Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Desde mi punto de vista, no se puede estar pidiendo presupuestos a empresas vinculadas entre sí". El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se mostró tajante este lunes al ser preguntado por presuntado irregularidades cometidas en al menos cuatro contratos del Ayuntamiento de València, para los que se solicitaron ofertas a tres compañías de Valladolid con vínculos societarios entre ellas.
Se trata de cuatro contratos menores, sin concurso público, para los que -como publicó Valencia Plaza- la concejalía de Contaminación Acústica de Giuseppe Grezzi invitó a competir a tres empresas que comparten administradores. Circunstancias que podrían suponer la vulneración de la normativa de competencia y que el director de Antifraude considera, al menos inadecuado, según sus palabras de este lunes en 'La entrevista' de Plaza Podcast.
Allí, cuestionado sobre este caso de posible falta de concurrencia en procesos de contratación del Ayuntamiento de València, Llinares quiso "aclarar" que "no se le puede llamar concurrencia cuando invitas a empresas y todas ellas tienen la misma matriz", refiriéndose a la convergencia de propiedad entre ellas. Si eso ocurre, explicó, "no hay lo que se pretende" en la normativa de contratación, que es precisamente "defender la competencia".
En ese sentido, Llinares continuó insistiendo en que "si son tres nombres diferentes pero es la misma empresa o tienen la misma propiedad, o una misma razón social, aquí ¿qué concurrencia existe?". Una pregunta que el propio director de la Agencia respondió en antena: "Desde mi punto de vista, no se puede estar pidiendo presupuestos a empresas vinculadas entre sí", zanjó sin duda alguna.
El caso, de hecho, ya ha llegado a la Agencia Valenciana Antifraude mediante una denuncia del grupo municipal del PP, que dirige María José Català, tras la publicación de los detalles por este diario. Sobre ello, Llinares aseveró que la investigación se abrirá tras estudiar la denuncia pero instó a dejar que los funcionarios de la Agencia examinen el caso y hagan las consideraciones concretas sobre los hechos concretos.
Para los populares, los vínculos entre las firmas son indicios más que suficientes como para que se pudiera haber producido una "conducta colusoria". Lo que habría supuesto una vulneración directa, por tanto, del séptimo artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia".
El departamento municipal asegura desconocer la vinculación empresarial entre las firmas contactadas para competir y asegura que contactó con estas tres, radicadas en el mismo lugar, porque en ocasiones no existen muchas compañías que puedan prestar un servicio concreto -en este caso, mediciones acústicas y mapas de ruido-. Y defiende que es lícito que concurran firmas relacionadas, como publicó Valencia Plaza este jueves.
En las filas del PP, por contra, rechazan este argumento y defienden que hay empresas de fuera del parque tecnológico de Valladolid -en València, por ejemplo- que pueden prestar estos servicios de estudios acústicos y que, además, no estén vinculadas societariamente.
Hay que recordar que, en otro caso similar, la Agencia Valenciana Antifraude ya advirtió al Ayuntamiento sobre los efectos perniciosos que esta práctica irregular podía alumbrar. Tras invitar a contratos de este estilo a profesionales que trabajaban en un mismo despacho, el organismo dejó claro que esta praxis "podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado", y en definitiva, "haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos".
Es más, la Agencia que dirige Joan Llinares llegó a forzar al Ayuntamiento a elaborar unas nuevas instrucciones internas de contratación dirigidas precisamente a evitar este tipo de casos. Unas instrucciones que la Vicesecretaría General del Ayuntamiento remitió a los servicios municipales el mismo día que se adjudicaron los últimos dos contratos de la concejalía de Grezzi, el 18 de noviembre.
En dichas instrucciones se especificaba precisamente un apartado dirigido a evitar ofertas presentadas por, literalmente, "personas o empresas vinculadas". Y ordena que en todos los contratos menores, el Ayuntamiento exija a las compañías o profesionales a los que se les pida presupuesto, la presentación de una declaración responsable donde dejen claro que "no han presentado ninguna otra oferta" con empresas vinculadas. Con el objetivo de que no se dé "ninguna conducta colusoria". Sobre ello, la concejalía insiste en que este requisito "hasta el momento no se exigía a nivel municipal", pero que "así se hará a partir de su entrada en vigor".
