Angélica Gómez: "El conflicto por las licencias de actividad en València no se solucionará con un parche"

VALÈNCIA. La reclamación de al menos una veintena de locales de ocio por generar una normativa actualizada para sus actividades, los llamados Bares Culturales de los que ha informado durante los últimos días este diaro, han encontrado un interlocutor más. Después de que este martes el concejal de Comercio, Carlos Galiana, decidiera dar un paso al frente y posicionarse en favor de negociar con la Generalitat por la actualización de licencias en la ciudad para estos espacios y sus reclamaciones, la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia, Angélica Gómez, ha hecho lo propio.

En declaraciones a Valencia Plaza, para Gómez el COGITI "debe ser el puente entre la Administración y los establecimientos. Nosotros somos conscientes, desde nuestra labor diaria, de las diferentes inquietudes que tienen este tipo de locales. Este tipo de nuevas propuestas de ocio no llegan hoy; llevan gestándose durante los últimos años y surgen ahora porque están incluso más establecidas entre la sociedad. Nosotros nos ofrecemos y somos los intermediadores naturales para empezar a trabajar en solventar esta situación y adecuar todas las normativas".

Gómez admite que la normativa está "anquilosada" y Pruden González, otro ingeniero independiente y experto en este tipo de soluciones, añade que "el colapso administrativo en Comercio y en las gestiones con la Generalitat han ido enquistando esta situación". No obstante, Gómez también comprende a los hosteleros cuyos locales han ido adaptándose a las normativas durante las últimas décadas. González añade: "la Comunitat Valenciana ha sido desde hace décadas una de las más exigentes en materias de accesibilidad y acústica. Nosotros, casi por defecto profesional, nos fijamos en cada proyecto fuera de la región y nuestro nivel es seguramente el más alto de España en este tipo de inversiones".

Sin embargo, para ambos técnicos "todos pueden tener cabida, aunque esto es algo que solo se conseguirá si desde la Administración se entiende que estamos ante un punto de inflexión". Gómez hace referencia al colapso y lo describe con un ejemplo del día a día: "hace 20 años teníamos que ir de ventanilla en ventanilla porque, para resolver cualquier trámite, no había un teléfono o un correo electrónico. Pues bien, desde hace tiempo, hemos vuelto a la misma situación. La Administración está saturada". 

Mientras, otras Comunidades Autónomas mantienen otro ritmo para este tipo de licencias de actividad, toda vez que es la base fundamental en la que se sustentan aspectos tan preciados -política y económicamente- como el Turismo: "Navarra, País Vasco, Cataluña y Madrid van muy por delante en el tema legislativo. En parte, porque han sabido externalizar procesos". Por ejemplo, ambos técnicos destacan como el colegio profesional homónimo de Cataluña, "tras un largo proceso de sincronización con la Administración", es quien da validez a expedientes. "Se ha suprimido un intermediario", apunta González, ya que igualmente el proyecto ha de pasar por la certificación colegial, con una serie de compromisos legales. 

Pero Gómez es clara: "el conflicto por las licencias de actividad en València necesita una solución en profundidad. No valdrá un parche. Habrá que aunar posturas y generar una mesa de trabajo importante". En esa dinámica de trabajo, el COGITI se ofrece como intermediador, pero cree que deben estar presentes "tanto las patronales hosteleras, como estos locales de otro tipo de actividades además de los vecinos". Cree, además, que entre esas tres partes y con la intermedicación del COGITI, se debe sacar adelante una propuesta que llevar a la Administración: "creemos que es posible encontrar espacios, horarios y condicionantes para que se desarrolle una actividad que está al pie de la calle".

Gómez pone en valor "la buena voluntad y la capacidad de diálogo de los nuevos Gobiernos, pero también hay que decir que no han llegado al poder con un plan específico para esto". Lo destaca también por la diferencia con otros territorios más actualizados en este tipo de normativas. "Les faltan medios y eso tampoco es achacable al actual Gobierno. Se han producido jubilaciones que no se han podido cubrir. En esta materia, estamos acostumbrados a ir aplicando parches, pero necesitamos que de una vez la Administración tenga convicciones y convierta esa buena voluntad en estrategias de cambio, de desarrollo". Con respecto a la situación generada, la "peor solución", avisa Gómez, "será un decretazo al respecto, que solo serviría para dejar a medias a todos. Y tampoco mirar para otro lado".