Carlos Galiana, presidente de Mercavalència. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto-ley contra el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce como 'falsos autónomos', que puede dar un vuelco al presente de Mercavàlencia. La empresa pública está enfrentada a la Seguridad Social después de que la Inspección de Trabajo destapara que en los últimos cuatro años trabajaron en la empresa publica 429 cooperativistas como falsos autónomos. La Seguridad Social dio de alta en Mercavalència a 375 de ellos, pero la empresa se negó a pagar las cuotas y la Seguridad Social acabó por darlos de baja.
Mercavalència ha recurrido el acta de la Inspección de Trabajo y se ha negado a dar de alta en la Seguridad Social a los 250 falsos autónomos que actualmente trabajan allí a través de la cooperativa Work Man ACP, postura refrendada por el Pleno del Ayuntamiento de València, que la semana pasada rechazó una moción de Fernando Giner (Ciudadanos) para que la empresa regularizara la situación de estos empleados. Ni el PP ni las tres formaciones del Govern de la Nau -Compromís, PSPV y València en Comú- apoyaron la propuesta.
Sin embargo, el real decreto-ley aprobado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez refuerza la posición de la Seguridad Social en su lucha contra el uso fraudulento de la figura del autónomo con la finalidad de aflorar cerca de 40.000 empleos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Según explicó este viernes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General. Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena.
En la actualidad, una vez detectado el falso autónomo, la Inspección inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social a que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General. No obstante, las empresas afectadas -y a veces, los trabajadores- tramitan la baja del empleado, "lo que distorsionaba el procedimiento", según el Ministerio.
Con la aprobación de este real decreto, serán preceptivos los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haber tramitado el alta de oficio. Además, mientras se desarrolla el procedimiento, las bajas o variaciones de datos formuladas por empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar.
Según esta interpretación del Ministerio, si la Seguridad Social volviera a dar de alta en el Régimen General a los 250 falsos autónomos de Mercavalència, la empresa que preside el concejal Carlos Galiana no podría darlos de baja sin más. La absorción de estos 250 puestos de trabajo dispararía un 330% la plantilla de la empresa, tal y como detalló Valencia Plaza.
El informe de la Inspección de Trabajo sobre la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP de Mercavalència confirmaba la tesis defendida por el sindicato UGT-PV y por la Seguridad Social sobre las irregularidades laborales en el servicio de matadero y despiece de carne del mercado de abastos de València. La Inspección considera que dicha cooperativa opera con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial".
El sindicato UGT criticó que el Ayuntamiento de València no aceptara la resolución de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se reconocía que Mercavalencia trabaja con falsos autónomos, porque a su juicio prolongaría "la situación de limbo" en la que se encuentran los trabajadores, que seguirán "peleando para que se reconozcan sus derechos". Por ello, instó al Gobierno municipal de Joan Ribó y a Mercasa a que "asuman la regularización de estos falsos autónomos, como otras empresas privadas ya han empezado a asumir".
"En la resolución emitida por la Inspección de trabajo, que actuó a solicitud de UGT, se verifica que esta autodenominada cooperativa no funcionaba como una asociación de trabajadores que pretendiera satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sino que era un instrumento para eludir la obligación de cotizar en régimen general de sus trabajadores", explicó el sindicato en un comunicado.
Recordó que en dictamen se reconocía que la cooperativa de trabajo asociado Workman de Mercavalencia, "tenía un carácter ficticio (…) para eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en Régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial".
El sindicato Comisiones Obreras celebró la medida aprobada por el Gobierno y en un comunicado afirmó que "tras resolver este resquicio legal, las empresas afectadas no podrán anular las altas realizadas de oficio a instancia de la Inspección de Trabajo". CCOO recordó que, por denuncia de su Federación de Industria, "la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha levantando actas de liquidación de numerosas empresas del sector cárnico que utilizan a cerca de 15.000 falsos autónomos, que ahora ven reconocidos sus plenos derechos como trabajadores de las empresas cárnicas".
Según este sindicato, la mayoría de empresas afectadas están acatando las resoluciones de la Inspección de Trabajo y "son solamente una minoría las que están utilizando el resquicio legal que hasta hoy presentaba la normativa de afiliación". Entre estas últimas está Mercavalència.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) valoró de forma positiva el real decreto-ley y afirmó que todas las medidas encaminadas a acabar con esta figura son "bienvenidas".
"El que haya falsos autónomos es sin duda un problema, un fraude de ley y hay que combatirlo", señaló el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras recordar que desde la organización siempre se ha pedido mayor control dado que esta forma encubierta de trabajo asalariado hace "mucho daño" a aquellas empresas que cumplen la ley. "Es competencia desleal que hay que atajar", añadió en un comunicado. "Hay que dotar a la Inspección de Trabajo de todas las armas necesarias para que pueda actuar", indicó el presidente de ATA, que pidió que se dote de mayor protección al régimen de autónomos dependientes (TRADE) para evitar que haya empresas que en vez de utilizar esta figura, lo hagan contratando falsos autónomos.
El Régimen General de la Seguridad Social deja de ingresar al año entre 350 y 400 millones de euros por el mal encuadramiento de trabajadores en el régimen de autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena.
El PSPV señala el abuso de los contratos menores en diferentes organismos municipales
