VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se prepara para aplicar la normativa de lobbies recién aprobada por la Generalitat Valenciana. La concejalía de Transparencia ha iniciado ya los trámites para que el consistorio se adhiera al registro autonómico de grupos de interés con todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, que los miembros del consistorio deberán publicar los encuentros que tengan con los agentes que sean considerados lobbies y que estos sólo podrán tener este tipo de contactos con el ayuntamiento si están registrados como tales.
La edil de Transparencia, Elisa Valía, suscribió el jueves pasado la moción impulsora para llevar a cabo esta adhesión al registro autonómico. Una decisión que ya estaba estudiando el Ayuntamiento de València desde hacía meses, como publicó Valencia Plaza, en la línea con su propio reglamento de Buen Gobierno aprobado hace casi dos años.
Dicho reglamento ya contemplaba una disposición según la cual el consistorio debía adoptar "una normativa" municipal "que regule la transparencia de la actividad de los lobbies en el ámbito del Ayuntamiento de València" y crear, "en su caso", un registro de estos grupos. Ahora bien, al haber diseñado la Conselleria de Transparencia su propio registro, la concejalía ha decidido adherirse para evitar duplicidades.
De esta manera, cuando el gobierno local de luz verde definitivamente a la decisión, el consistorio deberá cumplir con el reglamento autonómico que regula este registro, y que se activó a mediados de febrero. El registro obliga, entre otras cosas, a publicar las reuniones entre los representantes de la administración autonómica y los grupos de presión, así como los contenidos que en dichos encuentros se traten y los documentos intercambiados o que sean fruto de las reuniones.
Los cargos públicos están obligados así a publicar los "contactos" que mantengan -ellos mismos o funcionarios de sus áreas- con agentes externos para influir en la administración, pero la regulación también contempla la publicidad por parte de los lobbies de acciones de presión "indirectas, cuando van dirigidas a la ciudadanía o a una parte de la sociedad" para "influir en la opinión pública y con ello condicionar la toma de decisiones": manifestaciones, lecturas públicas o difusión de manifiestos, campañas de comunicación, etcétera.
En este registro autonómico deben estar inscritos desde empresas o asociaciones empresariales hasta consultores e intermediarios como despachos de abogados, pero también otros agentes como sindicatos o colegios profesionales. Si no están registrados, no podrán mantener los "contactos" con altos cargos. Al adherirse el Ayuntamiento, dichos agentes no tendrán que inscribirse de nuevo, sino que el consistorio hará uso de la base de datos autonómica, según explicaron fuentes municipales.
La moción impulsada por Valía el pasado jueves explica que los lobbies permiten "un intercambio de informaciones que va a redundar en el interés general". Ahora bien, y precisamente de esto va el mencionado registro, sus "prácticas" deben estar reguladas para"evitar que algunos de estos puedan llegar a tener un exceso de capacidad para influir en el sentido de las decisiones".
En ese sentido, subraya la iniciativa, "evitar la opacidad es primordial para garantizar el interés general y fiscalizar con conocimiento la actuación de los poderes públicos redundando en la efectividad del derecho a la buena administración". Por ello, como la regulación de la Generalitat permite "la suscripción de convenios y mecanismos de colaboración" con los ayuntamientos para implantar este registro, el consistorio ha decidido adherirse.