VALÈNCIA. El año 2021 acabó con una nueva ola de contagios de coronavirus que ha conllevado las implantación de nuevas medidas para controlar la pandemia. Entre ellas, en la Comunitat Valenciana, se encuentra por ejemplo, la exigencia del pasaporte covid en todos los establecimientos de hostelería y ocio nocturno, así como en otro tipo de locales como gimnasios, piscinas cubiertas, festivales de músicas, sedes festeras, circos, cines o centros de día.
Esta limitación se mantendrá, al menos, hasta el próximo 31 de enero, y el Consell tiene guardada en la manga la posibilidad de ampliar esta limitación también a las terrazas de dichos establecimientos. Una circunstancia que afecta especialmente a la hostelería y que en la ciudad de València se suma al retorno, este año 2022, de la tasa de terrazas.
El consistorio recauda cada año aproximadamente unos dos millones de euros por esta tasa, que grava el uso del espacio público por las mesas y sillas del sector del ocio y la hostelería. El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, decidió suspender su cobro tanto en 2020 como en 2021 para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria y las restricciones de aforo en el sector.
Sin embargo, el ejecutivo local que lidera Joan Ribó, con el socialista Borja Sanjuán al frente de la concejalía de Hacienda, anunció que la medida caducaba en diciembre de 2021 y que este año la tasa sería de aplicación al haberse retirado las restricciones de aforo y estar la economía en fase de recuperación. Los presupuestos de 2022 aprobados con los votos en contra de la oposición ya contemplan la recaudación de 2,7 millones de euros por este gravamen.
Los estudios económicos del departamento de Hacienda subrayan que la recaudación prevista es 700.000 euros mayor a la proyectada para 2021 -que no se cobró por estar suspendida la tasa- y está basada en la cantidad de terrazas registradas en 2020. Ahora bien, tambiés es cierto que, de entrar en vigor restricciones de calado, el gobierno municipal no rechaza estudiar una nueva suspensión.
La hostelería de la capital del Túria enfrenta un inicio de año en este contexto, marcado también de nuevo por el debate sobre la posibilidad de ampliar teporalmente las terrazas, habida cuenta de que la clientela prefiere espacios al aire libre a locales interiores en un panorama epidemiológico de alta transmisión del virus, según expresan los empresarios del sector. Se trata de una medida que ya se llevó a cabo de manera excecpcional en el Cap i Casal.
La primera ampliación de terrazas fue acordada en mayo de 2020 entre la concejalía de Espacio Público, representantes vecinales y las asociaciones hosteleras en un pacto "histórico", a juicio de la concejala responsable, Lucía Beamud. Aquel acuerdo hacía converger posturas muchas veces contrapuestas -las vecinales y las de los hosteleros- en un momento clave para la reactivación económica mientras se mantenían restricciones de distancia y aforos para evitar los contagios.
La ampliación, eso sí, se aprobó con un marco de condiciones para otorgar estos permisos, que además de habilitar la ampliación de la terraza, en algunos casos también contemplaba bajar la misma a zonas de aparcamiento. Unos permisos que dieron a 670 terrazas y que, según el acuerdo, estarían vigentes hasta que desaparecieran las limitaciones por la covid. El 12 de octubre, desaparecidas las restricciones, el Ayuntamiento puso fin a las ampliaciones y devolvió a las terrazas a su tamaño habitual.
Pero se hizo con reticencias por parte del sector, que solicitaba mantener la medida hasta finales de año para apuntalar la recuperación económica. Por ello, la nueva ola de contagios ha reavivado el debate sobre la recuperación de esta medida y la Federación Empresarial de Hostelería subrayó a finales de diciembre que la retirada de las ampliaciónes había sido "muy precipitada" cuando "todavía no sabíamos cómo iba a evolucionar la situación de la covid-19".
En ese sentido, la Federación solicitó una reunión con la propia Beamud para "poder valorar las posibles ampliaciones y estudiar alternativas, dado que la mayoría de los clientes solicitan y prefieren poder consumir en terraza al ser percibidos como espacios seguros". Encuentro que, por el momento, todavía no se ha convocado.
Por su parte la Coordinadora de Hostelería de los Barrios reivindicaba la "prudencia por parte de los responsables políticos a la hora de actuar y tomar decisiones" porque dos meses después de recortar la ampliación "nos encontramos con un nuevo pico de contagios que hace necesaria la ampliación de las terrazas para proteger la seguridad de los ciudadanos".
La controversia también ha calado en el gobierno municipal. Mientras la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, abría a finales de diciembrbe la puerta a estudiar la vuelta de las ampliaciones "si realmente hay una serie de limitaciones que afecten directamente a la hostelería", la responsable del área, Lucía Beamud (Compromís), recordaba las quejas vecinales que hubo en la primera ampliación y afeaba los intentos por acelerar una medida similar cuando no hay nuevas restricciones: "Lo importante en economía es la estabilidad y no ir haciendo propuestas a salto de mata", señaló en este sentido la edil de Espacio Público.