Fotos: Kike Taberner
Igualdad prevé destinar el edificio ocupado de Colón a valorar discapacidades
VALÈNCIA. El Frente Obrero vuelve a actuar en València. Por segunda vez, este movimiento ha ocupado un edificio del centro de València. Tras organizar un banco de alimentos en el que repartieron productos a unas 250 familias en la antigua sede de Unicaja en Pintor Sorolla, este viernes ha procedido a la ocupación de un edificio en la calle Colón. Se trata de un inmueble al que la Conselleria de Igualdad no ha dado ningún uso desde la pasada legislatura.
Un representante del movimiento, Fermín Turia, ha hecho público un comunicado a través de las redes sociales, que ha denunciado la detención de cuatro compañeros tras la organización de ese banco de alimentos en Pintor Sorolla. "Por eso once días después no nos rendimos, y hemos vuelto".
El colectivo comunista Esperanza Obrera ha ocupado el edificio con el fin de acoger a personas desahuciadas, y ha colgado en su fachada un cartel gigante con la imagen de la consellera Mónica Oltra junto al lema "Frente al sistema, resistiremos".
El portavoz del colectivo, Juanvi Remón, ha asegurado a Efe que en el edificio de la Conselleria de Igualdad pretenden construir "el mismo proyecto" que en el local de Pintor Sorolla, con repartos de comida o asesoría de vivienda a las personas que lo necesiten, además de un lugar en el que puedan vivir personas que no dispongan de casa propia tras quedar desahuciados.
Ha expuesto que el objetivo es que "nos dejen este edificio y si no irnos a otro", con el fin de poder dar vivienda y comida a familias que lo necesitan, "pero la prioridad es presionar para que sea este", un lugar en pleno centro de València que está en desuso por parte de la Generalitat Valenciana y cuyo cartel, instalado en la fachada, es una crítica a la familia Usó Ferrera, propietaria de inmuebles vacíos, y el juez Juan Carlos Mompó, que ordenó el desahucio del edificio de Pintor Sorolla, además de contra Oltra, por la inacción de la conselleria en este asunto.
Asimismo, ha afirmado que desde la Conselleria de Vivienda y la de Igualdad y Políticas Inclusivas "se nos prometió una solución, pero como no lo han hecho, esta es una manera de presionar para conseguir un espacio donde podamos albergar a gente sin vivienda", ya que, según han trasladado desde el colectivo, "en los momentos decisivos, los políticos se han posicionado del lado de los empresarios".
Remón ha explicado que de momento hay dos familias que están viviendo en el edificio pero que esperan, en los próximos días, que tres más se puedan unir, familias "a las que se les dio la palabra de que tendrían un techo donde vivir".
"Todo son buenas palabras, pero no han solucionado nada", ha explicado Remón sobre las reuniones con las diferentes consellerias, al tiempo que ha señalado que "no es verdad que no se estén produciendo más desahucios" y que son "casos ínfimos" los desahucios que la administración ha parado.
Desde el propio edificio, los okupas han preguntado "por las palabras de unión por parte de Oltra", al tiempo que han señalado que la consellera, "a la hora de la verdad, da puñaladas".
Paralelamente a la concentración, en la que se han congregado decenas de personas, el colectivo ha entregado bolsas de comida a más de un centenar de personas sin recursos, que han hecho cola para recibir un kit de productos básicos.
Este edificio, en el número 80 de la mencionada vía, es un inmueble singular de 2.000 metros cuadrados repartidos en un bajo y seis plantas, está directamente adscrito a la Conselleria que dirige Mónica Oltra desde noviembre de 2019, por lo que al tener otorgadas por parte de la Dirección General de Patrimonio las facultades de gestión, conservación y mejora puede hacer uso del mismo cuando lo considere.
Desde la Conselleria de Mónica Oltra apuntaron, en su día, a este periódico que este edificio ya tiene un uso futuro definido, ya que se destinarlo al servicio público de atención a personas con diversidad funcional.
El edificio, ocupado ilegalmente, está pendiente de que en los próximos meses salga a licitación el contrato para poder iniciar las obras que convertirán este espacio en el futuro centro donde se atienda a las personas con diversidad funcional o trastorno de salud mental que solicitan se les reconozca un grado de discapacidad, ha informado la Generalitat.
El espacio, que siempre ha albergado oficinas, "fue abandonado por el anterior gobierno durante varios años lo que lo ha convertido en un espacio obsoleto que no cumple la normativa, especialmente la relativa a seguridad contra incendios, y como tal requiere de una intervención arquitectónica importante que ronda los 2 millones de euros", según el Ejecutivo autonómico.
"La habitabilidad del edificio en estos momentos no es la adecuada, ni para su uso administrativo ni para su uso como vivienda, ya que carece de espacios necesarios para una vida digna, como pueda ser una cocina o cuartos de baño de uso doméstico", han agregado las mismas fuentes.
