Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Desesperación entre los promotores por la escasez de suelo que hay en València y la "inacción" de la Administración para desbloquear los desarrollos urbanísticos que tiene pendientes la ciudad. Un sentimiento que es unánime en el sector, que lleva meses exigiendo soluciones a un problema que se agrava en el tiempo y que ya está teniendo sus primeras consecuencias: subida de precios. El problema radica en que quedan pocos solares de gran tamaño disponibles y los que hay no acaban de salir al mercado por cuestiones administrativas.
Una situación que de no corregirse, auguran que provocará una grave distorsión en el mercado valenciano ante una demanda muy activa que, sin embargo, se está quedando sin producto. De hecho, el informe último elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) apunta a un descenso de los nuevos proyectos residenciales en el cap i casal del 48% en solo un año, lo que ha provocado ya un encarecimiento en los precios del 15%.
Así se puso de manifiesto este jueves en una mesa de expertos, celebrada en el marco de Forinvest, en la que se debatió sobre el porvenir del mercado inmobiliario en la actual coyuntura y que estuvo moderada por Antonio Olmedo, presidente de la Asociación provincial de Promotores y Agentes urbanizadores de Valencia (Aprova). En la jornada intervinieron Agnés Noguera, consejera delegada de Libertas 7; Vicente Llácer, CEO del Grupo Ática; Tina Pastor, CEO de Beetliving Management SL; y Sixto Bayo, director territorial en la zona de Levante de Neinor Homes.
Todos ellos coincidieron en la urgencia que tiene la ciudad de desatascar los desarrollos bloqueados, como el PAI de Benimaclet o el del Grao, así como en la urgencia de una mayor agilidad administrativa. Porque, llevan tiempo denunciado este desequilibrio, mientras la obra nueva sigue a la baja en la ciudad. "O solucionamos el problema o dentro de dos años no habrá vivienda nueva en València y los precios se acabaran disparando porque no habrá oferta", advirtió Sixto Bayo.
De hecho, los datos del propio consistorio valenciano también corroboran esta progresión a la baja de los nuevos proyectos residenciales en la ciudad, con solicitudes de licencias de obra nueva en mínimos en el último lustro. Solo en 2021 se solicitaron peticiones para 868 inmuebles, la mitad que en 2020, año marcado por la pandemia. Y los promotores exigen soluciones.
En este sentido, Agnés Noguera lamentó que el problema de escasez de suelo en la Capital del Turia es acuciante por las complicaciones que se encuentran a la hora de encontrar nuevos solares. Pero también por la "dificultad" en cuanto a la percepción y mentalidad que tiene la Administración respecto a los promotores. En este sentido, Vicente Llácer apuntó a la "falta de modelo" que hay en la ciudad. "En breve no habrá suelo en València y veremos qué hacemos", alertó. Y todo ello, recordó, en un momento en el que el sector se ha transformado para cumplir con las nuevas exigencias en un entorno de incertidumbres.
La parálisis radica, según comentó Tina Pastor, en que las bolsas grandes de suelo pendientes de urbanizar "no salen al mercado" y, por tanto, "no hay suelos finalistas para desarrollar". "Y desde la Administración no hay manera de que salgan", lamentó. Aunque quedan pequeñas pastillas, explicó, su superficie y las exigencias que deben cumplir los promotores "hacen inviable" los proyectos porque no salen los números, especialmente ahora con el contexto inflacionista.
Un problema que hace unos días se le trasladó al alcalde de València, Joan Ribó, comentó Antonio Olmedo, quien aseguró que el primer edil tomó "buena nota" del diagnóstico que le dibujaron. "No hay oferta para la gente y no podemos seguir promoviendo. Y hay que recordar que por cada vivienda que se construye se crean tres puestos de trabajo, además de las tasas e impuestos que se generan", reivindicó el presidente de la asociación de promotores valencianos.
"Es triste que en este momento en el que que hay una demanda sana de vivienda no tengamos capacidad de darle una respuesta. Hay muy buenos ritmos de ventas y, pese a la situación macroeconómica en la que estamos, pensábamos que supondría alguna afección y no hemos tenido ese problema. Sin embargo, no podemos satisfacer la demanda", incidió Bayo.
Los promotores también pusieron el acento en la necesidad de "profesionalizar" las cuestiones relacionadas con el urbanismo y la vivienda en la Administración más allá del color político del gobierno del momento. Porque, según lamentaron, en muchas ocasiones en València "se encuentran una muralla" a la hora de que se atiendan sus peticiones. "El urbanismo está politizado y muchas veces ni siquiera son consecuentes con lo que dicen. Las consecuencias de sus políticas ahora mismo es un encarecimiento de los precios", subrayó Llácer.
Así, Pastor subrayó que esa subida ha sido consecuencia de la "intervención" que se está acometiendo en el sector y que está provocando el "efecto contrario al deseado". "¿Qué ha pasado con el tope a los alquileres que plantea el Gobierno? Muchos propietarios han decidido sacar del mercado sus viviendas y esa menor oferta ha provocado que se suban los precios. El intervencionismo en el mercado es peligro y genera el efecto contrario a lo que ellos quieren", afirmó.
También se apuntaló a la revisión de la normativa actual para adaptarla a las nuevas necesidades. "¿Cuántas naves hay en la ciudad que están en un estado ruinoso y, sin embargo, no podemos cambiar su uso?¿Qué sentido tienen?", se preguntó Noguera para incidir en que en algunos casos es necesario revisar los usos que fija la normativa urbanística, vigente desde los años 80-90. A su juicio, lo que debe replantearse la Administración es el futuro que quiere para la ciudad en el largo plazo, es decir, en los próximos 20 años. "Hay que pensar más allá de los cuatro años que dura un mandato", remarcó.
Por ello, Olmedo defendió la necesidad de actualizar las normas vigentes a través de una ordenanza "ordenada" que genere seguridad jurídica para favorecer las inversiones y permitir a las empresas hacer sus planes de negocio a dos o tres años con el fin de que se genere riqueza y empleo, dos cuestiones claves para un sector que representa el 17% del PIB en España.
Otras de las cuestiones que también se pusieron encima de la mesa fue la industrialización en los procesos constructivos, una alternativa que entra con fuerza en el sector por el control de costes y la agilidad del proceso, pero que, sin embargo, para muchas compañías no es rentable por los sobrecostes añadidos. Por tanto, aunque la construcción se encamina hacia la tecnificación y la mecanización de procesos, los asistentes señalaron que aún falta recorrido, aunque ese es el camino. "La curva de aprendizaje aún será larga", puntualizó Noguera.
