Catalá unifica las concejalías de Urbanismo y Actividades para agilizar las licencias

VALÈNCIA. La tramitación de las licencias, tanto de obra como de actividad, ha sido uno de los principales caballos de batalla del Ayuntamiento de València por las continuas quejas sobre los dilatados tiempos para su obtención. Tanto desde el sector promotor, como inversores y la propia oposición, encabezada en la pasada legislatura por el PP, han criticado los largos plazos administrativos. Por eso, acelerar el proceso es una de las prioridades del nuevo gobierno municipal, que lidera la 'popular' María José Catalá, quien ya ha anunciado que unificará las concejalías de Urbanismo y Actividades para agilizar plazos.

En la anterior legislatura, con Compromís y PSPV al frente de la corporación municipal, la Concejalía de Urbanismo estaba dirigida por la socialista Sandra Gómez y se ocupaba de las licencias de obra, mientras que Actividades, encabezada por Lucía Beamud (Compromís), gestionaba los permisos de actividad, una división que para el PP no tiene sentido y, a su juicio, ha sido uno de los motivos del cuello de botella en el consistorio.

Así, Catalá unirá ambos departamento en uno único de Urbanismo y Vivienda que dirigirá Juan Giner. "Vamos a unificar la cuestión de las licencias, que han estado en dos departamentos distintos. Dar sentido a la casa es que tantos las de obra como las de actividad estén bajo el mismo el departamento. También vamos a intentar tener una adaptación normativa para hacer mucho más ágiles los tramites, que ahora son especialmente farragosos", aseguró este lunes en un desayuno informativo de los Encuentros Ser organizado por Radio Valencia y El País. 

Pero, además, la nueva alcaldesa avanzó que va a solicitar al nuevo presidente de la Generalitat, que será Carlos Mazón tras el acuerdo del PPCV con Vox, una modificación rápida de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para incluir la licencia básica, un instrumento que se rige por parámetros estándar y que permite conceder el permiso de obra en 30 días. "Es algo razonable para generar inversión en la ciudad", enfatizó.

De hecho, el PP ya llevaba en su programa electoral esta propuesta para acabar con el "atasco" que, según sus estimaciones, supera las 10.000 licencias de obra y actividades bloqueadas en los cajones municipales. Así se lo había prometido la propia Catalá también a los promotores valencianos.

Pero no es la única medida que pondrá en marcha el nuevo equipo de gobierno para acabar con este problema. Así, Catalá también destacó que va a incrementar el personal en el servicio de licencias y que impulsará la colaboración público-privada en esta materia a través de las entidades colaboradoras (ECUV), una fórmula vigente, pero que no se ha acabado de explotar.

Un problema enquistado

Lo cierto es que el atasco de las licencias en València es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que ha provocado un verdadero quebradero de cabeza para muchos empresarios. Los dilatados tiempos del consistorio no solo han provocado cuellos de botella en la salida de muchas iniciativas, sino también la renuncia de los promotores que no aguantan años con los proyectos parados a la espera de una respuesta de la Administración.

Tanto es así que se ha constituido la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de València (Aflival) y son varios los empresarios que llevan años denunciando el embudo y cómo el retraso de la tramitación está ahuyentando la inversión. Así lo denunciaba hace unas semanas el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València (COGITI), que advertía de que el "embudo administrativo" en València "está generando la fuga de empresas en la ciudad". 

Según los promotores, de media en València se tardan casi dos años en obtener la licencia, algo que desincentiva la inversión. Un ejemplo de esta odisea es el caso de Corestate, especializada en residencias de estudiantes. La compañía, como publicó este diario, lleva cerca de cinco años esperando el visto bueno del consistorio para empezar su proyecto, una demora que les ha llevado ya a plantearse acciones legales contra el Ayuntamiento y a no volver a invertir en la ciudad. 

También la 'megatienda' de Zara en el Boulevard Austria esperó casi cinco años para poder iniciar obras y ello pese a ser declarado como prioritario, estatus que confiere al proyecto un procedimiento más ágil de tramitación. Por ello, entre los deberes del sector a los nuevos mandatarios figuraba precisamente la agilización de las licencias.  "Es necesario simplificar y reducir la burocracia", remarcan desde la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova).