VALÈNCIA. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha defendido este miércoles, en una visita institucional a algunos municipios afectados por la Dana, las expropiaciones ejecutadas en la calle Almassereta de Picanya, donde tres viviendas -dos de titularidad privada y una municipal- ya se han derribado para la construcción de nuevas pasarelas sobre el barranco del Poyo, que atraviesa este municipio de l'Horta Sud. 

"Las expropiaciones son necesarias porque hay viviendas que no se pueden volver a reconstruir; sería una temeridad", ha afirmado Santano, quien no ha descartado que haya más demoliciones si los proyectos técnicos así lo requieren. En este caso, ha subrayado, se aplicarían "las debidas indemnizaciones", priorizando "la seguridad del futuro".

Cabe recordar que esta es una de las once actuaciones de emergencia declaradas de interés general por el Gobierno de España en la provincia de Valencia tras la riada, que incluyen ocho puentes y tres pasarelas en cuatro municipios de la 'zona cero'. En Picanya, la intervención contempla la construcción de dos nuevas pasarelas: mientras una será compartida por peatones y ciclistas, la otra contará con una rampa accesible en zigzag.

Ambas sustituirán la antigua estructura arrasada por las inundaciones y mejorarán los accesos al barrio más antiguo del municipio: l'Almassereta. Las obras forman parte de una inversión global de 6,3 millones de euros. De ese total, más de dos millones se invertirán en la pasarela de Poeta Ángel González y cerca de 1,9 millones en la de María Cambrils. El proyecto, según el Ministerio de Transportes, busca modernizar los pasos y adaptarlos a criterios de movilidad sostenible, pero se ha encontrado con la oposición de los vecinos de la zona. 

"Soñamos con tener de nuevo una casa en el pueblo al que amamos"

La calle Almassereta, situada junto al barranco y con más de un siglo de historia, es considerada el núcleo fundacional de Picanya. El barrio, que tiene un importante valor simbólico y residencial, quedó afectado por la riada, con un nivel de agua que superó los 4,75 metros de altura. En total, son unas 23 casas y, aunque algunas familias ya han sido realojadas por el Ayuntamiento, otras residen allí sin saber si podrán reconstruir o deberán abandonar la zona. 

En parte, esta incertidumbre se debe a que el consistorio suspendió la concesión de licencias de obra, cambios de uso o edificación en l'Almassereta y Baixada Realenc. Constanze, una de las vecinas afectadas cuya vivienda ya han derribado, pide claridad: "Estamos en un limbo desde hace casi nueve meses. Si te quitan la posibilidad de reconstruir, hay que ofrecer alternativas. Soñamos con tener de nuevo una casa, un hogar en el pueblo al que amamos". 

Por ese motivo, reclama un plan específico y soluciones realistas para que los afectados puedan rehacer su vida. "Nadie quiere nada regalado, pero el bien común no puede construirse a costa de quienes ya han sido los más golpeados por la tragedia", cuenta en declaraciones a Valencia Plaza. Por su parte, el alcalde de Picanya, Josep Almenar, asegura que se está actuando con responsabilidad y que todavía no hay una solución definitiva cerrada. 

En una entrevista a este diario, Almenar explicó que se suspendieron las licencias de obra por unanimidad del pleno y que el consistorio ha intentado llegar a acuerdos con quienes no desean continuar viviendo allí. "La prioridad de este Ayuntamiento es la seguridad de todas las personas. Si podemos mejorar la situación, si se puede reconstruir más elevado o buscar otras soluciones, ya se debatirá. Pero en este momento, no se está discutiendo eso", concluyó el alcalde.