VALÈNCIA. La puesta en marcha de grandes proyectos suele traer aparejada una complejidad que va más allá de las dificultades intrínsecas de su propio desarrollo. Un camino que todavía se complica más si lo que se busca es solventar problemas enquistados desde hace tiempo o si las iniciativas presentan implicaciones medioambientales, urbanísticas o laborales hasta el punto de que, en muchos casos, acaban en los tribunales. En la ciudad de València se conoce bien: son múltiples los ejemplis en los que ha tenido que intervenir la justicia y, de hecho, hay varios todavía pendientes de resoluciones judiciales.

Desde la reactivación de las obras del Nou Mestalla por parte del Valencia CF gracias al nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento hasta la ampliación del Puerto o el desarrollo de su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) pasando por la liquidación del organismo que hasta hace poco gestionó La Marina de València, el Consorcio Valencia 2007, o el futuro del antiguo hotel Sidi Saler en La Devesa. Las grandes iniciativas, muchas de ellas ya en fase de desarrollo, se juegan todavía en el juzgado.

El Plan del Mestalla cuestionado por Libertad VCF

Uno de los casos más mediáticos es el reinicio de la construcción del Nou Mestalla. El Valencia CF ha podido retomar las obras tras aprobar el Ayuntamiento de València un plan urbanístico que marca ciertas condiciones y plazos. Un nuevo marco urbanístico que la asociación Libertad VCF, muy crítica con la gestión del máximo accionista del club che, Peter Lim, recurrió en la vía contencioso-administrativa al considerar que el consistorio, dirigido por la alcaldesa María José Catalá y con Juan Giner al frente de la concejalía de Urbanismo, no ha cumplido con todas las exigencias que debía fijarle al Valencia.

Por ejemplo, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que el plan aprobado no tenía en cuenta la obligatoria reserva de vivienda protegida en los casi 76.000 metros cuadrados de edificación residencial contemplada, o que se haya permitido al club desentenderse de la construcción del hotel icónico de la avenida de Aragón al que se había comprometido con la administración en el plan urbanístico anterior -aprobado en 2012- y achacando esa responsabilidad en exclusiva al propietario de la parcela, la firma HCG Levante.

También se refiere el litigio a las dotaciones de aparcamiento, parte de las cuales, situadas en el subsuelo de futuros centros educativos, cuestiona la asociación, que además denuncia el incumplimiento de los estándares de plazas para carga y descarga y que no hay un estudio de necesidad que justifique dichas dotaciones. Y a ello se suma, según los argumentos presentados ante el tribunal, que los informes de viabilidad económica estarían vacíos de "contenido material y real" o que la memoria de viabilidad financiera "carece de rigor".

Todo ello es lo que todavía ha de resolver la Sección Primera de la Sala de lo contencioso del TSJ después de que tanto el Ayuntamiento como el Valencia CF hayan presentado sendos escritos de alegaciones y de que, en julio, Libertad VCF haya registrado su escrito de conclusiones. Mientras, todo sigue su curso y el club ha iniciado las obras que, según certificó la Inspección municipal, avanzan según el cronograma presentado por el Valencia.

El litigio ambiental de la ZAL y la ampliación del Puerto

Otro de los casos más sonados es el de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto, cuyo Plan Especial aprobado por la Generalitat Valenciana en 2018 recibió el rechazo frontal de asociaciones ecologistas como La Punta Unificadora y Per l'Horta, que lo impugnaron ante la justicia. En marzo de 2024, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el primer recurso y consideró que el planeamiento urbanístico se había tramitado por una vía inadecuada al aplicar el procedimiento ambiental simplificado cuando tendría que haberse seguido el procedimiento ordinario, que tiene muchas más garantías. Pero avaló el plan atendiendo a la "situación fáctica" de los terrenos y al considerar "evidente" que la administración no podía devolver el suelo a su uso rústico agrícola.

Sin embargo, este no fue el último capítulo porque quedaba por resolver el recurso presentado por Per l'Horta, que se amparaba en muchos más argumentos. Primero el TSJ valenciano anuló el Plan, pero quedándose en el análisis sobre el procedimiento ambiental empleado y considerando "innecesario [...] analizar los demás motivos impugnatorios". Pero al recurrir la Generalitat y el Puerto al Supremo, este, más allá de reafirmar el criterio esgrimido en su fallo anterior, acordó en octubre devolver la causa al TSJ para que se pronuncie por el resto de argumentos que planteaba la asociación ecologista.

"Una vez resuelto el recurso de casación [...], procedería examinar sucintamente el resto de los motivos de ilegalidad alegados en la instancia por la parte actora", señala la sentencia, como contó este febrero Valencia Plaza. Se trata de "motivos que no fueron objeto de enjuiciamiento por la Sala de Valencia al acoger la Sala uno de los motivos de nulidad sin entrar a examinar el resto de los alegados", explicaba el fallo, que incidía en que estos "motivos adicionales" se fundan "en infracciones del derecho autonómico valenciano", por lo que es el TSJ valenciano el que ha de examinarlos.

Mientras, la ZAL sigue su fase de desarrollo. El Ayuntamiento de València otorgó en abril la primera licencia de obras de la ZAL, para una nave logística de frío de Mediterranean Shipping Company (MSC). También el Puerto mantiene tres manzanas en licitación, que han recibido ofertas de la compañía Trans Italia, la firma Maltransiter -del grupo Cosco- y el holding checo Accolade, y la promotora logística valenciana Nederval.

