VALÈNCIA. La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, tuvo que salir este jueves nuevamente al paso del traslado de parte de su departamento a la nueva sede ubicada en el edificio Colón 80, propiedad de la Conselleria.
Durante el pleno celebrado en Les Corts, respondió de nuevo –y visiblemente incómoda– a los reproches de la oposición en una pregunta planteada por la diputada de Compromís Nathalie Torres. El motivo es que, como publicó Valencia Plaza, el anterior departamento de Igualdad que dirigía Mónica Oltra impulsó una reforma del inmueble para que fuera destinado a un centro de diagnóstico de discapacidades. Sin embargo, Camarero ha decidido que pase a ser una nueva sede de la Conselleria.
La prestación del servicio de valoración de la discapacidad que se iba a trasladar a Colón 80 se realiza actualmente en dos sedes de València: una en la calle Beltrán Báguena y otra en la calle San José de Calasanz. Camarero justificó este jueves que el edificio de Colón no estaba previsto en realidad para lo que dice Compromís porque la Conselleria de Oltra alquiló la sede de Beltrán Báguena hasta 2025 por un precio de 10.000 euros al mes. "¿Me quiere decir qué íbamos a hacer pagando una sede vacía?", preguntó. "Lo único que se ha hecho es utilizar Colón 80 para que trabajen los funcionarios, no para montarme yo un despacho", añadió.
La historia de este espacio viene de largo. En la primera legislatura del Botànic pasó a estar adscrito al departamento de Igualdad que dirigía Mónica Oltra. De 2.000 metros cuadrados repartidos en un bajo y seis plantas, estuvo muchos años desaprovechado –permaneció vacío– por la Conselleria. En alguna ocasión se barajó la opción de que fuera la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) –lo que provocó una bronca entre la exvicepresidenta y la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo– o de que sirviera como ubicación temporal para el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).
Nada de eso fructificó y no fue hasta abril de 2021 cuando Igualdad licitó el contrato para la reforma del edificio por 1,5 millones para transformarlo en un centro de Orientación y Diagnóstico de Discapacidades. Los planes para ello se remontaban a octubre de 2018, pero la Conselleria tardó más de dos años en poner en marcha el proceso administrativo para realizar la reforma pendiente. De hecho, el edificio llegó a estar okupado por el Frente Obrero en una imagen que todavía se recuerda.
El objeto del proyecto de rehabilitación consistía en dotar al edificio de despachos de consultas donde trabajan los profesionales y atienden a los usuarios; una administración y dirección del centro; así como salas de reuniones y salas para el personal y unos archivos y espacios de gestión de las historias e informes. Además, se incluía la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, protección contra incendios, voz, datos y se adaptan los ascensores a la normativa vigente. En el bajo estaba prevista la instalación de una tienda para vender los productos artesanales que se elaboran en los centros de discapacidad. La obra se justificó en las deficiencias de los centros de discapacidad.
La constructora valenciana Crimsa fue la encargada de desarrollar esa adaptación y reforma del edificio por 1,18 millones de euros tras presentar la mejor propuesta de las ocho planteadas. El inicio del funcionamiento como centro de valoración de discapacidad nunca llegó a producirse en la pasada legislatura, de manera que le quedaba en herencia a la nueva Conselleria de Servicios Sociales.
Ahora, Camarero ha pasado a destinarlo a oficinas de su propio departamento, que hasta la fecha se ubicaba en su totalidad en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, el conocido como CA9O. A él se ha trasladado el personal de la Vicepresidencia, la Subsecretaría, Contratación, Abogacía y Servicio Económico. Hay disponibles más de una treintena de despachos.
Pero la inversión pública en este espacio no se circunscribe únicamente a la cantidad inicial de la reforma. En octubre de 2023, solo tres meses después de que el PP llegara al Consell, la propia Conselleria de Servicios Sociales firmó una modificación del contrato, que supuso un incremento de 634.545 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses que se sumaban a los 15 del contrato.
Esta ampliación del contrato venía motivada por diversas necesidades, tal como figura en el documento. Una era la subsanación de los desperfectos a raíz por la ocupación ilegal del edificio por parte del Frente Obrero, que afectaba a instalaciones (roturas en inodoros o lavabos), revestimientos (manchas en las pareces, arañazos, quemaduras...) y carpinterías. Los okupas también arrancaron cableado de los dispositivos eléctricos y la plataforma elevadora de minusválidos.
De otro lado, se produjo una corrección de las incidencias exigidas por el Ayuntamiento de València en la concesión de la licencia, como los sistemas de ventilación o la ubicación de las máquinas de aire acondicionado. La intervención adicional incluía asimismo la sustitución del centro de transformación y otros ajustes necesarios debido tanto a la ocupación ilegal como al paso del tiempo y al escaso mantenimiento.
En todo caso, el objeto del contrato nunca varió. Seguía siendo "las obras de adaptación y reforma del edificio de c/Colón, 80 de València para sede de un centro de orientación y diagnóstico de discapacidades".
Pero Camarero basa su reproche a Compromís en que mientras hacían todo esto, comprometían hasta 2025 el alquiler de Beltrán Báguena como centro de diagnóstico de discapacidad. Algo que, según argumenta, significa que la anterior Conselleria no iba a usar realmente Colón 80 para nada hasta que venciera ese alquiler, con el consiguiente despilfarro de dinero. Motivo por el que, dice, decidió que fuera sede de su departamento.