Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Como es habitual a principio de año, las administraciones se fijan propósitos para el ejercicio que se estrena. Y el Ayuntamiento de València no está exento de este ritual, pues aprobó a finales de diciembre su Plan Normativo para 2024, en el que cada concejalía fijó sus deberes para el año siguiente en materia de regulaciones municipales.
Así, no es corto este compendio de compromisos de la administración local que gobiernan PP y Vox y que lidera María José Catalá. Desde urbanismo hasta actividades y espacio público, pasando por cuestiones medioambientales como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), de transparencia, servicios sociales o especiales cuestiones turísticas como la regulación de apartamentos turísticos. En definitiva, más de medio centenar de líneas normativas que se quieren empezar a tramitar, aprobar o modificar en el ejercicio actual.
Una de las áreas calientes en los próximos años será, sin duda, la concejalía de Urbanismo y Licencias que dirige el popular Juan Giner. Su área debe redactar el futuro proyecto de ordenanza de viviendas turísticas temporales. Una nueva normativa que el gobierno anterior formado por PSPV y Compromís debía haber elaborado durante el mandato pasado para tener listo a partir de 2021 tras haber superado un largo periodo de participación ciudadana y de alegaciones.
Sin embargo, la legislatura finalizó sin que se conociera ningún borrador al respecto. Tan solo pinceladas de las intenciones del anterior bipartito: querían introducir la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de los mismos de dar cierta información sobre su actividad a la administración municipal para asegurar el control de la legalidad en la misma. Por ejemplo, qué plataforma utilizaban para alquilar los inmuebles o el número de días al año alquilados.
La ordenanza se circunscribiría a las viviendas de uso turístico ocasionales, no a las consideradas profesionales como consecuencia directa del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP) de marzo de 2020 que fijaba que las viviendas turísticas ocasionales estaban prohibidas hasta que existiera la ordenanza reguladora del sector. La ocasional sería aquella vivienda que funcionase como domicilio habitual de un particular -debería estar empadronado- y decidiera comercializar con fines turísticos hasta un máximo de 60 días al año. La calificada como 'profesional', por su parte, sería aquella que estuviera situada en un bloque exclusivo de viviendas turísticas y no tendría restricción temporal para ser alquilada en todo el año.
Sin embargo, en julio del año pasado el Tribunal Supremo anuló las limitaciones del PEP de Ciutat Vella a las Viviendas de Uso Turístico. El TS, así, ratificó la anulación de los tres requisitos que el anterior gobierno municipal quiso imponer a la actividad de Viviendas de Uso Turístico ocasional. Por lo que una de las cuestiones que figuran en el Plan Normativo de 2024 es la modificación puntual del PEP de Ciutat Vella con la finalidad de adaptar la norma al fallo.
Con todo, el gobierno actual formado por PP y Vox deberá regular la implantación de las viviendas turísticas en València. Por lo pronto, tan solo se conoce que el Ayuntamiento trabaja de la mano de la Universitat de València para establecer las líneas maestras de la nueva ordenanza. De forma paralela, ha puesto en marcha un plan de inspección de apartamentos turísticos ilegales formado por cuatro equipos de trabajo que se encargan de inspeccionar los 440 pisos turísticos denunciados por los vecinos en los últimos años. Unas inspecciones que ya han comenzado por los barrios de Zaidía, Ciutat Vella y Marítimo.
Más allá de lo detallado, el Ayuntamiento de València arrastra deberes enquistados y que, otro como cada año, aparecen en el Plan Normativo anual. Es el caso de la ordenanza de convivencia y civismo, que debe regular conductas que frecuentemente enfrentan a los vecinos entre sí o con la administración. A priori, esta norma regula el botellón, el ruido nocturno, la tenencia de mascotas, los delitos de odio, la música en las playas, la mendicidad coactiva (gorrillas o limpiadores de cristales de coche), el deterioro del espacio público/privado, o los excrementos en las calles, entre otros muchos.
A pesar de su transcendencia, la normativa lleva años guardada en un cajón y no terminó de ver la luz durante los mandatos de PSPV y Compromís. Ya con Anaïs Menguzzato como concejala de Policía Local en 2017, se firmó un convenio con la Universitat de València para que se encargara de la redacción del documento la Cátedra Protecpol, pero este no logró avanzar porque los servicios jurídicos municipales pusieron reparos a varios apartados porque, o bien se extralimitaban de las competencias municipales, o estos ya estaban regulados en otras normativas.
