Enrique Ortega. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El gerente del Hospital General de Valencia, Enrique Ortega, autorizó el reparto de más de 22.000 euros entre un directivo y dos empleados del centro en concepto de complementos salariales que la Intervención de la Generalitat considera irregulares, por lo que insta a que sean devueltos.
Así consta en los resultados del trabajo de auditoría de cumplimiento de la legalidad que el ente fiscalizador de la Generalitat ha realizado sobre el ejercicio 2018, un análisis en el que el órgano detalla una serie de irregularidades en contratación y abonos indebidos de retribuciones que llevan a emitir una valoración "desfavorable", tanto en la contratación como en la gestión del personal.
En concreto, la Intervención detalla que durante ese ejercicio se abonaron más de 23.713 euros de forma irregular que sus perceptores deberían devolver al consorcio. Según la documentación provisional a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, el grueso de esa cantidad se repartió entre tres personas: el director de recursos humanos, nombrado el pasado mes de octubre; una funcionaria de la Diputación de Valencia que desempeñó el puesto de administrativa en dirección gerencia en comisión de servicio; y un médico especialista de análisis clínicos.
El caso más llamativo por la forma en la que se tramitaron los pagos es el del actual director de recursos humanos del centro, José Fambuena. Hasta su nombramiento para ese cargo, ejecutado por el procedimiento de libre designación –con proceso selectivo que se resuelve de forma directa– tras ser el único candidato, ejercía como jefe de recursos humanos.
Según se explica en la auditoría, desde enero y hasta su ascenso a director de RRHH a mediados de octubre de 2018 percibió un total de 5.217,72 euros "por resolución del Director Gerente" en concepto de "Complemento desempeño de funciones". Según destaca el auditor, se trata de un abono irregular porque Fambuena es funcionario de carrera y este complemento está reservado por convenio para el personal laboral. Por lo tanto, la Intervención concluye que debería devolver el dinero.
A ello se suma, además, que Fambuena no cumplía los requisitos para su nombramiento como director de RRHH porque la plaza estaba convocada para el grupo de titulación A1 y él es funcionario de carrera de la administración civil del Estado grupo B. Como consecuencia de ello, desde entonces ha cobrado también una retribución por encima de la que le correspondía.
Según se describe en la auditoría, cuando Fambuena aún era jefe de RRHH, actualizó la plantilla orgánica del Hospital General para incorporar las modificaciones desde su última publicación, unos cambios que implicaban que todos los puestos de directivos clasificados como 'grupo A' pasaban a ser A1 y los del 'grupo B' pasaban a ser A2, "excepto la de Director de RRHH que no se modifica y queda en una situación irregular con la denominación anterior 'A'".
Esa actualización de la plantilla orgánica la llevó a cabo en mayo de 2018, tres meses después de que se convocara el proceso para cubrir el puesto directivo para el que él fue el único candidato.
Su nombramiento, publicado en el DOGV el 16 de octubre, no se ajustaba a la convocatoria, ya que la se le atribuyó un nivel retributivo A2 con complemento de destino 28 a una plaza creada para proveerse por personal perteneciente al grupo A1.
La consecuencia es que hasta final de 2018 cobró un total de 343 euros por encima de lo que correspondía a su categoría. A ellos se suman otros 414 euros abonados de más como parte del complemento específico de 1.800 euros que cobró durante todo 2018, cuando el que le correspondía era de 1.658 euros. Este complemento tampoco se ajusta a la normativa, por lo que el auditor considera que debería reembolsarlo.
Por otro lado, quien cobró la mayor cantidad de manera indebida (9.543 euros en seis meses) fue un médico del servicio de análisis clínicos. Lo hizo tras integrarse en una comisión del centro y en concepto de "Promedio Plus Liberado Sindical", una compensación reservada a los representantes sindicales que por dispensa se dediquen con exclusividad a funciones sindicales.
Sin embargo, en este caso el director gerente del Hospital General aprobó una resolución que le permitía conservar sus derechos económicos y profesionales y, por tanto, la percepción de esos más de 9.500 euros que la Intervención de la Generalitat cree que deberían ser objeto de reintegro.
El tercer empleado más beneficiado por esta suerte de reparto gracioso de pluses autorizados directamente por el gerente fue una funcionaria de la Diputación de Valencia que trabajó en comisión de servicios en el Hospital General hasta el 1 de noviembre.
En concreto se le abonaron 6.641 euros como "Complemento desempeño de funciones", pese a que el abono del mismo fue "rechazado" por las conselleries de Sanidad y Hacienda, según destaca el auditor en su trabajo. Por tanto, debería también ser devuelto.
Según se explica en la auditoría, se trata de un complemento reservado únicamente al personal laboral y no al funcionario, tal y como establece al convenio laboral en vigor. A ello se suma, además, que "tampoco queda justificada la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo, más allá de la intrínseca a la plaza ocupada, que implique adecuar las retribuciones al puesto".
Al margen de los pagos al directivo mencionado y a estos dos empleados, en 2018 se autorizaron pagos de mucha menor cuantía a otros ocho empleados que apenas suman en total 2.000 euros pero que, a juicio del órgano fiscalizador, también deberían ser recuperados por el Hospital al haberse satisfecho de forma indebida.
Pero al margen de estos pagos, la Intervención cree que la dirección ha abonado un complemento personal de garantía a 1.262 empleados como parte del proceso de homologación de los salarios del personal del consorcio al del personal análogo dependiente de la Conselleria de Sanidad.
El complemento, que se aplica por primera vez en junio de 2017, tiene un coste mensual de 65.113 euros para el centro hospitalario. Los reparos que pone la Intervención residen en el hecho de que dicho complemento se aprobó con la condición de tener un carácter transitorio y absorbible con cargo a futuros incrementos retributivos.
No obstante, según se explica, por una resolución del director de Recursos Humanos de julio de 2018, se decidió que la aplicación del aumento salarial prevista en las distintas leyes de presupuestos sin que se produzca la absorción de dicho complemento. Esta decisión se ampara en una disposición del nuevo convenio colectivo, pero esta no sería aplicable al no haber entrado aún en vigor este acuerdo laboral en el que se declara "no absorbible" este complemento.
"Esta actuación es contraria a la legislación aplicable y por ello la Dirección General de Presupuestos la incluye como reparo al texto del V Convenio", recuerda el auditor.
