VALÈNCIA. Después de las tormentas veraniegas, la calma no llega al Ayuntamiento -¿alguien espera que ocurra en los próximos meses?-. De vuelta al hemiciclo, las habituales escaramuzas marcarán el inicio del curso político. Y entre las filas de la Nau, una edil protagonizará la primera sesión plenaria: Gloria Tello, la responsable de Bienestar Animal. Ciudadanos pedirá su reprobación y cese del ejecutivo.
Durante meses y meses, la oposición ha hecho del hacinamiento en el refugio de animales de Benimàmet uno de sus caballos de batalla. Asunto de escaso carácter mediático pero que ahora, el grupo que lidera Fernando Giner, ha decidido llevar al pleno. Y ya no pide que se resuelva. Quiere que se aparte a la responsable de la concejalía, con su tercer asesor recién estrenado, por su "incapacidad de comunicación" y por "las continuas deficiencias" de su gestión, que califica de "negligente".
La moción, firmada por el edil naranja Chema Bravo, llega sin visos de aprobación pero con toda seguridad contará con el apoyo de los populares, que también se han empleado en abanderar la denuncia. Finalmente, la propuesta pide que el cargo de Tello lo ocupe "un miembro del equipo de gobierno con interés real por mejorar el bienestar animal en la ciudad de Valencia".
Tampoco pasará de puntillas por la sala Giuseppe Grezzi, edil de Movilidad Sostenible, acostumbrado a tener sobre sí la diana de la crítica. De estricta actualidad es la exigencia que trasladará la formación naranja: que se presente de una vez por todas la ordenanza de Movilidad anunciada ya hace tres años, que sigue sin ver la luz y cuya primera versión saldrá, según Grezzi, antes de que finalice el mes.
Precisamente sobre dicha cuestión fue preguntado la pasada semana. Y cual estudiante que deja las tareas para última hora, respondió valientemente que "quedan diez días". Quedaban entonces; y el día del pleno ya serán tres, a no ser que la sorpresa se consume antes.
También se le pedirá que elimine "toda señalización horizontal y vertical que no esté incluida en el Reglamento General de Circulación o la contravenga". Según el grupo, las señales de preferencia ciclista introducidas en el anillo ciclista, no están catalogadas y suponen "un potencial riesgo para usuarios de la vía pública".
Y Carlos Galiana tendrá que batallar otra vez por Mercavalencia. El caso de los presuntos falsos autónomos aflorados en la empresa semipública se postula como conflicto a medio plazo, y no hay que descartar que el debate se repita en más ocasiones en el Ayuntamiento. Fernando Giner no quiere que el asunto caiga en el olvido y opta por mantener la tensión llevando una moción al respecto. Según ha podido saber este diario, los sindicatos de Mercavalencia llevarán la tensión a las puertas del consistorio, y se manifestarán el mismo día del pleno.
La exigencia de Ciudadanos es, en esta ocasión, que se cumpla con el decreto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez en agosto para que las empresas no puedan dar de baja a los 'falsos autónomos' que regularice la Seguridad Social. Es lo que ocurrió en Mercavalència, donde la Seguridad Social dio de alta de oficio a 375 empleados en esta situación, pero la empresa se negó a pagar sus cuotas, y finalmente la Seguridad Social acabó por darlos de baja.
Como ha venido contando este diario durante la pasada semana, el Govern de la Nau lanzará desde la bancada dos mensajes al Gobierno central: el soterramiento de las vías del tren en el PAI del Grao es necesario, y también lo es la reforma de la Ley de Mecenazgo para evitar la evasión fiscal de algunas actividades lucrativas.
Con la primera moción, el ejecutivo local pretende reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que ADIF se comprometa a enterrar las vías en el Grao y que licite lo antes posible el proyecto de ejecución. La idea del alcalde, Joan Ribó, es que esta propuesta se apruebe por unanimidad y poder ir a Madrid a reunirse con el ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, con la mayor fuerza posible.
La segunda va en la línea de la ofensiva impulsada por el edil de Hacienda, Ramón Vilar, para cobrar impuestos a aquellos edificios lucrativos que hasta el momento gozaban de exenciones por la mencionada Ley. Gran parte de dichos edificios, como hospitales, universidades, etcétera, son religiosos. La modificación de la normativa ya fue una exigencia del socialista Vilar cuando Sánchez alcanzó la Moncloa, pero poco se ha avanzado desde entonces, y ahora es el ejecutivo al completo el que lleva la cuestión al pleno para reforzar el mensaje.