No hay que olvidar, por otra parte, sigue en marcha el procedimiento judicial iniciado por la asociación Comissió Ciutat-Port contra las obras de la ampliación del Puerto, adjudicadas en julio de 2024. El TSJ valenciano ha rechazado hasta en dos ocasiones la suspensión cautelar solicitada por las plataformas ecologistas, que consideran necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto adjudicado por los cambios implementados respecto al proyecto original.

Un perito judicial consideró que "procede" esa nueva DIA "ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva". Pero el Puerto alega que la paralización del proyecto implicaría “garantizar unos daños calculados en 367.360 euros/día en concepto de costes de mantenimiento de maquinaria marítima y terrestre, instalaciones y equipos, una indemnización al contratista de 28.817.814,54 euros en caso de resolución del contrato y una pérdida de ingresos anual para la Autoridad Portuaria de Valencia de 62.535.066 euros anuales en caso de extinción de la concesión por incumplimiento de los plazos de entrega de los terrenos por parte de la APV”.

Los dos 'juicios' del Sidi Saler

El caso del hotel Sidi Saler, clausurado desde el año 2011, reviste cierta complejidad por cuanto tiene en marcha dos litigos diferentes: uno por la caducidad de la antigua licencia de actividad declarada por el Ayuntamiento de València, y otro por la denegación del nuevo permiso de obras y actividad. En ambos casos, los propietarios del inmueble, las mercantiles Divarian y Coral Homes, judicializaron las decisiones consistoriales. En primera instancia, los juzgados avalaron al Ayuntamiento pero la parte privada elevó las cuestiones al TSJ.

En el primer aspecto, el de la antigua licencia, el fallo del juzgado número 5 de lo contencioso–administrativo recordó que la normativa permite la declaración de la caducidad de una licencia tras dos años de paralización de una actividad. Así, consideró el juez que no había causa de fuerza mayor que justificara la no reactivación de la actividad, pese a alegar la propiedad tanto la pandemia de coronavirus como que tuvo que tramitar la prórroga de la concesión de Costas. Y rechazó que hubiera existido desviación de poder por parte del anterior gobierno municipal, dirigido por Joan Ribó.

Así pues, la impugnación ante el TSJ, pendiente de resolución, insiste en cuestiones planteadas como posibles defectos de forma o la existencia de desviación de poder por parte del equipo de gobierno, en que la caducidad de la licencia no puede ser automática, que los dueños mostraron disposición de reactivar la actividad o incluso que el Ayuntamiento no ha probado que la actividad del hotel se paralizó en 2011, así como que dos procedimientos de caducidad iniciados por el consistorio también expiraron.

En el otro procedimiento, relativo a la denegación del nuevo permiso, el Ayuntamiento sostenía que el inmueble se encuentra en situación de fuera de ordenación sustantiva, ya que excede las alturas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y está ubicado dentro del Parque Natural de la Albufera, un espacio de especial protección ambiental. Aspectos que sí consideró el magistrado del juzgado número 9 de lo contencioso-administrativo.

El recurso de los dueños ante el TSJ insiste en la desviación de poder del Ayuntamiento al considerar que la verdadera intención del consistorio era lograr la demolición del edificio. Además, cuestionan la valoración del Ayuntamiento sobre el impacto ambiental del inmueble en su entorno y defienden que el hotel no debería estar catalogado como fuera de ordenación sustantiva, sino diferida, lo que permitiría la autorización de las obras de rehabilitación en este régimen.

El final del Consorcio de La Marina, impugnado

El TSJ valenciano también deberá pronunciarse sobre la liquidación del Consorcio Valencia 2007, el organismo creado en su momento por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de València para gestionar La Marina de València. La asunción de la deuda por parte del Estado supuso la puesta en marcha de la desaparición del consorcio, que conllevó una disputa laboral con los trabajadores. El despido colectivo fue avalado por el alto tribunal valenciano pero sigue en marcha otro procedimiento a cuenta del procedimiento de disolución del ente.

La impugnación judicial presentada en nombre de los trabajadores por el abogado y exsíndico del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, reproduce los argumentos que se habían planteado en el recurso administrativo previo, donde se consideraba nulo "de pleno derecho" el acuerdo de disolución del Consorcio de 2022 debido a "manifiestos y graves errores" al continuarse con toda la actividad consorciada mientras se pretende finiquitar "ilícitamente" los contratos laborales de los empleados.

Además, señalaba que no se había producido la "obligatoria" publicación del acuerdo ni su comunicación a los trabajadores, "hurtándoles" su derecho a combatir jurídicamente las "graves irregularidades" producidas en el proceso de disolución y liquidación "que deben ser depuradas". Y acusaba a los representantes del Ayuntamiento y la Generalitat de no acreditar los respectivos acuerdos para "no continuar en el Consorcio", ni de "no solicitar la cesión global de activos y pasivos".

Así, apuntaba que el consorcio ha continuado con su actividad "sin limitarse en ningún momento a las gestiones compelidas estrictamente para su disolución y gestión de la extinción en estos más de dos años desde el acuerdo adoptado el 30 de mayo de 2022, sino más bien lo contrario". Por lo que "la modalidad disolución, practicada de hecho ha sido la extraordinaria o sin liquidación" y no la liquidación que se pretende llevar a cabo.

También pone en tela de juicio la concesión adjudicada por el Puerto de València para la gestión de los amarres, y señala el intento "fraudulento de subrogar" a parte del personal, pues "ha pretendido no sólo continuar con la gestión mediante otras fórmulas de gestión no directas, sino que además, ha buscado evitar asumir el personal como propio" fijando que el concesionario ha de asumir 13 empleados "pero no la totalidad del personal".