Teatre Principal. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. ¿Qué margen de error tiene una administración en un concurso público una vez publicadas sus bases para que un cambio no resulte un ejercicio de falta de transparencia? El Institut Valencià de Cultura, en la convocatoria para renovar sus direcciones adjuntas, entendió que mucho. La comisión de selección elegida por el ente público y la Universitat de València, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) y el Consorci de Museus (invitados por la Conselleria de Cultura, entonces en manos de Vicente Barrera), decidió repartirse en subcomisiones a la hora de debatir cada puesto, por lo que la composición del jurado no fue la misma que planteaba las bases, tal y como ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia.
Cabe recordar que la comisión estaba presidida por Paula Añó como Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, y formada por Sergio Arlandis, como Director General de Cultura y Rosa Codoñer, Subdirectora General del Libro (en este caso, designada por la entonces Directora General de Patrimonio Cultural, Pilar Tebar). La RACV designó a Pedro Quiralte y a Salvador Chuliá. La UV hizo lo propio con Antoni Tordera y Evangelina Rodríguez. Y el último ente invitado fue el Consorci de Museus, que designó a Jaime Pujol y Jaime Siles. Como secretario, actuó el Subdirector General del Gestión del IVC.
Según indican las fuentes consultadas, una vez analizados los proyectos y decidido las personas admitidas y excluidas para la fase de las entrevistas, se constituyeron diferentes subcomisiones, que más o menos excluían a cada miembro invitado de la comisión a uno de los tres debates por los puestos. Sin embargo, esta posibilidad no se contemplaba en las bases de la convocatoria ni se comunicó en ningún momento. No significa, eso sí, que hubiera cambio alguno de caras.
De esta manera, cada miembro del jurado elegió a una persona menos de lo que en un principio tenía designado, y los consejeros independientes perdieron fuerza en cada subcomisión en favor de los cargos públicos, que sí estaban presentes en voz y voto en todas las subcomisiones.
La cuestión de la transparencia es uno de los puntos negros de esta convocatoria. Culturplaza ya publicó ayer que el Síndic de Greuges tuvo que exigir hasta tres veces al Institut Valencià de Cultura las actas a petición de uno de los candidatos porque, al no haber baremación y ser discrecional, la decisión de incluir o excluir candidatos debía poder ser consultada por las partes interesadas.
Ahora se sabe que tampoco se comunicó ni trascendió este cambio de funcionamiento, que si bien parece tener sentido en la eficiencia de la comisión, no es más cierto que a la fase de entrevistas no pasaron ni un tercio de los candidatos cuyos proyectos ya estaban analizados, y, por otra parte, la posibilidad de dividirse en subcomisiones se podía haber previsto en las bases.
De hecho, a diferencia del anterior concurso de direcciones adjuntas, impulsada por el anterior Consell, se hizo público a través del DOGV los nombres y apellidos de las personas que formaban la comisión, algo que en esta ocasión solo se hizo por la prensa a petición de los periodistas.
