Héctor Illueca. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El hasta ahora director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España, Héctor Illueca, será el futuro vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, tras la anunciada salida de Rubén Martínez Dalmau. Un nombre que sonaba desde hace días en todas las quinielas para ocupar el cargo y que este martes hacía oficial Podem, quien gestiona este departamento por el reparto de poder acordado en el Botànic.
No obstante, aún está por concretar cuándo será efectivo este relevo en la Administración valenciana. Este mismo jueves, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunirá con la coordinadora general de Podem en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, para tratar la sustitución del vicepresidente segundo. El jefe del Consell será quien determine el calendario para que se haga efectivo el cambio, después de que Podem ya haya proporcionado el nombre del futuro nuevo conseller, tras la determinación de Dalmau de dejar el Ejecutivo.
Un adiós que trasladó al 'president' y a su equipo de confianza tras constantes pugnas internas en el seno de la formación morada. Ahora, Illueca coge las riendas de una Conselleria con muchos planes en marcha, pendientes de ejecutar. Dos años de legislatura por delante con varios frentes abiertos. No son pocos los retos que encarará el nuevo conseller en medio de una pandemia y con la llegada de los fondos europeos de recuperación.
El todavía responsable de Vivienda se va dejando una hoja de ruta perfilada con unas políticas que están por culminar. Dalmau llegó a la Generalitat con el reto de 'construir' una Conselleria desde cero e iniciar una serie de proyectos que han tenido estos años un denominador común: ampliar el parque público de vivienda. Y, para ello, ha articulado toda una serie de herramientas legislativas, entre las que destaca el que sin duda ha sido su 'plan estrella': el Decreto Ley de tanteo y retracto. Unos planes que el nuevo conseller deberá materializar en los dos años que quedan de legislatura.
Sin duda, uno de los pilares sobre los que ha girado la mayoría de políticas de Dalmau ha sido ampliar el parque público de vivienda, que actualmente cuenta con cerca de 14.000 inmuebles. La hoja de ruta marcada es el 'Pla Hàbitat 20-30', que prevé duplicar la cartera de activos de la Generalitat en diez años. Una líneas maestras a futuro que, sin embargo, el nuevo conseller deberá desarrollar para, por lo menos, conseguir engrosar más el número de inmuebles públicos.
En el medio plazo, el proyecto más próximo para cumplir con esta ambición es el plan que prevé la construcción de 2.400 viviendas en cinco años a través de tres mecanismos: la cesión de suelo a agentes privados y cooperativas y la promoción propia a través de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria. Por el momento, ya se ha licitado la cesión de 29 suelos públicos para promotores y se está ultimando las bases para el concurso de ideas de los primeros cuatro proyectos de promoción pública que acometerá la EVha y que, a priori, supondrán la construcción de cerca de 250 viviendas en dos años.
No obstante, para poder cumplir con los objetivos marcados, el nuevo equipo de Vivienda deberá adjudicar los suelos a los agentes que hayan concurrido a la convocatoria pública, licitar las parcelas destinadas a cooperativas y lanzar, a través de la EVha, nuevas promociones para que esas 2.400 casas prometidas no queden en papel mojado. También, retomar las obras en la fantasmagórica torre de Sociópolis, que Vivienda se comprometió a iniciar este próximo mes de diciembre.
Pero, además, todavía está pendiente de desarrollo una parte del Decreto Ley de tanteo y retracto que permitirá a la Administración ejercer estos derechos de adquisición preferente a favor de entidades sin ánimo lucro, lo que permitirá sumar más vivienda a la Generalitat. Un cometido que también se deberá abordar en los próximos meses, porque está por definir su reglamentación.
Por tanto, si el nuevo conseller sigue la política marcada por su antecesor, deberá dar un revulsivo a las adquisiciones o acelerar otros mecanismos que también hay en marcha, como la compra directa de pisos a particulares o la rehabilitación de edificios del parque público. De acuerdo con cifras de la Conselleria, en 2020 se compraron 372, una cifra inferior a la prevista, que era de 1.000 viviendas al año.
Por otro lado, Vivienda también ha emprendido su particular cruzada contra los grandes propietarios de inmuebles vacíos con el fin de darles una salida en el mercado. Según sus cálculos, hay más de 19.000 viviendas deshabitadas en la autonomía valenciana en manos de grandes tenedores y entidades bancarias. Para conseguir movilizarlos, este departamento ultima un decreto que prevé la creación de un registro para que grandes tenedores de más de diez inmuebles informen semestralmente y de forma obligatoria a la Administración de sus viviendas desocupadas.
En caso de poner esas casas a disposición de la Generalitat, la norma incluye bonificaciones. Mientras que si no las comunican, hay previstas sanciones que pueden llegar a casi el millón de euros. No obstante, el decreto todavía está por aprobar y poner en marcha.
También está pendiente la creación de una red de agentes inmobiliarios que colaborarán con la Generalitat para lograr que propietarios privados de viviendas en desuso, de forma voluntaria, las cedan a la Administración para que puedan ser ofertadas en alquiler a precios asequibles. Un servicio que pretende captar inmuebles del mercado libre para destinarlos al alquiler social y que también falta sacar adelante.
Otro de los retos de Illueca será reducir la larga lista de demandantes de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. Según datos de la propia Conselleria, son más de 18.000 las personas que han solicitado un inmueble público en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Generalitat Valenciana. En concreto, unas 8.088 corresponden a peticiones en Valencia, 7.996 en Alicante y 2.184 en Castellón.
Del total de solicitudes, 12.572 son de personas que están ya en la lista de espera para que les sea asignada una vivienda, mientras que las restantes están todavía por resolver. El pasado 6 de agosto, el Consell aprobó la creación de un nuevo registro para reducir los trámites y agilizar las adjudicaciones de inmuebles públicos. Habrá que esperar para comprobar si cumple su cometido.
En los próximos meses, Illueca encarará su primera negociación de Presupuestos de la Generalitat, los correspondientes a 2022. Un pulso entre los partidos del Botànic para cuadrar las cuentas, con unos recursos que siguen limitados por la reforma pendiente de la financiación autonómica y la desaparición de los fondos extraordinarios del Estado para combatir la crisis de la covid-19. Unos fondos que ya no estarán disponibles el próximo año y que impedirán que las cuentas crezcan al mismo ritmo que en los dos últimos ejercicios.
Por otro lado, la gestión de los fondos europeos también será clave para el nuevo conseller. En materia de vivienda, España movilizará 6.820 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana antes de 2026.
A finales de julio, el Gobierno y las CCAA acordaron la distribución de 1.631 millones de euros del total para poner en marcha este mismo año los programas de rehabilitación residencial y de edificios públicos. De ellos, la Comunitat Valenciana recibirá un total de 175 millones de euros. Una asignación que la Conselleria deberá ejecutar cumpliendo con las exigencias y plazos marcados, para no perder la oportunidad que estas ayudas suponen para la reactivación económica.
