Metrovacesa recupera el PAI de Benimaclet

VALÈNCIA. Metrovacesa recupera la gestión urbanística del PAI de Benimaclet, después de que el Ayuntamiento de València no haya recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que falló a favor de la promotora y que obligaba al consistorio a tramitar el proyecto de la compañía. Y ello pese a que en un principio, la socialista Sandra Gómez, entonces responsable del área de Urbanismo, anunciara un recurso ante los tribunales, un movimiento que nunca ejecutó. Por tanto, la decisión del alto tribunal valenciano ya es firme y debe ser cumplida, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.

Ante esta situación, será el nuevo equipo municipal de María José Catalá el que decidirá el futuro de este sector, pero de la mano de la compañía, cuya propuesta contemplaba la construcción de 1.345 viviendas en los terrenos que lindan con la Ronda Nord. Así, ahora se abre un nuevo escenario tras años de bloqueo en uno de los pocos desarrollos urbanísticos que quedan pendientes en el 'cap i casal'. 

Fue trece días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo cuando el alto tribunal valenciano dio la razón a la Agrupación de Interés Urbanístico, esto es, la alianza urbanística entre Metrovacesa, poseedora del 40% del suelo, y los pequeños propietarios, que en conjunto suman el 51% de la superficie total del PAI. De esta forma, obligó al consistorio, entonces liderado por Joan Ribó, a tramitar la iniciativa privada e iniciar la evaluación ambiental. 

La promotora había recurrido en 2021 la determinación del anterior gobierno de València de tumbar su plan en Benimaclet al considerar que había contado con un gran proceso participativo y pasado por todos los trámites administrativos pertinentes. Los magistrados, en su escrito, rechazaron el argumento del consistorio de excluirlo en base a la nueva filosofía de urbanismo postcovid al señalar que no había hechos nuevos que motivaran esta decisión. 

Además, subrayaron que los nuevos criterios urbanísticos que defendía la corporación municipal eran "totalmente diferentes" a los que se tuvieron en cuenta en el momento en el que la compañía presentó su iniciativa y recibió el visto bueno municipal y, por tanto, no se les podría dejar de lado y excluirlos de la gestión del suelo.

Tras conocerse esta sentencia, la concejalía de Urbanismo, entonces liderada por Gómez anunció que su departamento iba a recurrir la medida. Quizás la campaña electoral y la cercanía de los comicios eclipsaron esta cuestión, pero lo cierto es que ni el equipo de gobierno anterior, liderado por Compromís y PSPV, ni el nuevo equipo de Catalá han movida ficha en este sentido. Y, mientras tanto, el tiempo ha ido transcurriendo, culminando el plazo para recurrir, por lo que desde este pasado viernes la sentencia ya es firme y València debe tramitar el plan de la cotizada.

En concreto, el proyecto se asienta sobre el Sector 4-PRR "Benimaclet" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una superficie de 269.775 metros cuadrados. De ese total, la propuesta de la empresa pasa por destinar a usos públicos el 82% del suelo (equivalente a 220.217 metros cuadrados) y el 18% restante (49.478 metros cuadrados) a uso terciario y residencial. De estos últimos, el 10% se cederá al Ayuntamiento de València.

El futuro del PAI

En los últimos años, el PAI de Metrovacesa había provocado notorias y públicas discrepancias entre Compromís y PSPV. Unas diferencias que fueron retrasando el desarrollo de este sector. Sin embargo, finalmente, los exsocios de gobierno llegaron a a un acuerdo para encargar a la empresa municipal Aumsa la redacción de un nuevo Plan Especial de Benimaclet. Se trataba de una propuesta que no únicamente recogía los suelos del PAI, sino que buscaba dar solución a todas las zonas de la ciudad afectadas por la cercanía de la Ronda Nord. 

De acuerdo con el documento elaborado por Urbanismo y aprobado por el ejecutivo local, el nuevo plan para Benimaclet "deberá incorporar al menos, el estudio de posibles actuaciones a realizar en su borde exterior y espacios adyacentes, para mejorar la conectividad con la huerta y para minimizar los impactos que produce en el sector". Entre otras cuestiones, estipula que al menos un 30% de los nuevos inmuebles sean en régimen de alquiler asequible, así como la preservación del patrimonio de la zona, además de ahondar en las dotaciones del barrio y en la necesidad de crear "una ciudad 15 minutos". 

No obstante, ahora será el nuevo equipo de María José Catalá el que tendrá que determinar si sigue con el modelo del Rialto de incluir el PAI dentro de ese Plan Especial de Benimaclet contando, eso sí, con Metrovacesa, o si, por el contrario, continúa con la tramitación independiente como se planteó en un inicio y en base al concepto que plantea la compañía.

El proyecto de la discordia

Lo cierto es que desde el principio el planteamiento de Metrovacesa suscitaba el rechazo tácito de Compromís y de una parte del vecindario, que se agrupó en diferentes asociaciones, como Cuidem Benimaclet, que durante años llevó a cabo una cruzada contra este desarrollo. Desde la coalición valencianista se defendía un planeamiento con mayor protección de la huerta ya cultivada, desclasificando más de un tercio del sector, de manera que se redujeran las viviendas y las alturas de los edificios.

El PSPV también se posicionó a favor de acometer ciertas modificaciones en el planeamiento de la compañía, pero sin compartir la propuesta de Compromís de reducir edificabilidad para evitar que ese 'recorte' afectara a la reserva de viviendas para alquiler asequible. Unas diferencias que provocaron que durante meses ambas formaciones mantuvieran desavenencias públicas sobre la senda que debe transitar este desarrollo urbanístico. 

Finalmente, la Concejalía de Urbanismo decidía tumbar el proyecto de la compañía, un paso que llevó a Metrovacesa a judicializar la anulación de su plan. Entre sus argumentos, esgrimían el cambio de criterio del consistorio valenciano, que en pleno municipal en 2018 lo aprobó. "La iniciativa ya se admitió. Hicimos un proceso de participación ciudadana y se recogieron las propuestas vecinales. Lo que quieren hacer ahora no se adecúa al modelo ciudad", remarcaba la firma. Ahora, el Ayuntamiento deberá poner negro sobre blanco sobre el futuro de este trozo inacabado de la ciudad para poner fin a años de conflicto en el barrio.