VALÈNCIA. Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo abren un nuevo ciclo en la Comunitat Valenciana y la ciudad de València tras la victoria del PP. Volverá a gobernar la derecha con Carlos Mazón al frente de la Generalitat y María José Catalá al timón del consistorio valenciano. Y, aunque todavía falta conformar los nuevos equipos y trazar las estrategias a seguir, muchos sectores económicos ya han dibujado la hoja de ruta y las reclamaciones que plantearán a los nuevos dirigentes.
En el caso del sector inmobiliario, los promotores tienen claros los deberes que ponen tanto al nuevo Consell como al consistorio valenciano. ¿Lo más urgente? Liberar suelos bloqueados para construir más vivienda y aumentar el parque inmobiliario disponible en un momento en el que existe un grave desequilibrio entre oferta y demanda. Pero no solo eso, sino que también apremian a agilizar la concesión de las licencias para generar actividad económica y evitar que haya una fuga de la inversión por los dilatados tiempos administrativos, como ya están detectando desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València (COGITI).
En un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad por el alza de precios y las dificultades para acceder ya no solo a la compra, sino también al alquiler, desde el sector urgen a actuar por el lado de la oferta para cubrir las necesidades actuales. Y, para ello, creen que lo más acuciante es liberar suelos como el PAI de Benimaclet o el del Grao para construir más inmuebles y aumentar el stock en el mercado. "Prácticamente no hay nueva oferta", subrayan desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) a este diario.
De hecho, los inmuebles de nueva planta en València llevan años a la baja. Solo en el primer trimestre de este 2023 había disponibles 293 unidades frente a las 301 que se registraron en los últimos tres meses de 2022. Sin embargo, si se compara con 2019, solo hace cuatro años, la caída es aún mayor. Por aquel entonces había unas 700 viviendas de obra nueva en el mercado, cifra que se redujo ya en 2020 hasta las 600 y que ha ido a la baja en los últimos años. En 2021 ya eran unas 400 unidades a la venta y a principios de este año eran 293, según datos de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV.
Y es que como viene advirtiendo el sector, si no se moviliza suelo, no solo seguirá el alza de precios, sino que llegará un momento que no habrá obra nueva en València. Hace ya un año que avisaban de que solo quedaban solares para dos años y, de seguir así, la tensión en el mercado se irá agravando.
Pero, para poder sacar el máximo de proyectos adelante, Aprova también insta a agilizar todos los trámites administrativos para reducir el periodo de concesión de licencias. "Es necesario simplificar y reducir la burocracia", remarca. A lo largo de estos años, esta cuestión ha provocado un verdadero quebradero de cabeza a muchos empresarios con esperas de hasta dos años para obtener el permiso municipal. Incluso, se ha llegado al extremo de estar esperando hasta cinco años como le ha pasado a la compañía de capital alemán Corestate, que, de hecho, subraya que no se plantea volver a invertir en el 'cap i casal' por esta situación.
También, los promotores reclaman, tanto al nuevo Consell como a la nueva corporación municipal, una "apuesta real por la colaboración público-privada" que "no se quede en las palabras, sino que se convierta en hechos". Y es que, aunque en muchas decisiones que se han adoptado se ha dado voz al sector, también han surgido leyes que han considerado una amenaza contra su actividad como el decreto de tanteo y retracto o la norma para regular la actividad de los grandes tenedores y luchar contra el acoso inmobiliario. Un texto que se suavizó y que cambió su título precisamente por las críticas del sector inmobiliario que consideró que se ligaba su negocio con una práctica ilícita y, por tanto, su espíritu no era otro que el de estigmatizarlos.
También, inciden en la necesidad de promover vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como vivienda de protección oficial (VPO), tanto para la venta como en régimen de alquiler. Una tipología que en la Comunitat Valenciana ha estado durante años paralizada. Según cifras de la propia Conselleria de Vivienda, mientras en los años noventa fueron 110.860 las viviendas que recibieron la calificación de VPO, entre 2010 y 2020 únicamente fueron 3.453 unidades y en los últimos dos ejercicios, ninguna.
Foto: EDUARDO MANZANA
