València abre el debate: ¿Los funcionarios sin tareas deberían cobrar el plus de productividad?

VALÈNCIA. La pandemia de coronavirus, el consiguiente estado de alarma decretado por el Gobierno central y la obligatoria adaptación de la administración a estas circunstancias está dejando por el camino no pocos interrogantes. Ya ocurrió con el permiso retribuido recuperable decretado por el ejecutivo central, cuya aplicación en funcionarios fue motivo de disputa jurídica entre el Ministerio de Función Pública y la Generalitat Valenciana junto a otros entes como el Ayuntamiento de València.

Ahora, en el consistorio del cap i casal se abre un nuevo debate, en este caso fuera del ámbito jurídico: la posibilidad de que aquellos funcionarios sin tareas por el estado de alarma pierdan o vean mermado su complemento de actividad profesional, a la postre complemento de productividad, relativo a estas semanas en las que muchos empleados públicos no han podido acudir a su puesto laboral ni han podido acogerse al teletrabajo por la naturaleza de sus funciones.

Este es un plus regulado por la normativa que retribuye "el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el personal funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos". No debe ser una cantidad fija ni periódica, pero en la práctica, explican fuentes sindicales, se cobra de manera transversal y habitual, en cuatro pagas a lo largo del año, y suele ascender de media a unos 300 euros por paga.

Es este tramo del salario de los funcionarios sobre el que se cierne ahora el debate, después de que el equipo de gobierno abriera la puerta a revisar este punto entre las medidas a implementar durante la crisis del coronavirus. Así, una resolución de mediados de abril del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, explica que "las distintas situaciones previstas [...] serán valoradas, según las relaciones que confeccionen y remitan las jefaturas de servicio [...], a los efectos del devengo del complemento de actividad profesional durante el período correspondiente".

Es decir, que los jefes de cada servicio, a instancias de la concejalía de Personal que dirige Luisa Notario, elaborarán un listado de la situación en la que se encuentra cada uno de sus empleados para constatar cuáles tendrían derecho a cobrar este plus y cuáles no. No es, como confirman en el consistorio, algo que se vaya a hacer con seguridad, pero los sindicatos lo consideran una puerta abierta a la merma o la supresión del complemento para aquellos funcionarios que no hayan trabajado estas semanas. 

Tanto es así que las cinco secciones sindicales representadas en el consistorio -CCOO, UGT, Intersindical, CSIF y SPPLB- emitieron un comunicado en el que se oponían frontalmente a esta posibilidad. En el escrito, insisten en su oposición a "cualquier acción que conlleve la pérdida de retribuciones" al considerar que "sobre la plantilla municipal no deben recaer los efectos de esta crisis sanitarias". "Todo el personal está a total disposición de la corporación para garantizar las necesidades laborales que aseguren el funcionamiento de los servicios públicos", sentenciaban las organizaciones sindicales.

Los argumentos a favor de aplicar esta medida pasan por considerar "un agravio comparativo" el cobro de este complemento por aquellos funcionarios que no están trabajando respecto a los que "se están dejando la piel" durante estos días. Según ha podido saber este diario, hay delegaciones en las que se ha dejado notar el malestar de algunos empleados públicos que continúan asistiendo a su puesto de trabajo. Esta sería una forma de recompensar, en la práctica, lo que se considera un esfuerzo por parte de este grupo de funcionarios.

Asimismo, la propia naturaleza del complemento, que es la de retribuir la productividad del trabajo, haría incompatible su cobro cuando esta productividad es cero, sea porque las tareas de algunos trabajadores no se pueden continuar realizando -por ejemplo, en museos o bibliotecas, entre otros muchos-, o porque no se les ha podido habilitar el teletrabajo desde el consistorio. A este respecto, hay que recordar que de los 5.000 empleados del Ayuntamiento de València, más de 2.000 han recibido licencia para continuar sus labores desde casa.

Esta será una cuestión a resolver entre el Comité de Empresa del Ayuntamiento y la concejalía de Personal y se sumará a otras cuestiones como el ya mencionado permiso retribuido recuperable, que el consistorio sí está dispuesto a aplicar, negociado con los sindicatos, pese a la negativa reiterada del Ministerio de Función Pública a que el permiso se aplique en las administraciones públicas. 

El debate jurídico entre los que creen que no existe esta posibilidad y los que consideran que sí no ha cesado, pero el consistorio ha decidido aplicarlo, de manera que aquellos empleados sin tareas durante este período deberán recuperar las horas cuando todo vuelva a la normalidad. Ahora falta saber cómo se recuperarán las horas, y esto es lo que deberá dilucidar la mesa de negociación entre el Comité y la concejalía de Notario.