VALÈNCIA. Ocho meses después de la Dana del pasado 29 de octubre, los vecinos de la calle Almassereta en Picanya siguen sin respuestas claras sobre el futuro de sus viviendas. Lo que comenzó como una catástrofe natural ha derivado en un escenario prolongado de incertidumbre para decenas de familias que, además de perder su hogar, no saben si podrán regresar algún día. 

Constanze y Felipe, un matrimonio que ha residido en esta calle durante doce años, han vivido este jueves el primer gran cambio desde la riada: su casa se ha demolido de forma parcial. Sin embargo, no es el inicio de una reconstrucción, sino un paso técnico requerido por el Consorcio de Compensación de Seguros, que exige limpiar el inmueble para evaluar los daños y determinar si es o no reparable. 

"Puede que la casa esté en ruina total, pero no se sabrá hasta que un arquitecto lo valore. Lo que tenemos claro es que no hay ninguna garantía de que podamos volver", explica Constanze a Valencia Plaza. Este matrimonio de Picanya compró su vivienda en la zona, situada frente al barranco del Poyo, hace 35 años."Entiendo el riesgo de vivir junto al barranco y que el Ayuntamiento tenga que tomar precauciones, pero lo que pedimos es una salida digna y, sobre todo, transparencia", añade.

Los vecinos de l'Almassereta han optado por refugiarse en casas de sus familiares más cercanos mientras aguardan una solución. Otros, se han trasladado a poblaciones cercanas, como La Torre. En su caso, Constanze y Felipe han sido reubicados de forma temporal en una vivienda social del consistorio. "Es un piso que está detrás de la estación de metro. Cada pocos minutos se escucha el pitido del tren, pero, por lo menos, tenemos un techo. Lo preocupante es que no sabemos si algún día podremos regresar a nuestra casa o si tendremos que buscar una solución definitiva por nuestra cuenta", lamenta.

Un limbo urbanístico

La situación de l'Almassereta se complica por decisiones urbanísticas que los vecinos han ido conociendo de forma indirecta. En febrero, el Ayuntamiento de Picanya suspendió durante dos años las licencias de obra en esta calle y Baixada Realenc. Una medida que el gobierno municipal, dirigido por el socialista Josep Almenar, justificó como una "revisión preventiva del planeamiento urbano en zonas inundables".

Más tarde, supieron, a través del Grupo Municipal de Compromís, que el Ayuntamiento había adjudicado la redacción de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo de ese cambio es recalificar el suelo residencial de l'Almassereta como una zona verde. De las cuatro áreas afectadas que contempla esta propuesta, es la única en la que hay viviendas.

Esa transformación ha generado una gran inquietud entre los residentes, que ven cómo avanza un proceso de fondo sin información clara ni participación de los vecinos. En la actualidad, quienes han perdido su vivienda no pueden reconstruirla ni venderla y no tienen una alternativa oficial sobre dónde hacerlo. 

"Nos dijeron un miércoles que si derribábamos la casa podríamos construir una buhardilla. El lunes siguiente, ya no daban licencias. En diciembre, fuimos al Ayuntamiento a pedir explicaciones y no nos dieron cita hasta el 20 de enero", recuerda Constanze. 

La salud mental de los vecinos, en juego 

El malestar también crece entre quienes ya han sufrido expropiaciones. El Ministerio de Transportes ha adquirido tres viviendas de la calle, ubicadas en los números 17,18 y 19, para levantar dos nuevas pasarelas sobre el barranco del Poyo. Aunque el proyecto se enmarca en el plan de reconstrucción de infraestructuras tras la Dana, los vecinos cuestionan su necesidad. "Siempre hubo una pasarela que funcionaba. No entendemos por qué ahora hay que tirar tres casas para hacer lo mismo, pero más grande", señalaron a este diario.

A esta incertidumbre, se suma un problema económico. Algunos residentes han recibido ofertas para vender sus parcelas, pero denuncian que las valoraciones no se ajustan al coste real de construir una nueva vivienda. "Si el Consorcio paga solo el 70% y edificar cuesta 300.000 euros, ¿cómo lo afrontamos? Así no se puede empezar de cero en otro lugar", advierte Constanze. A su juicio, se sigue una estrategia que pasa por adquirir solares de quienes aceptan vender por iniciativa propia y, más adelante, resolver el resto con otras fórmulas. "Van trozo a trozo", añade.

Pero, más allá de lo material, uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es el degaste psicológico que está situación ha provocado. Constanze subraya que muchos residentes de l'Almassereta, sobre todo los de mayor edad, viven en un estado de ansiedad constante. "Hay personas que están tomando antidepresivos y tranquilizantes porque no pueden soportar esta tensión permanente. Se habla de nuestra seguridad, pero nadie habla de nuestra salud mental", denuncia.

En ese contexto de desorientación, algunos vecinos -entre ellos, la propia Constanze-, han planteado la posibilidad de buscar una solución conjunta: construir nuevas viviendas en otra zona del municipio, compartiendo gastos. Una alternativa que, sin embargo, no resulta viable sin apoyo institucional ni planificación urbanística. "Sería más barato si lo hacemos entre varios, pero necesitamos certezas, no solo para el presente, sino para saber cómo construir un futuro. Ahora mismo, estamos a oscuras", concluye.