Junta Qualificadora: tres pasos en política lingüística para dejar de ser aldea

VALENCIA. Uno de los pocos lugares donde tienes que acreditar lo que eres y lo que hablas es Valencia. País y Comunitat. Con firma, sello oficial y pago de tasas. Territorios con más de una lengua materna, lenguas sin nación propia, imposiciones, herencias, migraciones, convivencia, bilingüismo y diglosia, autoodio... el mundo está lleno de ejemplos desde Canadá hasta Nueva Zelanda, de las selvas latinoamericanas a los estados sureños de los Estados Unidos. Son tantos los casos y tantos los criterios que el debate se puede envenenar en el siguiente párrafo. Solo hay una cosa que nos puede ayudar a no hacerlo: pensar en el futuro.

La situación de desigualdad entre valenciano y castellano ha sido tal en nuestra comunidad que hoy se exige la acreditación de conocimientos de valenciano y no de castellano a los mismos nativos que pueden haber crecido escuchando en casa A o B. Decir esto es decir poco, no es ni siquiera un lamento, pero hay que constatar, aunque sea una obviedad sonrojante, que no se exige certificación de español para españoles. Y ni falta que hace; los tiros no van por ahí. Sin embargo, los adalides de la igualación educativa de lenguas, con Carolina Punset a la cabeza en las nuevas Cortes, confunden la igualdad como finalidad, o como estado deseable, con la igualdad de facto; y no hay desigualdad mayor que tratar como iguales a los que no lo son, o como poner a disposición los mismos recursos para unas lenguas que para otras.

Certificar la lengua propia

¿Certificar la lengua propia? Es un ejercicio extraño. Pero es un ejercicio entendible en primer lugar por la desigualdad de uso, de implantación y de proyección entre el castellano y el valenciano, históricamente; en segundo, hilando más fino, porque obliga a los valencianohablantes a adaptarse a estándares de lengua tenidos poco en cuenta en el habla común. El largo camino de la normalización lingüística lleva a paradojas y contradicciones muy necesarias: algo así como enseñarnos a hablar lo que hablamos. Y luego expedirnos un certificado. 

El modelo de inmersión lingüística es el modelo educativo deseable para normalizar un idioma. Y no solo eso: también es el modelo deseable para cambiar la consideración de un idioma en el espacio público. Uno de los problemas del español en los Estados Unidos, por ejemplo, donde se calcula que hay más de cuarenta millones de hablantes nativos de español, es la dificultad que encuentra este idioma para desarrollar su presencia en ámbitos académicos, culturales o políticos. En la esfera de poder. También las lenguas son pobres de muchas manerasy se convierten en muros que se levanta contra los pobres. 

Con esta voluntad normalizadora, a contra natura pero con una dosis de realidad fundamental, nació la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en 1985, desarrollada gracias a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià del primer gobierno de Joan Lerma. Ha pasado una generación desde entonces y la Conselleria d’Educació, dirigida por Vicent Marzà, ha anunciado una reforma intensa de los exámenes de la Junta. 

La adaptación europea llega por fin

El pleno de la Junta, celebrado la semana pasada y presidido por el Conseller Marzà y el Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, dejó un titular que hace tiempo que debía haberse producido: la Junta Qualificadora adaptará sus pruebas al Marco común europeo de referencia para las lenguas. El Marco Común nació como protocolo para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas impulsado por el Consejo de Europa con la voluntad de homogeneizar niveles y objetivos entre distintas lenguas europeas: un nivel inicial en inglés debía capacitar para las mismas funciones que un nivel inicial en italiano, en griego o en polaco (distintos orígenes y distintas grafías), sin importar la distancia y diferencia con respecto a la lengua inicial. 

La primera estandarización se produjo en la redacción de exámenes y en la expedición de los certificados. La segunda, naturalmente, en la metodología de enseñanza para cumplir con los objetivos marcados. Esta revolución metodológica ha sido asumida principalmente por escuelas privadas (por mera supervivencia y por dinamismo laboral efectivo, por decirlo de alguna manera), y no tanto por entidades públicas: Escuelas Oficiales, en buena medida; escuelas primarias o secundarias, a duras penas. 

A1, A2, B1, B2, C1, C2: en Valencia llegaremos a ello (¡por fin!) en 2016, quince años después de la implantación del Marco Común. ¿Por qué tan tarde? Porque la política lingüística de la Generalitat durante este periodo ha sido, por decirlo fino, inmovilista. Adaptarse a los modelos de Europa implicaba hacerse una serie de preguntas sobre la lengua que no estaban dispuestos a hacerse, o que les enfermaban. Punto. Aquello ya pasó.

