VALÈNCIA. Lo que comenzó por parte del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, como una "apuesta" por que la empresa pública Divalterra estuviera controlada por técnicos debido a todos los escándalos de corrupción que ha protagonizado parece que se ha disipado cuando han llegado nuevas polémicas que salpican al PSPV. La intención, ahora, pasa por que los socialistas asuman el control político total de la firma personalizado en el presidente, el diputado Ramiro Rivera. Primero, con la destitución del gerente, Antonio Mas. Y, segundo, con pasar a ostentar todas las facultades de este último. Todo ello puede tener lugar mañana viernes, cuando Rivera ha convocado un Consejo de Administración para votar la medida.
El desencadenante de la situación es el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra, Eugenia Fernández. Después de que fuera elegida ganadora por el tribunal, el presidente de la empresa pública ordenó que se suspendiera su contratación en enero debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. El gerente desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó a su puesto. Lo siguiente pasó a ser una guerra total a nivel interno, donde predomina la alta tensión, la persecución a los cargos por supuestas filtraciones a Valencia Plaza y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.
De un lado, junto a Rivera y Fambuena se ha situado el director jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera, quien ha elaborado varios informes en los que concluye que hay que anular todo el proceso siete meses después de su inicio y la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades. Estos documentos tenían que votarse en el anterior Consejo de Administración, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera– y ciertas tensiones. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. De hecho, los nuevos nombramientos de los representantes ya comenzaron con polémica la semana pasada puesto que, además de los de los grupos políticos, se votaron los "técnicos" propuestos por el presidente de la Diputación. Aunque todos ellos son funcionarios, sus vinculaciones también son políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual facilitaría esa mayoría deseada dentro del Consejo.
En el otro lado de la polémica se encuentra el tribunal –que se ratificó en su decisión–, pero también la Agencia Antifraude, donde varios miembros interpusieron denuncias. La entidad otorgó la protección a los denunciantes, abrió una investigación al respecto y apoyó su decisión con un informe en el que concluía que el proceso se realizó de forma transparente, correcta y que el recurso del aspirante no podía ser ni siquiera aceptado. También lo avaló el responsable de la Inspección General de Servicios de la Generalitat, quien indicó que el proceso había sido sólido, garantista, correcto y motivado en las decisiones.
Pese a ello, Vera ha elaborado un nuevo informe que figura en el orden del día del Consejo del viernes, tal como han informado Levante-EMV y Las Provincias aunque el director jurídico únicamente detecte filtraciones en lo que se publica en Valencia Plaza. En este documento, señala que el gerente incurrió en "fraude de ley" al firmar la contratación de la nueva jefa de RRHH pese a no tener facultades para ello y también pide responsabilidades para él y para el presidente del tribunal, Vicente Domingo. Así, indica que los acuerdos del Consejo de Administración otorgan a este órgano la competencia en materia de personal y prohíben al gerente contratar a nuevos trabajadores.
Las fuentes consultadas por este periódico matizaron en su momento que dichos acuerdos lo que no permiten es que el gerente contrate en plazas de nueva creación. Algo que no ocurría en el caso de la jefatura de RRHH, puesto que ya existía y sólo se pasaba a relevar a quien la ocupaba.
Su capacidad para la contratación estaba recogida en las propias bases del concurso, publicadas desde julio en la web de Divalterra sin que ningún aspirante las impugnara. Al igual que es pública la actualización de enero de 2020 sobre la contratación de personal externo mediante proceso de selección en Divalterra –aprobada previamente por el Consejo– y donde consta textualmente lo siguiente: "Tras el análisis de lasalegaciones y/o reclamaciones recibidas respecto a las puntuaciones provisionales y una vez adoptados los acuerdos oportunos, el Tribunal presentará al/la Director/a Gerente el documento denominado 'Acuerdo de Contratación' (...) El/la Director/a Gerente, tras el análisis de la información presentada por el Tribunal, aprobará su propuesta mediante la firma del Acuerdo de Contratación (...) En cualquier caso, el/la Director/a Gerente no podrá decidir la contratación de un/a candidato/a que no haya sido propuesto/a por el Tribunal Evaluador, ni tampoco rechazar la contratación de un/a candidato/a propuesto/a por este órgano".
En julio de 2020, cuando se abordó en el Consejo la posibilidad de nombrar a un nuevo jefe de Recursos Humanos, Antonio Mas comunicó su propuesta en el seno de este órgano y especificó que los últimos acuerdos le permitían sacar la convocatoria cuando no se tratara de un puesto de nueva creación, lo que se cumplía en este caso. Ambas versiones, la del director jurídico y la del gerente, por tanto, se contradicen. Lo mismo que el informe del primero y los documentos oficiales actualmente vigentes sobre quién tiene las competencias para la contratación final del personal.
Todo esto lo tendrá que dirimir el propio Consejo el viernes, mientras desde la oposición no ocultan su malestar con estas maniobras y con el hecho de que se haya realizado antes esta convocatoria que la de la Junta General –equivalente al pleno de la Diputación– que solicitaron con carácter urgente la semana pasada. De hecho, tanto PP como Ciudadanos ya abren la puerta a llevar el asunto a los tribunales.
El portavoz del PP en la corporación provincial, Vicente Mompó, apunta que en el Consejo se pueden tomar decisiones "de gran importancia" para el futuro de la empresa como es la continuidad o no en el cargo de su gerente que en realidad debería estudiar la Junta General. Además, asegura que estarán "muy vigilantes" con todo lo que ocurra "por si llegado el momento se deben adoptar medidas para denunciar, donde corresponda, las diferentes polémicas que se han suscitado en los dos últimos meses en torno a Divalterra".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, indica que el viernes pedirán que este tema se lleve a la Fiscalía. "El caso ha llegado a tal punto de gravedad que la justicia ha de tener constancia de lo que está pasando en esta empresa pública y esperamos que los demás lo apoyen. Las presuntas irregularidades en el proceso de selección de Recursos Humanos han ido demasiado lejos. Falta de transparencia, filtraciones interesadas, triquiñuelas de dudosa legalidad, un culebrón más propio de una serie de ficción que de una institución seria y ética como debe ser la Diputación de Valencia", critica.