300 pisos por hacer, el PAI del Grao, litigios con los parkings...: los retos de Alberto Aznar en Aumsa

VALÈNCIA. La pasada semana la concejala de Urbanismo de València, la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, anunció el nombramiento de Alberto Aznar como nuevo gerente de la empresa urbanística municipal, Aumsa, dependiente de manera directa de su concejalía. Aznar deja atrás cierto vacío de poder en el organismo que hasta ahora había estado dirigiendo, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), adscrita a la Conselleria de Vivienda de Rubén Martínez-Dalmau, pero tras su aterrizaje en la mercantil pública consistorial tendrá no pocos frentes a los que atender: cuestiones urbanísticas que están atascadas o por resolver, o conflictos con inquilinos y empresas concesionarias, algunos incluso judicializados.

327 viviendas pendientes

Uno de los pilares fundamentales que deberá agilizar Aznar es la construcción de 327 viviendas públicas integradas en un plan de una decena de promociones impulsadas por Aumsa desde 2018, cuando el concejal de Urbanismo era Vicent Sarrià, y que pretendían estar finalizadas este año. Pero el camino ha sido más tortuoso del previsto y lo cierto es que, teniendo en cuenta las previsiones iniciales, no sería descabellado hablar de fracaso en la ejecución del programa: sólo están acabadas y entregadas cuatro viviendas.

El plan, que en total asciende a 54,5 millones de euros de inversión, estará cofinanciado por la Unión Europea a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Pero si se baja al detalle, lo cierto es que el resto de construcciones siguen su tramitación administrativa, algunas de ellas en sus fases primigenias. A fecha de abril en Ciutat Vella, por ejemplo, a dos edificios les resta la adjudicación de las obras, otro está pendiente de aprobación del proyecto de reparcelación y otros dos están a la espera de un proyecto modificado.

El resto de promociones están contempladas en el desarrollo de Moreras, donde algunas están a la espera de licencia de obra o a la espera de solicitarla y otros están en proceso de adjudicación de las obras. En definitiva, en seis años de gobierno de izquierdas únicamente cuatro pisos públicos son una realidad, una situación que Aznar deberá agilizar si se quiere consumar este mandato con resultados fehacientes en materia de vivienda pública de cara al electorado de los comicios de 2023.

El PAI del Grao, en el aire

Aumsa además gestiona directamente varios Planes de Actuación Integrada (PAI) en la ciudad, si bien el más conocido por su envergadura -300.000 metros cuadrados de suelo- es el PAI del Grao, que integra el famoso circuito de la Fórmula 1 y que todavía sigue sin ejecutarse porque no hay un nuevo planeamiento aprobado -el que se aprobó antaño, en época del Partido Popular, está investigado por los tribunales-. La operación aprobada entonces por el consistorio y la Generalitat Valenciana recogía el circuito de Fórmula 1 que, según palabras del president de la Generalitat, Francisco Camps, no iban a pagar los valencianos porque las administraciones acordaron que el Ayuntamiento repercutiría las cargas urbanísticas de su construcción a los futuros promotores privados.

Eran 42 millones que entonces, en pleno boom inmobiliario, eran comparativamente ridículos con las enormes y previsibles ganancias para los promotores, por lo que -se pensó- no habría problema para que costeasen ese dinero. Sin embargo, todo se desplomó como un castillo de naipes y algunos de los promotores quebraron y el mercado se hundió. En 2018, ya con el gobierno de Compromís, PSPV y València en Comú, se intentó retomar este proyecto presentando un planeamiento, pero de momento, no se ha avanzado demasiado.

El motivo no es otro precisamente que las cargas urbanísticas, que el Ayuntamiento se comprometió a repercutir a los promotores pero que ahora negocia con ellos reducirlos y así reactivar el suelo baldío y abandonado. Camps ya ha insistido en que existe la obligación de repercutir esta cuantía a los propietarios. Otro de los problemas es la ubicación de las vías ferroviarias de Adif en Serrería, a juicio de varios de los responsables municipales, sería beneficioso soterrar antes que aprobar el nuevo plan.

Parkings sin beneficios y en el juzgado

Con todo, Aumsa tiene ante sí retos de menor calado pero que no por ello requieren menor atención: la gestión de los parkings de la firma municipal en régimen de concesión administrativa por parte de empresas privadas. Como ha venido publicando Valencia Plaza en varias ocasiones, Aumsa mantiene conflictos con estas mercantiles por la gestión y la falta de beneficios económicos por la explotación de las instalaciones.

Es por ejemplo el aparcamiento que gestiona una filial de Bertolín en el Paseo de Neptuno, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar y muy próximo a La Marina. La empresa acudió a los juzgados contencioso-administrativos para exigir a la administración municipal la resolución del contrato por falta de beneficios y que el consistorio le pague el dinero que ha dedicado la concesionaria a inversiones en la infraestructura. La filial de Bertolín ha estado perdiendo dinero con el aparcamiento durante los últimos ejercicios porque, según sus cuentas, "el nivel de ingresos obtenido no ha resultado suficiente para cubrir los costes financieros incurridos".

Pero no es la única disputa abierta entre Aumsa y una concesionaria de este tipo de espacios. Muy cerca, en el Mercado del Cabanyal, la gestora, Multiaparcamientos Valencia, ha dejado de pagar el canon anual tras solicitar a la administración el reequilibrio financiero del contrato, rechazada insistentemente por Aumsa. Aunque no se conoce la deuda contraída por la concesionaria, la empresa que a partir de ahora gerenciará Aznar, ya ha acudido a la vía judicial para exigir el pago de la deuda.

Conflicto con inquilinos por la compraventa de pisos

La mercantil pública afronta también un conflicto vecinal con los inquilinos de un centenar de viviendas propiedad de Aumsa en régimen de alquiler con opción a compra. Los inquilinos denunciaban que desde finales de 2019, la sociedad que gestiona estas viviendas y el propio Ayuntamiento les habían "ignorado" ante su petición de convertir sus contratos de renta en compraventa, una opción recogida en las cláusulas de los contratos de alquiler firmados en algunos casos hace más de diez años. El conflicto que ha bloqueado este paso reside en el precio de las viviendas: los inquilinos consideran que el precio que se les oferta es excesivo.

El precio que el consistorio ofrecía a los inquilinos es de 1.820 euros por metro cuadrado útil de vivienda, unos 1.450 por metro cuadrado construido. Cuantía que, en algunas viviendas, supera los 160.000 euros más IVA. Se trata del módulo máximo que fija la Generalitat para las viviendas de protección pública. A ello se acoge la plataforma para exigir unas cuantías menores, algo que en el gobierno municipal defienden que no se ajustaría a ley, según el secretario consistorial, pues se estaría vendiendo vivienda pública por debajo de lo tasado.

El Síndic de Greuges ya ha instado al consistorio a dar una respuesta ágil al conflicto. Por ahora, el consejo de administración aprobó hace tres meses elevar la cuestión al Consell Jurídic Consultiu. Concretamente, se le dio traslado de "la posibilidad de ampliar el porcentaje de alquiler pagado que se le puede descontar del precio total de la vivienda". Sin embargo, por el momento no ha habido más noticias al respecto.