VALÈNCIA. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este miércoles una resolución de la Dirección General de Modernización con la Administración de la Justicia que ratifica la extinción la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana, Feports. Un ente público fundado por la Generalitat y las Autoridades Portuarias de Alicante, Castellón y Valencia para la investigación y estudio de la actividad portuaria que debía haberse extinguido en 2012, pero que finalmente ha sobrevivido ocho años más de lo previsto.
El mandato de desaparición emana del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, que trataba de poner orden a un sector público de la Generalitat sobredimensionado. En esta norma se daba un plazo de tres meses para presentar al Consell -en aquel momento en manos de los populares de Alberto Fabra- una propuesta para salir del sector público dando entrada al patronato a entes ajenos a la administración, o bien para desaparecer como tal.
Una proposición que no llegó a materializarse y que derivó en que en 2013 el Gobierno valenciano dejara de abonarle la subvención que le aportaba para su funcionamiento. Más tarde, las autoridades portuarias fundadoras hicieron también lo propio. La decisión de cerrarle el grifo comprometió significativamente la viabilidad de la Fundación, ya que Feports se sustentaba a base de subvenciones finalistas.
El escenario dificultaba al ente público la captación de fondos de la Unión Europea, muchos de ellos cofinanciados, una de sus principales fuentes de ingresos. Esto es porque su principal línea de actuación, tal y como recordaba la propia fundación en las memorias que acompañaban sus cuentas, eran proyectos comunitarios financiados por la UE en porcentajes de gasto que oscilaban entre el 75% y el 100%.
Con todo, la ausencia de aportaciones públicas le generó un déficit de 134.230 euros en 2015, ligeramente inferior a los 160.426 euros de resultado negativo con los que cerró en 2014.
Gobierno del Botánico I
Cuatro años después de aprobarse el decreto de 2012 que obligaba a Feports a desaparecer o bien presentar al Consell una propuesta para salir del sector público dando entrada al patronato a entes privados, seguía sin adoptarse ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Y durante la legislatura pasada los nuevos gestores de la Generalitat mantuvieron la fundación en el limbo: el ente no recibía subvenciones públicas y seguía sin liquidarse de forma ordenada con doce empleados en plantilla.
En agosto de 2016, una denuncia de los trabajadores evidenció que la fundación se encontraba al borde del colapso financiero: los empleados no habían cobrado la nómina de julio, la extra de junio, ni el 50% de la paga extra de 2012 que se les había devuelto al resto de funcionarios públicos, por lo que buscaron el amparo del protectorado de fundaciones, dependiente de la Conselleria de Justicia que ocupa Gabriela Bravo, para determinar cuál debería ser la responsabilidad de sus patronos -la Generalitat y las autoridades portuarias de Valencia, Alicante y Castellón- para resolver sus problemas económicos.
Ante esta situación, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio -departamento al que estaba adscrita la fundación- que ocupaba la socialista María José Salvador convocó una sesión extraordinaria del patronato para aprobar la puesta en marcha del proceso de liquidación pendiente. Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación advertían que el proceso podía durar meses: por delante quedaba nombrar liquidadores y elaborar un plan de liquidación que debía ser validado por el Consell. La propuesta por parte del Gobierno valenciano no se produjo hasta abril de 2017.
Sin embargo, un año después de que el Consell diera luz verde a esta propuesta conjunta elaborada por la Conselleria de Vivienda y la Conselleria de Hacienda para proceder a la liquidación, el departamento de Salvador seguía sin tramitar la extinción del ente público. El patronato todavía debía nombrar a los liquidadores para ello y los patronos tuvieron que aportar casi 800.000 euros en 2017 para cubrir los gastos asociados a un proceso de extinción que todavía no se había aprobado.
Foto: MARGA FERRER
