VALÈNCIA. El pasado martes, 16 de marzo, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia hizo pública la aprobación definitiva de la recalificación de suelo impulsada por el Ayuntamiento de València en terrenos circundantes a Tabacalera y otros sitos en el barrio de Penyaroja. Es la solución pensada en el consistorio del Cap i Casal para resolver el embrollo derivado de la sentencia de Tabacalera y evitar así una indemnización millonaria a la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa), pero la llegada a buen puerto todavía no es una realidad. La falta de acuerdo con la promotora -hasta el momento- y el rechazo de los vecinos mantienen en el aire la operación que en el consistorio dan por segura pese a estar sumida en la judicialización.
El historia reciente de Tabacalera se escribe desde que Altadis pusiera fin, cuando también acababa el siglo pasado, a su actividad industrial. Tras la clausura de la fábrica, el Ayuntamiento de València, entonces gobernado por el PP de Rita Barberà, acordó la intención de adquirir el complejo para dedicarlo a un uso administrativo manteniendo su protección. En 2002, de hecho, inició junto a la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura los trámites para incluirlo dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que demandaba la protección de los elementos registrados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Poco después, Inmobiliaria Guadalmedina compró el 49% de Tabacalera a Altadis y solicitó al consistorio la permuta de parte de esta manzana.
Así, en 2005, el Ayuntamiento acabó suscribiendo un convenio urbanístico de permuta con la firma, propiedad de la familia Ballester: la parte pública recibía el edificio central del complejo y casi 14 millones de euros a cambio de entregar a la promotora un edificio municipal en la Plaza América y permitir el derribo de las naves posteriores y laterales de Tabacalera para la construcción de bloques de viviendas. Un movimiento, calificado como un "pelotazo" desde la oposición y el tejido asociativo, al que iba aparejado un necesario cambio de planeamiento y la desprotección de las naves anejas del complejo industrial. La denuncia de la asociación Salvem Tabacalera concluyó en una sentencia del TSJ y luego otra del Tribunal Supremo que anulaban la modificación de la ordenación urbanística y el convenio que dependía de ella.
Para entonces, las naves ya estaban derribadas e Igsa ya había construido tanto el edificio de viviendas en Plaza América como una de las fincas posteriores a Tabacalera, y el Ayuntamiento ya usaba los edificios nucleares del complejo. Con todo, la anulación del planeamiento devolvía la situación urbanística a antaño: donde ya vivían familias, sobre el papel volvía a ser suelo industrial y dotacional; donde ya trabajaban funcionarios consistoriales, en el plano era de nuevo una fábrica de tabacos. Y para más inri, la promotora reclamaba al Ayuntamiento una indemnización millonaria en concepto de responsabilidad patrimonial porque no había podido consumar sus derechos edificatorios en parte del suelo, que de hecho continúa siendo solar a día de hoy. El lío urbanístico no era menor.
La concejalía de Urbanismo, que dirigía el edil Vicent Sarrià el pasado mandato, se negaba en rotundo a hacer frente con dinero de las arcas públicas a la reclamación de hasta 45 millones de euros que hacía la promotora. Ante tal panorama, la solución adoptada, pese a la complejidad del contexto, no parecía demasiado complicada: entregar suelo público a la empresa por el mismo valor que los derechos de edificabilidad no consumados en Tabacalera. Es decir, saldar la deuda con suelo. Los terrenos elegidos se encuentran en el barrio de Penyaroja: dos parcelas previstas inicialmente para un espacio educativo y zona verde que se convertirían al uso residencial para indemnizar a Igsa.
Así pues, consistorio aprobaría un nuevo planeamiento que, por un lado, corregiría la situación de los edificios que habían quedado fuera de ordenación tras el fallo y, por otro lado, cambiaría el uso de las parcelas de Penyaroja para más tarde permutarlas con la constructora. El Ayuntamiento aseguraba entonces que estaba trabajando en un acuerdo en forma de convenio con Igsa, y el pasado verano la nueva concejala del ramo, Sandra Gómez, insistía en que el convenio se estaba “gestando”.
Sin embargo la aprobación del nuevo planeamiento se publicó la semana pasada y, tres años después del anuncio, no hay acuerdo con la empresa para hacer la permuta. O en otros términos: se han regularizado todos los edificios construidos y, además, se ha convertido en residencial suelo educativo y de zona verde que pretende ser entregado a una firma con la que no se ha sellado un pacto por el momento para tal operación, según confirman fuentes de la concejalía de Urbanismo.
La intención del Ayuntamiento es hacer realidad la permuta a través de la vía de la expropiación con pago en especie, como publicó Valencia Plaza. Pero aun así, se requiere de un acuerdo, tal como señalan en la concejalía, puesto que de lo contrario, la expropiación sólo podría hacerse a cambio de dinero, que es lo que se quiso evitar desde el principio. Y pese al anuncio de estar trabajando en un convenio en su momento, ahora el consistorio explica que cuando hay que sellarlo es ahora, tras haber modificado el planeamiento. "Hasta que no se publicara [la nueva ordenación] y se hiciera oficial, no nos íbamos a poner a negociar nada porque era un paso necesario", esgrimen.
Lo cierto es que precisamente la falta de acuerdo ha motivado que Igsa continúe reclamando sus derechos en sede judicial. Este diario adelantó su demanda en el contencioso-administrativo sustanciada a finales del año pasado contra la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València y exige una indemnización de 53 millones de euros por responsabilidad patrimonial. Cuestión sobre la que deberá dirimir el Tribunal Superior de Justicia.
Pero la judicialización del embrollo no acaba aquí. La Asociación de Vecinos de Penyaroja se mostró desde el principio contraria a que la administración municipal recalificara suelo público para compensar a Igsa porque restaba dotaciones al barrio y por su proximidad a otro antiguo complejo, las Naves de Cross. La plataforma vecinal, constituida en torno a esta causa, ha tratado por todos los medios paralizar la modificación del planeamiento sin éxito. Según explica su presidente, José Tárrega, también se le trasladaron a la concejalía de Urbanismo diferentes alternativas que, a la vista está, fueron desechadas por el consistorio.
La asociación ya se prepara, como anunció cuando empezó la operación, para recurrir el cambio de planeamiento en los tribunales. Movimiento que será sufragado por diferentes comunidades de propietarios del entorno. El Ayuntamiento de València rechaza que esta amenaza haya echado atrás a la constructora en la aceptación de este suelo que, insisten, manifestó en su momento pese a no haberse suscrito ningún pacto. Con todo, a día de hoy, sólo se ha hecho realidad el cambio de calificación del suelo.