Sin embargo, estos estándares europeos funcionan cuando el contacto entre lenguas se producen entre países distintos, con vistas a incentivar la movilidad dentro de la Unión Europea y facilitar la empleabilidad en países de nuestro entorno, pero no fueron pensados a priori para gestionar el bilingüismo en una comunidad de hablantes. De otro modo: los exámenes y criterios de la Junta Qualificadora están pensados para ordenar competencias de hablantes nativos en un mismo territorio (como decíamos, la existencia misma de la institución tiene una vocación normalizadora), mientras que los ejes del Marco se orientan hacia el incremento del número de hablantes “extranjeros”. 

¿Qué implica esto? Aquí viene lo interesante: la igualación por niveles de A1 a C2 valdrá para homogeneizar estándares de lengua con respecto a otros territorios, a manejar la misma terminología, pero vale de poco si no se desarrolla una verdadera política de equivalencias y de homologaciones de títulos que vaya mucho más allá de la mera equiparación de niveles. El próximo paso será que los niveles valencianos de la Junta sean reconocidos en nuestro mismo entorno lingüístico, Cataluña y Baleares, pero también será reconocer los certificados catalanes y baleares en nuestra Comunitat en las instancias oficiales. Eso o crear un solo ente que expida certificados oficiales de lengua, cosa más complicada. Se puede pensar que esta fue una de las razones para no homologarnos a Europa en tiempos de Fabra y Camps.

Pero hay algo más interesante todavía que deriva de la asunción del Marco como eje regulador de niveles, objetivos y metodología: la proyección de la lengua hacia el exterior. 

Más allá de nuestras fronteras

Saber qué competencias lingüísticas reales tiene una persona que presenta un certificado de B2 de sueco es fundamental para el mercado laboral en Suecia. O para radicarse en el país escandinavo. O para cualquier cosa laboral, educativa o vital que tenga que ver con ese lugar. Pues de ahí, geográficamente para abajo. 

Una lengua europea, estandarizada y estructurada conforme al Marco Común, es un indicador fiable de competencias laborales. Uno de los beneficios de la homologación es la atracción de talento, pero para ello se necesita realizar una inversión en el exterior que, hasta el momento, ha sido escasa y fluctuante. 

A nadie se le escapa que los diferentes institutos de lenguas en el mundo son embajadas lingüísticas y culturales que tienen el objetivo de promover intercambios de todo tipo con los respectivos países, entre ellos el intercambio económico. El Instituto Cervantes, por ejemplo, se financia con fondos del Ministerio de Exteriores, no con fondos de Educación, Cultura y Deportes. La política lingüística también es política exterior y compite por la hegemonía con los países con que comparte lengua.

Si de verdad consideramos la lengua como un bien social, una riqueza cultural y un valor añadido en términos económicos (como se hace con el paisaje o la calidad de vida), la estandarización europea debería llevar a un replanteamiento hacia el exterior. Los nuevos certificados no solo deberían valer para autogestionar nuestras capacidades, sino para crecer en hablantes, en conocimiento y en reconocimiento en Europa. Y para esto, sí debería ser fundamental una política lingüística común con Baleares y Cataluña. 

Hubo un tiempo en que estas semillas en forma de lectorados las plantaban las universidades valencianas junto con la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ahí se mantienen bajo mínimos; la reducción de plazas fue drástica. Sería el momento de entablar de nuevo un diálogo entre Junta Qualificadora y Acadèmia Valenciana de cara a unificar criterios y estrategias, e integrarse en una estrategia común con instituciones similares. 

Aproximadamente el 15% del PIB de un estado está vinculado a la lengua. Para calcular su potencial económico hay que acudir al número de hablantes, su capacidad de compra y la radicación de la lengua en el panorama internacional. Seríamos miopes si los cambios en baremos y criterios se limitaran a la gestión de la diglosia y el bilingüismo y no sirvieran verdaderamente para conectarnos a Europa. Mientras la gran partida de la globalización se está jugando con estados interconectados, economías globales y lenguas y culturas en contacto, del mismo modo que la economía valenciana se abre y exporta y crece, también la lengua debe dejar de ser motivo de vergüenza, en un extremo, o reserva espiritual, en el otro.

Estandarización, homologación y proyección. Estos son los tres pasos que debería dar nuestra política lingüística para dejar de ser aldea.