Con Aarón Cano al frente del área, el tema tampoco logró prosperar. Hasta tal punto, que el ex edil advirtió que los dictámenes del servicio jurídico no eran vinculantes y, por tanto, si veía que se demoraba en exceso, continuaría adelante con el texto y aceptaría algunas alegaciones, pero otras no. Un órdago en toda regla con la intención de que la ordenanza estuviera lista el pasado mes de mayo -antes de las elecciones municipales que propiciaron un cambio de gobierno- que, sin embargo, no llegó a producirse. Así, la norma sigue pendiente y será el ejecutivo de Catalá quien la valide, según recoge el Plan Normativo de 2024.
La implantación de la ZBE viene determinada en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. La norma establece tanto las medidas a poner en marcha como los plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. En particular, en los municipios de más de 50.000 habitantes, que debían de haberlas puesto en funcionamiento hace ya un año, en enero de 2023. Algo que en Valencia no ha ocurrido, a pesar de ser una de las ciudades afectadas.
Desde el Ayuntamiento ya anunciaron que pondrían en marcha una ZBE 'light', dado que los informes que manejaban no demostraban que los niveles de contaminación de la capital del Turia fueran preocupantes ni llegaran al mínimo de lo marcado por Europa. También, hace apenas mes y medio, el concejal de movilidad Jesús Carbonell adelantó que la primera ZBE sería la zona APR de Ciutat Vella y, por lo pronto, la instalación y gestión de 274 cámaras que estarán repartidas por toda la ciudad, que se encargarán de los controles oportunos, está en marcha. Y así ha sido.
Sin embargo, se desconoce el desarrollo que tendrá la ordenanza, cuándo entrará en vigor, si comprenderá más áreas además de la mencionada o a qué vehículos afectará. Incógnitas que deberán resolverse este año, más aún con el Defensor del Pueblo investigando al consistorio por haber dado "marcha atrás" con su implementación; con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, advirtiendo esta misma semana que estaría "vigilante" a que las ciudades valencianas que tuvieran obligación de implantar la ZBE, cumplieran "los hitos", o la crítica del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien señaló que le parecía "poco serio" que se habilitaran espacios sin humos en grandes ciudades, "pero sin multas".
Tal y como explicó el concejal responsable del área, Santiago Ballester, en una entrevista en Valencia Plaza, el Ayuntamiento de València trabaja ahora mismo en una nueva ordenanza municipal de los mercados de distrito de la ciudad. En ella, el consistorio se plantea introducir cambios significativos en el modo de operar de los mercados a raíz de las peticiones que les plantean algunos propietarios de paradas: poder abrir por la tarde, por ejemplo, sería una de las más novedosas. Hasta ahora, tan solo el Mercado del Grau tiene esta prerrogativa, pero no así el resto, que tiene limitada la hora de cierre a las 15:00 horas.
También desde el consistorio se plantean introducir oferta gastronómica "sin llegar a desvirtuar lo que es un mercado municipal". Se trata, por ejemplo, de que cuando un cliente pida probar un producto antes de comprarlo, pueda hacerlo. Hasta ahora, esta práctica es ilegal en los mercados municipales de València, pero es una práctica extendida en otras ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla.
Junto a esto, el gobierno actual también se fija entre sus objetivos adaptar el reglamento del Gobierno abierto, aprobar el nuevo reglamento de la Policía Local o validar la nueva ordenanza de ocupación de espacio público. También desde el área de Parques y Jardines que gestiona Vox se busca validar una nueva ordenanza que establezca el procedimiento para conceder autorizaciones en la gestión de huertos urbanos.
Por su parte, el área de residuos, mejora climática y gestión del agua, tiene entre sus planes aprobar un nuevo Plan Local de Residuos para determinar la estrategia de actuación en los años siguientes en materia de prevención y gestión de residuos. Desde 2020 la Comunitat Valenciana tiene la obligación de tenerlo regulado, y entre sus objetivos se encuentra el fomento de la recogida selectiva. Junto a este, se quiere aprobar una ordenanza municipal sobre limpieza diaria. Vox impulsará, por su parte, el Plan de Juventud de 2024-2028 desde la concjalía de Familia, Mayores y Tradiciones.
