VALÈNCIA. La Plataforma no + By-pass ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo en relación con la ampliación del by-pass a su paso por La Cañada, Paterna. La demanda de la asociación se centra en tres cuestiones principales: la falta de respuesta a las reclamaciones, la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto y el criterio de la Secretaría de Estado sobre la necesidad de una resolución expresa para la caducidad de una DIA. El Defensor del Pueblo ha apoyado los argumentos de a la Plataforma en varios puntos y ha recomendado a la Administración que mejore el seguimiento de las DIAs.
La respuesta del organismo sugiere que, aunque el inicio de las obras se realizó dentro del plazo, existen dudas sobre la normalidad y continuidad del desarrollo del proyecto. Además, se debe asegurar que no haya autorizaciones pendientes para considerar válida la ejecución del proyecto y mantener la vigencia de la DIA. Si las obras no avanzan o carecen de las autorizaciones necesarias, la DIA podría caducar, requiriendo una nueva evaluación ambiental.
En su informe, el Defensor aborda diversos puntos relevantes con respecto a la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su posible caducidad en relación con el proyecto de ampliación del bypass.
Según el artículo 43.1 de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA), la DIA pierde su vigencia si no se inicia la ejecución del proyecto dentro de los cuatro años posteriores a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso, la DIA se publicó el 4 de abril de 2018 y la ejecución del proyecto comenzó el 1 de abril de 2022, a tres días de que expirara el plazo de cuatro años. Por lo tanto, según la Secretaría de Estado, no ha caducado.
No obstante, el Defensor del Pueblo sugiere que, dado que las obras comenzaron justo antes de que expirara el plazo, el órgano ambiental debería haber solicitado información adicional al promotor sobre las razones de la demora. El informe explica que la anormalidad en el desarrollo del proyecto es indicativo de que la comprobación del replanteo podría ser solo una formalidad.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo enfatiza que el mero hecho de iniciar las obras no es suficiente para evitar la caducidad de la DIA. Las actuaciones deben desarrollarse con normalidad después de su inicio. Si las obras se paralizan o no siguen el ritmo establecido, la evaluación ambiental puede quedar obsoleta y, por tanto, la DIA superaría los 4 años establecidos, obligando a una nueva evaluación ambiental.
Lo mismo ocurre si el proyecto no reúne las autorizaciones legales correspondientes al iniciar la ejecución de las obras. Si existen denuncias sobre documentación pendiente, el órgano ambiental debería verificar dichas alegaciones y solicitar información al promotor o al órgano sustantivo. El órgano ambiental no puede ignorar este hecho cuando se discute la vigencia de la DIA.
Siguiendo ese razonamiento, la Plataforma contra el By-pass considera que “se iniciaron las obras sin tener todas las autorizaciones legales, que es lo mismo que si no se hubieran realizado, por lo que se tendría que haber declarado la caducidad y las obras no se deberían haber realizado hasta la aprobación de una nueva DIA”, tal y como explica el abogado y miembro de la plataforma, Antonio Domingo.
Tras reunir toda la información, el Defensor del Pueblo concluye que la Administración debe reforzar su participación en el seguimiento de las DIAs. Recomienda implantar y mejorar mecanismos de colaboración e información entre los órganos administrativos para garantizar el correcto seguimiento de la vigencia y cumplimiento de las condiciones de las DIAs.
La Plataforma contra el By-pass se muestra satisfecha con el respaldo del Defensor del Pueblo y confía en que esta resolución sirva para frenar la segunda fase de las obras. “Este respaldo puede servir de apoyo para impedir el inicio de las obras en el Tramo B, que afectan de lleno a La Cañada”, afirma la Plataforma.
La queja se suma a las numerosas voces que se han alzado en contra de este proyecto desde hace años. El proyecto de ampliación del by-pass de Paterna es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la conexión entre la ciudad y la autovía A-7. Sin embargo, las obras han generado gran controversia desde sus inicios. Colectivos y vecinos, detractores del proyecto, argumentan que la obra causará un gran impacto ambiental, aumentará la contaminación y el ruido y dividirá la ciudad en dos. Las quejas contra el proyecto han sido numerosas y las movilizaciones sociales, constantes, y la Plataforma contra el By-pass ha sido una de las que más activamente se ha opuesto a las actuaciones.
En 2018, la plataforma presentó 6.000 alegaciones contra el proyecto. Sin embargo, estas alegaciones no fueron tenidas en cuenta por la Administración. En 2021, la Plataforma presentó una nueva serie de alegaciones tras la aprobación de la DIA del proyecto. Aun así, las obras, que se dividen en el Tramo A y B, comenzaron en abril de 2022. El primer tramo ya está en funcionamiento, sin embargo, el Tramo B está siendo objeto de controversia.
Las obras del by-pass continúan, pero la Plataforma contra el By-pass no descarta emprender nuevas acciones legales para frenar el proyecto. La resolución del Defensor del Pueblo representa un avance significativo para los detractores de la ampliación, quienes esperan que esta decisión influya en la paralización del Tramo B y en la revisión del proyecto en su totalidad.