VALÈNCIA (EP). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana insta al Institut Valencià de Cultura (IVC) a adoptar "todas las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para garantizar el derecho de la ciudadanía a dirigirse y a obtener respuesta de la entidad autonómica en cualquier de las dos lenguas oficiales, castellano y valenciano, y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada".
Así figura en una resolución del defensor del pueblo valenciano en la que, además, deja constancia de la "falta de la colaboración" del organismo, al que se solicitó un informe sobre el asunto en el plazo de un mes sin obtener respuesta.
Esta resolución de cierre viene motivada por la queja interpuesta el pasado mas de agosto por el fundador de Acicom y actual presidente de honor de la asociación, Jose Ignacio Pastor, sobre que el IVC "no respeta el valenciano".
En concreto, este ciudadano denunciaba que "en la última convocatoria de ayudas audiovisuales, la mayor parte de la documentación no contemplaba la versión en valenciano, obligando a utilizar unos modelos únicamente redactados en castellano y, por lo tanto, obligando a las entidades solicitantes a no poder utilizar el valenciano o hacerlo con problemas".
Admitida a trámite la queja, el 15 de noviembre de 2023, el Síndic se dirigió al IVC para solicitar que un informe sobre esta cuestión, para lo cual se le concedió el plazo de un mes. Transcurrido ese tiempo "sin haber recibido el informe requerido y sin que la Administración solicitara la ampliación del plazo concedido para remitirlo", el 10 de enero se dirigió al instituto cultural una resolución en la que se le formulan diversas consideraciones.
En la primera de ellas, se recuerda el "deber legal de responder en el plazo legalmente establecido, expresamente y motivadamente, los escritos que los interesados presentan ante esa Administración pública".
Asimismo, se recomienda que dé "una respuesta exprés y motivada en los escritos presentados por el interesado en fechas 23/06/2023 y 10/08/2023, y que proporcione la contestación en la lengua oficial elegida por el ciudadano para relacionarse con la Administración, que en el presente caso es el valenciano".
En esta línea, pide que se adopten "todas las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para garantizar el derecho de la ciudadanía a dirigirse y obtener respuesta de la entidad autonómica en cualquier de las dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada, en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en conformidad con el principio de antiformalismo, sencillez y eficacia que tiene que presidir todas las actuaciones administrativas".
Asimismo, aboga por que "en los procedimientos en que existe una pluralidad de interesados y los de oficio se garantice el régimen de cooficialidad lingüística vigente en esta Comunitat Valenciana, y que se dé respuesta en la lengua preferida por la ciudadanía para relacionarse con la Administración pública".
El Síndic insiste en la obligación de colaborar con esta institución, "facilitando la información solicitada y dando respuesta a las recomendaciones, las sugerencias o los recordatorios de deberes legales efectuados".
Por eso, tras haber transcurrido el citado plazo de un mes, el Síndic deja constancia de "la falta de respuesta de la Administración autonómica a las recomendaciones y los recordatorios de deberes legales emitidos por esta institución en la resolución de referencia".
Por su parte, desde Acicom, como "asociación que se ocupa de defender los derechos de la ciudadanía y del uso del valenciano", califican de "inadmisible" el comportamiento del IVC, "una entidad que tendría que ser ejemplo en la promoción y defensa del valenciano".
Además, piden que se "implementen las medidas necesarias para corregir los hechos denunciados y resolver las situaciones que atenten contra los derechos lingüísticos".
