Mestalla, La Marina, Serrería...: los encargos del 'señor Lobo' de València avanzan a duras penas

VALÈNCIA. El futuro del Nou Mestalla, la transición en la gestión de la Marina de València o el soterramiento de las vías de Serrería son algunos de los grandes retos que tiene ante sí el gobierno local de València. Bien por su complejidad urbanística, por sus implicaciones jurídicas o por la necesidad de articulación de diversas administraciones, el ejecutivo que dirige María José Catalá considera estos asuntos de especial tratamiento hasta el punto de que creó una concejalía específica para llevarlos a buen puerto, el área de Grandes Proyectos que encabeza el edil José Marí Olano.

El que fuera presentado como 'señor Lobo' de la candidatura del Partido Popular en el Cap i Casal por su efectividad y capacidad resolutiva -en referencia al personaje de Pulp Fiction- es, de este modo, el encargado de hacer frente a los principales embrollos municipales en un área que también incluye Patrimonio y Sanciones -el pasado mes, el PP fichó un abogado de asesor para fortalecer esta concejalía-. Sin embargo, a lo largo de los nueve meses de trabajo se han revelado las dificultades que hacen que los progresos no sean todo lo rápidos que gustaría: las tres principales metas del departamento avanzan a duras penas.

Primero la batalla judicial con el Valencia CF y después la falta de consenso político dificultan vislumbrar todavía un destino claro para el nuevo coliseo. Por otra parte, la liquidación del Consorcio Valencia 2007 conformado por Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento para la gestión de La Marina ha obligado a articular para este espacio una nueva configuración jurídica con el Puerto que todavía sigue en ciernes. Y la falta de atención por parte del Ministerio de Transportes impide por ahora sacar adelante una infraestructura tan importante para el gobierno local como el soterramiento de las vías de Serrería.

Mestalla: tras la ATE, falta acuerdo

Quizá el embrollo más conocido, por mediático, es el del Nou Mestalla. Después de que la Generalitat Valenciana caducara la Actuación Territorial Estratégica (ATE) impulsada por el Valencia CF, el Ayuntamiento de València ha estado a la espera de que la justicia resolviera los recursos del club che. Las sentencias del TSJ, que llegaron el pasado mes de abril pero que el Valencia h, podían mantener vigente el plan urbanístico, por lo que el gobierno municipal, con el edil Juan Giner (PP) al frente de la concejalía de Urbanismo, prefirió esperar a dibujar otro marco urbanístico hasta que no se aclarara el panorama judicial.

Esta demora se suma ahora a la falta de consenso político para diseñar las nuevas reglas. El Ayuntamiento debe aprobar antes del 3 de agosto las fichas urbanísticas del Nou Mestalla, que impedirían al Valencia explotar sus suelos de viviendas, comercios y oficinas si no acaban el estadio y financian el polideportivo municipal de Benicalap. El problema para los concejales populares de Grandes Proyectos y Urbanismo es que su socio de gobierno, Vox, que lidera su portavoz Juanma Badenas, se niega a aprobar nada relativo al club hasta que no se haga una auditoría del proyecto del nuevo estadio.

Con este panorama, el PP requiere de los votos de Compromís o PSPV para aprobar las fichas, y si no ocurre antes de agosto, el club que preside Peter Lim podrá disponer de los aprovechamientos urbanísticos sin ningún requisito. La oposición exige a Catalá, por su parte, que firme con el Valencia un convenio con un calendario de las obras, un aval financiero y unas características obligatorias para el estadio. Los populares, sin embargo, insisten en que un convenio requiere de acuerdo con el club, pero además no lo ven necesario ahora porque el proyecto que presentó el Valencia en enero, y cuya licencia está en trámite, ya cumple con los requisitos del estadio 'cinco estrellas' que se prometió en 2005. Por ello, Catalá quiere aprobar las fichas y, tras ver las obras iniciadas y a buen ritmo, intentar el convenio con el club.

La Marina: casi resuelto

El embrollo de La Marina también lleva años sin resolverse, pero podría considerarse el que más próximo está de aclararse. El Consorcio Valencia 2007 -conformado por Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento- gestionaba este espacio tras la Copa América. Después de que el Estado asumiera los 350 millones de deuda del organismo hace ya cuatro años, el ente encara su liquidación y ya está en los últimos compases. Así, para la gestión de esta parte de la fachada marítima, cuya titularidad es parte del Puerto de València y parte del Ayuntamiento, se planteó un nuevo organismo de gestión interadministrativa, pero finalmente no será así.

De este modo, no habrá un ente de gestión conjunta como el antiguo consorcio, sino que cada administración se encargará de sus parcelas y crearán un órgano de cooperación entre la Autoridad Portuaria y el consistorio, anunciado el pasado mes de noviembre. Desde entonces, hace seis meses, se trabaja en la redacción de un convenio para alumbrar este nuevo órgano, y aunque la concejalía Marí Olano está ultimando el texto como publicó Valencia Plaza, todavía no se ha aprobado, paso previo a la suscripción por ambas instituciones. Una vez ocurra, quedará nombrar a los representantes y constituirlo.

A la espera del Gobierno en el Grao

El proyecto más incierto, por la falta de sintonía entre administraciones hasta el momento, es el del soterramiento de las vías de Serrería. Una actuación que afecta directamente al futuro PAI del Grao, cuyo planeamiento ya tramita el Ayuntamiento de València. El PP hizo de ella una de sus exigencias clave en campaña al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y al alcanzar el gobierno local sigue manteniendo la tensión en compañía de asociaciones vecinales, e incluso ha solicitado el apoyo del Puerto.

El gobierno municipal ha propuesto al Gobierno para esta actuación un convenio similar al de soterramiento de las vías del canal de acceso, donde el Estado asume la mitad del coste de la obra y el resto, la Generalitat y el Ayuntamiento. Una propuesta que en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente no acaban de convenir dado que, aseguran, a diferencia del canal de acceso, estas obras serían una actuación de mejora urbanística sin repercusión funcional sobre el trazado de la red ferroviaria.

Todo pese a que el Ayuntamiento ha propuesto aportar 10 millones de euros para los proyectos y parte de las obras. Así, desde el consistorio esperan retomar las reuniones técnicas con el Ministerio para acabar el estudio informativo sobre la prolongación del túnel de Serrería y determinar los términos de la cofinanciación. Sin embargo, desde la Secretaría General de Transportes, dirigida por la ex gerente de la EMT de València, Marta Serrano, todavía no se ha fijado fecha.