VALÈNCIA (EFE). La alcaldesa de València, María José Catalá, ha solicitado su apoyo a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para conseguir que el Gobierno financie el soterramiento de las vías de Serrería.
Es una infraestructura "clave" para el desarrollo de la ciudad y su conexión definitiva con el mar, y también es esencial a medio y largo plazo para la salida ferroviaria de mercancías del puerto, según ha dicho la alcaldesa.
Catalá ha solicitado al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión para abordar el soterramiento de las vías de Serreria y su financiación, en la que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar.
"Estamos muy preocupados porque la falta de Presupuestos Generales del Estado va a perjudicar gravemente a la ciudad y a este proyecto. Necesitamos abordar de forma urgente esta cuestión y no prolongarla durante más tiempo", ha defendido la alcaldesa
La Autoridad Portuaria ha respaldado la petición y se suma a la reivindicación del soterramiento de las vías de Serreria.
Por su parte, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha pedido a las administraciones una solución para la prolongación sur del soterramiento de las vías de Serrería, una obra pendiente desde hace décadas "imprescindible" para la vertebración de la ciudad.
La federación ha solicitado reunirse con las distintas Administraciones públicas implicadas para conocer la situación real respecto al proyecto de prolongación sur del soterramiento de las vías de Serreria.
Las asociaciones vecinales de la zona (Natzaret, La Punta, Grau-Port y Penyarroja) y la Federación se han reunido esta semana para iniciar acciones al respecto, la primera pedir una reunión con el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Transportes.
La infraestructura, que está pendiente desde los años 80, para la que ya se recaudó financiación a partir de los distintos PAI y sobre la que distintos gobiernos se han comprometido, sigue "sin planificación ni financiación", señala.
Según la presidenta de la federación vecinal, María José Broseta, aunque los inicialmente afectados son los vecinos y las vecinas de la fachada marítima, es una cuestión que afecta al conjunto de la ciudad y que es decisiva para llevar a cabo "una verdadera vertebración del territorio".
“Es una reivindicación histórica y es inadmisible que, cuarenta años después, no se haya concretado el desarrollo de un proyecto que ha de poner fin a la barrera existente entre el cauce histórico del río y el nuevo que nos impide comunicarnos", ha manifestado en un comunicado.