VALÈNCIA. El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó este martes la quinta modificación de crédito que incluye el abono de los 4.061.415 euros a Inmobiliaria Guadalmedina por intereses de demora en el pago de una compensación derivada del ‘pelotazo’ de Tabacalera. El consistorio echa mano del fondo de contingencia para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del pasado mes de marzo que reconoce el derecho de Igsa a cobrar los intereses de demora por los 6,75 millones de euros que el consistorio ya le pagó en 2022 como compensación por la pérdida de edificabilidad en el solar de Micer Mascó después de que el Tribunal Supremo anulase la operación urbanística aprobada por el gobierno de Rita Barberá.
La modificación presupuestaria fue aprobada con los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra del PSPV y la abstención de Compromís. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga al pago de estos intereses aún no es firme, el consistorio ha decidido proceder al abono para evitar la generación de más intereses siguiendo el criterio de la Asesoría Jurídica Municipal, según explicó en el pleno la concejal de Hacienda, María José Ferrer Sansegundo.
Dos millones y medio en el fondo de contingencia
Los grupos de la oposición han afeado al gobierno local que al hacer frente a este pago con cargo al fondo de contingencia la dotación restante del fondo se quede en solo dos millones y medio de euros. El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan manifestó que "es paradójico que muchos años después, el dinero de las emergencias del Ayuntamiento siga utilizándose para pagar pelotazos del gobierno de Rita Barbera”. Por parte de Compromís, la edil Eva Coscollà también reprochó que el consistorio deje el fondo de contingencia “con solo dos millones y medio cuando aún no hemos llegado a mitad de año”.
En concreto, y según recoge el informe de control financiero sobre esta quinta modificación de crédito, el fondo de contingencia, cuyo saldo inicial era de 18 millones, queda ahora con 2,51 millones. No obstante, es común acudir a este fondo para hacer frente a este tipo de gastos. Concretamente, la compensación de 6,75 millones por la que ahora se deben abonar intereses, también se financió en 2022 con cargo al fondo de contingencia presupuestaria. No en vano, este fondo es una reserva presupuestaria obligatoria, sin asignación específica inicial, destinada a cubrir necesidades "ineludibles y no previsibles" que surjan a lo largo del ejercicio presupuestario y que no se puedan financiar con los créditos existentes.
- Imagen del solar de Guadalmedina que el consistorio prevé expropiar para ubicar el jardín. -
- Foto: EP
Recurso ante el Supremo
Con el abono de esta nueva cuantía, se habrán destinado ya 10,8 millones de euros de las arcas municipales a pagar a Guadalmedina por la operación anulada de Tabacalera. Sin embargo, esta cantidad podría ser mayor. Cabe recordar que Igsa ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que también deberá determinar si los intereses a aplicar deben ser los intereses legales ordinarios —ya reconocidos por el TSJCV y que ahora se han abonado— o los intereses de demora derivados de responsabilidad patrimonial, mucho más elevados. Si finalmente el Supremo estima el recurso de Igsa podría incrementar notablemente el importe total a pagar por el Ayuntamiento.
Más allá del pago de la compensación por la pérdida de edificabilidad —y de los intereses legales reconocidos en la última sentencia— el Ayuntamiento de València todavía tiene por delante varias actuaciones antes de cerrar definitivamente la compleja maraña urbanística de Tabacalera.
La sentencia del TSJCV de 2015 obliga al consistorio a reconstruir las naves industriales que fueron demolidas, al haberse desprotegido de forma ilegal. Esta actuación implicará eliminar los jardines actuales, situados donde estaban las antiguas naves. Para compensar la pérdida de zona verde, el Ayuntamiento deberá trasladarla al solar vacío de la calle Micer Mascó, que continúa siendo propiedad de Guadalmedina. Por tanto, el consistorio todavía deberá expropiar dicha parcela, previo pago a la promotora.
