Una 'Dénia' en el zapato de Barceló

VALÈNCIA. Como si gestionar la sanidad en tiempos de pandemia no fuera ya suficiente marrón, a la consellera de Sanidad se le abren continuamente nuevos frentes a los que atender. Al estrepitoso fracaso en el proyecto de creación de la empresa pública de salud para integrar al personal del Hospital de Torrevieja le siguió la paralización de las obras del Hospital Clínico por los problemas con el proyectista y la aprobación por decreto de la reversión urgente del servicio de resonancias magnéticas después de haber continuado pagándole a la UTE Erescanner Salud los tres años siguientes desde que expiró el contrato.

La última china en el zapato de Ana Barceló es el Hospital de Dénia. Pero no la prometida y nunca ejecutada recuperación anticipada de la concesión a favor de Marina Salud, sino la confirmación de que Ribera Salud, hasta ahora socio minoritario en la empresa que gestiona el departamento, comprará las acciones de su socio DKV y enterrará, si es que aún existía, cualquier opción de que la Generalitat rescate el Hospital de Dénia antes de que acabe la concesión.

Tres días después de hacerse público el acuerdo entre las dos empresas, a la consellera le pareció buena idea asegurar que se había enterado del mismo por la prensa y excusarse en que ella "no puede hacer más" al no tener constancia oficial. Una reacción tardía y desatinada que parece más un intento por salvar la cara ante el comité de empresa del Hospital de Dénia que una respuesta a la altura de su responsabilidad, ya que supone acusar implícitamente a las empresas de actuar de espaldas a la administración que la da la concesión.

Y es que Barceló falta a la verdad cuando sostiene que desconocía el acuerdo. Lo último que quiere la aseguradora DKV, que hace al menos cinco años que ya le habría vendido sus acciones a Ribera Salud sino fuera porque la Generalitat ha hecho todo lo posible por evitarlo, es que el nuevo acuerdo al que ha llegado con el grupo valenciano se vea frustrado. Por eso su presidente y su CEO informaron personalmente a Ximo Puig y Ana Barceló hace meses de sus planes de salida.

Los abogados de la aseguradora tienen acordado con Presidencia una suerte de pacto de no agresión según el cual esta vez no pondrán objeciones a que el grupo Ribera adquiera el control exclusivo de Marina Salud si la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) no plantea reparos. Y por mucho que Ana Barceló desee que el regulador de los mercados tenga en cuenta el artículo de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana contra la concentración de varias concesiones en una sola empresa, no parece que Competencia vaya a sopesar nada que no tenga estrictamente que ver con asegurar la competencia del mercado.

La impresión es que la consellera de Sanidad busca que Competencia le ahorre verse en la coyuntura de tener que activar la cláusula anticoncetraciones introducida en la modificación de la Ley de Salud de 2018, conocida como 'Ley Montón'. Si Competencia no lo evita, Ribera Salud sumará pronto una tercera concesión sanitaria en la Comunitat Valenciana a las que ya gestiona en Torrevieja y Elche y se abrirá un escenario en el que, por primera vez, habrá que ver cómo la administración puede hacer cumplir el artículo de la mencionada ley que impide que una misma empresa pueda controlar más del 40% del accionariado en las concesionarias de dos o más departamentos sanitarios.

Y no existe certeza sobre si podrá hacerlo. Los asesores legales de las empresas creen que no se da el caso porque esta no es una nueva concesión, sino un reequilibrio accionarial entre socios de una concesión ya otorgada donde uno de ellos queda como accionista único, sin que se pueda alegar falta de solvencia técnica o económica.

Sanidad, de momento, pedirá a la Abogacía un informe sobre la legalidad de la operación una vez las empresas la inscriban en el registro. Y entonces se comprobará la aplicabilidad de un artículo cuya constitucionalidad, de haber estado espabilada la oposición, podría haberse puesto en entredicho porque la enmienda que Compromís introdujo en la 'Ley Montón' iba específicamente dirigida a frenar la operación que Ribera y DKV tenían acordada desde dos años antes. De tan rápido que se tramitó en Les Corts, al Botànic incluso se le coló algún gazapo en el controvertido artículo 7 que tardó año y medio en corregir.

La consellera tiene ante sí una nueva oportunidad de, esta vez sí, maniobrar con rapidez y hacer lo necesario para garantizar que se cumpla la legalidad, como ella misma ha prometido esta semana. Si espera que la CNMC o la Abogacía le hagan el trabajo sucio corre el riesgo de que los sindicatos de Dénia, como ya están haciendo, o Compromís pueda hacer de este asunto un nuevo elemento de desgaste contra el PSPV. La elaboración del Presupuesto de la Generalitat es inminente y, vistos los antecedentes, los próximos meses serán terreno abonado para vendettas.