VALÈNCIA. La Diputación de Valencia continuará pagando el alquiler de 5.000 euros al mes hasta diciembre por el local del Carrer Landerer. A partir del 1 de enero de 2018, la relación entre el emblemático espacio y la institución finalizará, aunque, según los delegados de Patrimonio y de Teatros de la Diputación de Valencia, Pepe Ruiz y Rosa Pérez Garijo, la voluntad era la de que la escuela de teatro permaneciera allí. Siempre según la versión de los responsables de la entidad, los propietarios no son favorables a reducir el precio al dejar de estar en funcionamiento su espacio escénico y parte de los almacenes. Y dada esa situación, tal y como han explicado durante un desayuno informativo, se ha decidido “buscar un espacio físico propio y fijo para garantizar una permanencia larga”.
Ese lugar será seguramente el Espai Moma, una de las escasas posibilidades en la ciudad que ofrecen solución acogida a la escuela de teatro, las oficinas y la representación escénica: “el número de alternativas posibles con licencia de actividad cabe en medio tuit”, comentaba el propio Ruiz. Pérez Garijo confirmaba que “el proyecto Escalante será duradero y está garantizado”, “para la presente y futuras legislaturas”, algo para lo que la Diputación ha decidido registrar el nombre que les acompañará "vaya donde vaya". No obstante, el encuentro con los medios ha servido para situar en el tiempo el proceso por el cual se ha llegado a la actual situación y en el que han sido determinantes los informes de ingeniería en torno al edificio "que ha finalizado su vida útil".
La situación empezó a torcerse a unos días de que Pérez Garijo iniciara la primera temporada del actual Gobierno al frente del Escalante. La cronología de los acontecimientos se inició con la caída de cascotes en el patio de butacas y el consiguiente cierre de la sala. Se iniciaron la solicitud de informes técnicos –todos ellos infranqueables en sus conclusiones sobre la situación final del edificio– que, en última instancia, este mismo verano arrojaron una solución "inasumbible" para la Diptuación: "recuperar el teatro supone un coste de 6,2 millones", en gran medida derivados de lo que supondría el derribo del interior de un edificio protegido entre calles estrechas y para lograr unos accesos y habitabilidad muy complejas a partir de las exigencias legales actuales.
La ruptura de las relaciones con los propietarios
En aquel momento, mientras se trataba de salvar una temporada que ya contó con todas las entradas vendidas para sus espectáculos infantiles, se buscó también una solución jurídica:
Además, se encargó un estudio jurídico que ha concluido que la propiedad "incumplió su obligación de realizar las inspecciones técnicas" --que la normativa establece con una periodicidad de cinco años-- y que la Diputación no tiene que hacerse cargo de pagar la rehabilitación puesto que su coste excede del 50 por ciento del valor de reposición del inmueble.
Con esta información, la Diputación decidió --"salvaguardando los intereses de la institución y no de la propiedad", ha subrayado Ruiz-- denunciar el contrato de arrendamiento, firmado en 2004, para que este acabe a 31 de diciembre. El diputado ha agregado que el argumento de los dueños para no sufragar las obras es la cláusulas de ese contrato.
Cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que la Diputación compre el teatro, ha resaltado que la prioridad del actual equipo de gobierno "es el proyecto teatral del Escalante, no el contenedor del Escalante" por lo que ha rechazado destinar a ese edificio más de seis millones de euros que saldrían "de los impuestos de todos los valencianos".
Sin embargo, la corporación provincial sí está "todavía abierta" a que la escuela del Escalante mantenga su sede, posibilidad que los dueños han rechazado hasta ahora esgrimiendo que teatro y centro de formación son "un pack". Por si la negativa de los propietarios persiste, la Diputación está buscando locales alternativos en el centro porque la escuela "continúa", ha garantizado Ruiz.
Respecto al futuro, se estudian alternativas pero se perfila la opción del Espai Moma, aunque por cuestiones burocráticas "no se puede aventurar al cien por cien que esté cerrada". "¿Hay voluntad política por que sea el Moma? Sí; ¿Hay posibilidad legal? Parece ser que sí; ¿Hay posibilidad técnica? En principio, sí; ¿y jurídica? No tenemos problema de momento ", ha aseverado. Respecto a los precios de alquiler, el diputado ha recordado los años de crisis y restricción y, por tanto, ha precisado que "no podrían ser los de 2004 ni los de 2007".
Por su parte, Rosa Pérez ha manifestado el interés por blindar el proyecto Escalante con un espacio fijo, ya que es "mucho más fácil cerrar un teatro si lo hay que si no lo hay". En este punto, ha hecho notar que no todos los dirigentes tienen la misma "sensibilidad" por el teatro y que, quizás otro gobierno, tras el "mazazo" que supuso tener que abandonar la sala a 15 días de empezar la temporada habría optado por desistir, mientras que los actuales responsables "no han suspendido ni una función".
Los problemas estructurales dejarán fuera de juego el ya citado espacio y la programación seguirá itinerando "al menos hasta la temporada de 2018-2019". Pérez Garijo aseguró que el objetivo era "tener una sede fija" para ese momento en un lugar que pueda contar "con la escuela y con licencia de actividad".