar los derechos básicos de sus usuarios, según el informe Índice de Responsabilidad Corporativa de la ONG Ranking Digital Rights con base en Washington. El informe fue presentado por Nathalie Maréchal en el marco del International Freedom Festival que se celebra en Las Naves (Valencia).  

Entre las firmas de alcance global peor valoradas por el informe figura la conocida red social Facebook, que obtuvo un 41% de valoración global sobre el cumplimiento de los indicadores evaluados, con apenas 36% en respeto a la privacidad y 41% en compromiso con los derechos de sus usuarios. En cambio, obtuvo un 62% en respeto a la libertad de expresión. La mejor puntuación fue para Google, con un valoración global de 65%. Logró un 57% en privacidad, 78% en respeto a la libertad de expresión y un 65% en compromiso social.

De las empresas globales con presencia en el mercado español la peor valorada fue Orange, que sólo consiguió una valoración de 37%. Aunque en lo relativo a su compromiso social consiguió un 73% de objetivos cumplidos, apenas sumó un 29% en respeto a la libertad de expresión y un 24% en respeto a la privacidad. La mejor valorada fue valorada fue Vodafone que aunque sumó una nota total de 54% total, solo llegó a 47% en libertad de expresión y 49% en privacidad. En Compromiso Social, en cambio, alcanzó un 73%.

La principal conclusión de este informe es que “de modo generalizado, las empresas deben mejorar la publicidad de sus políticas y prácticas que afectan a la libertad de expresión y privacidad de los usuarios, así como su compromiso con esos derechos humanos”. En su primer informe anual del Índice de Responsabilidad Corporativa, Ranking Digital Rigths analizó un grupo de 16 compañías que, a nivel global, tienen poder para determinar la vida digital de miles de millones de persona a nivel mundial.

Ocho de las compañías de Internet más importantes del mundo y otras tantas de telecomunicaciones fueron seleccionadas a partir de una serie de parámetros que incluyen la diversidad, el tipo de usuario, el tamaño de la compañía y su cuota de mercado. Dichas compañías fueron evaluadas en 31 indicadores divididas en tres categorías: compromiso social, libertad de expresión y privacidad. Todos estos indicadores se basan fundamentalmente en requisitos de derechos humanos internacionales y principios ­–consolidados o de nuevo cuño– de privacidad y libertad de expresión.

El resultado global del informe es que es necesario una profunda mejora:

• Sólo seis compañías alcanzaron al menos un 50% de los puntos posibles
• El mejor resultado es de apenas 65%
• Prácticamente la mitad de las empresas en el índice puntuaron menos de 25%, lo que refleja un grave déficit en lo que respecta al respeto para los usuarios en temas tan básicos como libertad de expresión y privacidad.

“Cuando ponemos estos datos en perspectiva, está claro que no hay ganadores”, recordó Nathalie Maréchal citando a Rebecca MacKinnon, directora de Ranking Digital Rights. “Nuestra aspiración es que el índice sirva para conseguir una mayor transparencia, lo que ayudará a los usuarios a tomar decisiones más informadas sobre cómo usan la tecnología”.

El Índice de Responsabilidad Corporativa permite a usuarios, inversores, activistas y políticos a comparar cómo ­–y de qué manera– Internet y las compañías de telecomunicaciones están haciendo esfuerzos tangibles con respeto a los derechos digitales. Entre otros datos destacables hay que señalar que:

• La transparencia sobre la recogida, uso, almacenamiento y política a la hora de compartir datos es muy pobre. Incluso las compañías que hacen un esfuerzo a la hora de compartir esa información fracasan en lo que respecta a compartir esa información con sus usuarios sobre qué información recogen sobre ellos, con quién la comparten, en qué circunstancias y durante cuanto tiempo la información se almacena.
• La transparencia sobre privacidad y autorregulación es mínima y ambigua en el mejor de los casos y habitualmente inexistente. Muy pocas empresas hacen públicos datos sobre la solicitudes de terceros para retirar o restringir contenidos, e igualmente sobre su política a la hora de compartir información de sus usuarios. Esto ocurre incluso en los casos e los que estas solicitudes se producen por orden judicial o investigación oficial.
• En algunos casos, las leyes en vigor hacen más difícil a las empresas respetar la libertad de expresión y la privacidad. Todas las empresas evaluadas tienen que enfrentarse a algún tipo de normativa que obstaculizan su trabajo con respecto a algunos de los indicadores.

Afortunadamente, también hay buenas noticias.

• Algunas de las empresas del ranking están haciendo cosas bien. Todas las empresas evaluadas analizadas tiene algunas prácticas y/o políticas que pueden ayudar a proteger la libertad de expresión y la privacidad.
• Los “informe de transparencia” se están convirtiendo en una práctica estándar. Nueve de las 16 empresas analizadas publican algún tipo de información sobre los requisitos que reciben del gobierno o empresas privadas a la hora de compartir la información de sus usuarios, y/o a la hora de eliminar o bloquear contenidos, desactivar cuentas o denegar acceso al servicio.
• Siete empresas (casi la mitad) han respaldado compromisos con la libertad de expresión y privacidad al hacer públicas un determinado número de medidas para implementar esos compromisos. Dichas medidas incluyen entrenar a los empleando o mecanismo para apoyar a las personas que quieren denunciar algo, exámenes internos o procesos de responsabilidad, y el impacto de sus procedimientos en los derechos humanos.

Además de las conclusiones del informe, el Índice también aporta recomendaciones practicas sobre los pasos que las compañías de Internet y telecomunicaciones (y otras firmas del sector) pueden dar para mejorar.

El objetivo del estudio es convertirse en una herramienta útil para que las empresas se comprometan con los derechos digitales y la libertad de expresión. Sus responsables creen que este informe puede ayudar a las empresas a identificar, comprender y enfrentarse a las amenazas a los derechos humanos en el futuro y hacerles más conscientes de estos asuntos tan sensibles.

La metodología de Índice ha sido desarrollado conjuntamente con Sustainlytics, a partir de la experiencia de inversores y expertos en el campo de los negocios y los derechos humanos. Sus resultados pueden ser empleados por activistas, invasores, y responsables políticos de todo el mundo para hacer preguntas fundamentales sobre si –y también cómo– las políticas que pregonan las empresas se están llevando a cabo. Aunque el IRC no vigila la aplicación de estas políticas, ofrece una hoja de ruta para otros investigadores para llevar a cabo investigaciones en profundidad, análisis locales, y monitorizar para verificar los principios que publicitan las compañías, así como observar cómo sus formas de actuar y prácticas afectan a los usuarios.