VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha dado la razón al Ayuntamiento de València y José Luis Moreno tendrá que pagar finalmente 423.000 euros por los errores durante su periodo de gestión del Teatro El Musical, entre los años 2013 y 2015. De este modo, la sala aceptaba el recurso del consistorio contra una anterior sentencia que daba la razón al empresario y productor televisivo, y reconoce el derecho de la administración pública a cobrar por el concepto de daños y prejuicios.
En el mes de marzo de 2015, el anterior gobierno del Partido Popular ya propuso en Junta de Gobierno Local la rescisión temporal del contrato a la empresa de Moreno, llamada Crystal Forest. En este sentido, y según se desprende de la resolución, el consistorio alegaba una serie de incumplimientos dentro de las obligaciones de gestión y explotación para la sala ubicada en el barrio del Cabanyal. Concretamente, lamentaba que no se habían aportado informes justificativos de la satisfacción de los requisitos por los que la empresa había resultado adjudicataria en primer lugar.
De esta forma, algunas de las deficiencias más graves tenían que ver con el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento del edificio, que recaían directamente sobre la empresa después de haber obtenido el contrato para su gestión: "El Ingeniero Técnico del Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural, tras realizar visita de inspección del inmueble municipal, emite informe de valoración económica del mantenimiento anual del Teatro El Musical, en el que pone de manifiesto que no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento del edificio durante el período del contrato", reza el acuerdo de la junta.
Un problema que, según las alegaciones del Ayuntamiento para rescindir el contrato, "generó una situación irregular, ilegal, de inseguridad y de posible riesgo para las personas y para el edificio". Asimismo, también apuntaba que una de las cláusulas del acuerdo era demostrar periódicamente que la firma Crystal Forest estaba al corriente del pago de sus obligaciones ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Una situación que tras la formalización del contrato se demostró no ser cierta, el existir según las inspecciones del consistorio una serie de deudas por parte de la empresa de José Luis Moreno.
Además, a todo esto se une también el incumplimiento de presentar un informe anual con la evolución de la actividad del teatro y las inversiones realizadas en el mismo. Todo ello teniendo en cuenta que este recibía una subvención municipal con el objetivo de compensar todos aquellos gastos que no eran cubiertos con el ejercicio normal del negocio como, por ejemplo, la venta de entradas. Así, el acuerdo de la junta ya determinó que esta circunstancia había "obstruido" las facultades de inspección y dirección de la administración pública, "haciendo imposible realizar la labor de control y seguimiento en la gestión del teatro".
Así con todo, en marzo de 2015 la Junta de Gobierno Local propuso proceder a la rescisión temporal del contrato mucho antes de que este finalizara de manera natural, pues en un principio había sido firmado para cuatro años a contar desde febrero de 2013. Fue luego, ya en 2018, cuando el actual equipo de gobierno aprobó la liquidación definitiva, con las cantidades que la empresa debía abonar al consistorio. Por una parte, existía una deuda de 324.000 euros por parte de la empresa y, por la otra, se le imputaba otra suma de 175.000 en concepto de daños y prejuicios.
Una cantidad a la que, una vez restados los 75.000 euros de la fianza que se le había incautado a Crystal Forest, se quedaba en 423.000 euros. En primera instancia, el juzgado contencioso había dado la razón al empresario y lo eximía de pagar el importe. Sin embargo, el consistorio recurrió esta decisión y, finalmente, el TSJ ha fallado a su favor: entiende que las exigencias de la administración local para una compensación económica sí que son ajustadas a derecho.
El fallo fue dado a conocer este jueves por parte de la vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez: "La empresa tendrá que pagar al Ayuntamiento de València casi medio millón de euros por la nefasta gestión que hizo del Teatro El Musical", alegaba, en lo que a su juicio es otra herencia más de la "mala gestión" del Partido Popular al frente del consistorio.
Pero las acusaciones no se quedaban ahí, y escalaban rápidamente hacia otros derroteros: "Como nos tiene acostumbrados, el PP regaló la gestión del teatro a uno de sus amigos del alma o del corazón, que en este caso era José Luis Moreno. Donde ¡qué casualidad! estaba contratada directamente la sobrina de Rita Barberá. Por cierto, hoy asesora de la portavoz María José Catalá en ese intento desesperado por reconciliarse con los familiares de la exalcaldesa", aludía Gómez al respecto.
Unas acusaciones que no han sentado nada bien dentro de la esfera del Partido Popular. Así, han recordado que la rescisión temporal del contrato ya se inició bajo su gobierno, y no bajo la gestión del Rialto: "Lo único que han hecho PSPV y Compromís es seguir con la tramitación ya iniciada por el Partido Popular", apuntaban. Y, al respecto de la sobrina de Rita Barberà, matizaban: "Es absolutamente falso que una asesora del Grupo Municipal Popular haya sido condenada a pagar nada al Ayuntamiento de Valencia en relación a la sentencia del musical". Y además añadían que se reservan "las acciones legales oportunas" contra la vicealcaldesa por sus insinuaciones.