VALÈNCIA. El Gobierno central y el catalán presentaron este lunes la arquitectura del nuevo modelo de "financiación singular" para Cataluña, que prevé que esta administración autonómica recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un plan exportable a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.

El siguiente paso será que el Ejecutivo central lo traslade al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después del verano, con el objetivo, según las previsiones esbozadas este lunes, de acordar los detalles del modelo antes de acabar este año.

Un anuncio que, pese a desconocerse los términos concretos, ya provocó este lunes un aluvión de reacciones contrarias desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero también por parte de algún presidente regional socialista, como el asturiano Adrián Barbón o el castellano-manchego Emiliano García-Page, que no faltó a su cita con la crítica pública a la maniobra de sus compañeros de partido en el Gobierno central. "Es lo que pagamos todos por la investidura de Salvador Illa y la debilidad extrema de Pedro Sánchez. Los españoles no podemos permitirlo", subrayó.

Un clima de tensión ante un asunto global como es la financiación autonómica, cuya reforma viene siendo solicitada por, entre otras, la Comunitat Valenciana desde que caducara el modelo en 2014. No obstante, pese a todos los esfuerzos desde los distintos gobiernos de la Generalitat de diferente signo político, ningún ejecutivo central (ni del PSOE ni del PP) ha avanzado en esta remodelación, algo que ahora podría cambiar debido en buena parte a la necesidad que tiene Sánchez de apoyos en el Congreso ante la crisis desatada con las nuevas revelaciones del caso Koldo.

De hecho, este avance en la financiación singular de Cataluña se produce en el peor momento político del mandato de Sánchez, lo que invita a pensar que, ante un golpe brutal relacionado con una presunta trama corrupta, la contramedida de La Moncloa ha sido redirigir el foco de la actualidad a un terreno de conflicto, por así decirlo, 'conocido'. 

Cabe recordar que, pocos días después de la caída de Santos Cerdán, Sánchez convocaba a Salvador Illa en plena crisis a una reunión en La Moncloa fuera de sus respectivas agendas. Apenas tres semanas después, ve la luz este acuerdo comprometido hace un año con ERC -a cambio de su apoyo a la investidura de Illa-, uno de los aliados fundamentales para el PSOE tanto en Cataluña como en el Congreso, en un asunto que genera fuerte tensión y debate, quizá el suficiente para alejar el epicentro de la actualidad los problemas de corrupción de la formación socialista.

Un acuerdo poco definido

Con todo, el acuerdo ha generado más ruido por lo que se había anuncaido y lo que explicaron en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que por el contenido del documento firmado, que es más bien ambiguo, sin medidas concretas ni fechas.

Baste como ejemplo la llamada aportación "solidaria" para el conjunto de Comunidades Autónomas que realizaría Cataluña tras recaudar todos los impuestos solo aparece vislumbrarse en uno de los principios que rigen el acuerdo: "La aplicación de una parte de los recursos derivados de esta cesta de tributos como elemento de nivelación y solidaridad entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los principios generales del sistema de financiación, presentándose de forma transparente como aportantes netas las Comunidades Autónomas que cuentan con mayor capacidad de generación de recursos".

El pacto ha levantado ampollas en muchas CCAA, incluida la valenciana, porque se ha anunciado una reforma de la financiación a la medida de Cataluña mientras el resto sigue esperando la reforma pendiente desde 2014. 

El Gobierno anuncia ahora que el resto de comunidades podrán solicitar la recaudación de los mismos impuestos, es decir, repite la estrategia que ya siguió con la quita parcial de la deuda autonómica: pacta con Cataluña una medida que se ajusta a sus reivindicaciones y la hace extenisva al resto de CCAA sin haber negociado con ellas.

En el caso de la quita, la oferta a la Comunitat Valenciana no se ajustaba a los intereses valencianos, ya que no tenía en cuenta la infrafinanciación sino un criterio, el del impacto de la crisis, que beneficia a Cataluña.

Una quita de la deuda que se acordó hace 20 meses en un encuentro parecido al de este lunes -con Félix Bolaños y Oriol Junqueras como protagonistas- y que todavía no se ha materializado.