Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Que no iba a dar tiempo a que se aprobaran todos los proyectos legislativos pendientes en Les Corts Valencianes, era sabido; que el ya de por sí reducido plazo que quedaba para validarlas se iba a acortar más aún por un adelanto electoral de apenas un mes, no tanto a pesar de que se barruntaba desde hacía semanas.
La decisión de este lunes de Ximo Puig de celebrar los comicios autonómicos el próximo 28 de abril a la vez que las elecciones generales malogra del todo la validación de una quincena de leyes -incluidas las elaboradas por consellerias que dirige el propio PSPV, como la Ley del Juego-, así como el desarrollo de tres comisiones parlamentarias -Operación Taula, Financiación de PSPV y Bloc en la campaña electoral de 2007, e Instituciones Feriales (en concreto, la parte de IFA)- y el debate de sus correspondientes dictámenes, junto a la votación de las conclusiones también de Ciegsa y Feria Valencia que estaban pendientes de llegar a un pleno de Les Corts.
El pasado mes de octubre, Podem y el Consell cerraron un acuerdo presupuestario en el que, además de pactar algunas partidas del Presupuesto de la Generalitat de 2019, se fijaron el objetivo de sacar adelante 15 leyes. No eran las únicas que quedaban pendientes, pero sí las que consideraron como prioritarias para aprobar, por lo que los diputados deberían centrar su actividad parlamentaria en ellas.
De esta quincena, todavía siete estaban tramitándose hasta este lunes en el Parlamento valenciano; algunas, incluso, se iban a aprobar en el pleno que estaba previsto que se celebrase este próximo miércoles y jueves. Sin embargo, con la convocatoria electoral y el decreto de disolución de Les Corts quedan para el olvido.
Ahora bien, además de las siete prioritarias que se quedan en el tintero, también otras ocho normativas que no fueron incluidas en ese documento pactado entre morados y Ejecutivo valenciano se quedarán por aprobar. Estas son las leyes que se quedan sin salir adelante en esta legislatura:
-Ley de Diputaciones. Podem presentó una Proposición de Ley para que los órganos provinciales sólo ejercieran las facultades propias, aquellas que no son de interés general de la Comunitat Valenciana y, el resto, pasaran a ser asumidas por la Generalitat. El texto, sin embargo, fue reescrito por el PSPV antes de ser registrado porque lo planteado por Podem dejaba en el limbo algunas cuestiones tales como qué sucedería con el Presupuesto que reciben las diputaciones del Estado si el grueso de las competencias pasara a asumirlas el Gobierno valenciano, y qué ocurriría con el personal empleado en ellas.
Junto a la reforma del Estatuto de Expresidents y la ley de Economía Circular, esta era una de las tres normativas que más incomodaba al PSPV, si bien ésta sería la que lo hacía en menor medida porque su aprobación no tendría ninguna "transcendencia" a efectos prácticos, ya que el redactado no cambiaba "nada" del modelo actual. Lo único que hacía era recoger cuáles eran las competencias exclusivas de las diputaciones y exponer que hay otras -sin especificar cuáles- que puede delegar a la Generalitat. Esto es, la redacción no especifica que se vayan a vaciar de competencias las diputaciones.
-Ley de Expresidentes. Después de que se bloqueara la primera vez, Podemos volvió a plantear en enero de 2018 la reforma de esta norma para que los Molt Honorables contaran con menos "privilegios" de los tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasen a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En ese punto no hubo entendimiento entre las fuerzas del Botànic, pero en las últimas semanas, PSPV y Podem habían acercado posturas para realizar algunos cambios sobre la normativa actualmente en vigor, como por ejemplo, que Les Corts pudieran revocar a un Molt Honorable cuando éste fuese condenado por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato.
-Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. La norma fue registrada por Podem en agosto del año pasado como última ofensiva para tratar de salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), pero que también recogía un paquete de cambios en la gestión de residuos que causó el rechazo frotal de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Las observaciones fueron atendidas por PSPV y Compromís a través de numerosas enmiendas de supresión y modificación. La semana pasada se votaron en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts Valencianes y Podem secundó muchos de los textos alternativos propuestos por sus socios, por lo que tan solo faltaba que se votara en un pleno el texto resultante. Finalmente, no habrá ley.
-Ley del Consell del Audiovisual. La norma que da vida al órgano que debe velar por que la información que se emita en À Punt sea imparcial y de calidad está aprobada desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, quedó pactado entre PSPV, Compromís y Podem modificar el apartado que determinaba quién elegía a los consejeros de este organismo. Los morados pedían que todos fueran designados por el Parlamento, así como también la presidencia del mismo frente a los socialistas y valencianistas que planteaban que dos los nombrara el Consell, que también designaría la presidencia. Sin embargo, terminaron acordando que la modificación contemplaría que dos de ellos serían propuestos por el Ejecutivo valenciano pero superando previamente un examen de "idoneidad" en Les Corts. El presidente del Consell del Audiovisual también debería pasar ese control y sería nombrado por la Cámara. A pesar de tener el texto acordado, no ha llegado a tiempo y la ley se queda como quedó en febrero.
-Ley Electoral Valenciana. En enero quedó rechazada la Proposición de Ley propuesta por Compromís cuyo cambio principal era la rebaja del listón electoral del 5 al 3%, además de otros siete puntos que incluía por ejemplo las primarias abiertas y las listas cremallera. La oposición de Ciudadanos la hizo inviable porque no alcanzó los 66 votos necesarios en el pleno de Les Corts. El PSPV presentó poco tiempo después una propuesta que incluía únicamente la bajada de la barrera electoral al 3% y estaba pendiente de debatirse.
-Ley de Sindicatura de Greuges. Este proyecto de ley planteaba una reforma amplia de la norma de 1988. Con el objetivo de modernizar y reforzar la institución para que fuera más acorde a las demandas de la sociedad actual incrementaba las posibilidades de intervención del Síndic de Greuges.
-Ley de Seguridad ferroviaria. Era una norma que ya fue aprobada en marzo de 2018 por unanimidad -el PPCV se abstuvo en la votación-. Sin embargo existía una pequeña modificación pendiente de tramitarse.
-Ley del Juego. El Consell aprobó el pasado mes de noviembre un proyecto de Ley del Juego elaborado por la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler que, más allá de actualizar la normativa de 1988 y establecer restricciones -700 metros de distancia mínima entre salones-, pone especial atención en la prevención y protección de los menores ante el auge de la ludopatía. Era una de las leyes en las que el PSPV estaba trabajando concienzudamente para que lograra salir adelante. No en vano, hace apenas dos semanas los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas a la ley y entre ellas las de los socialistas destacaba una: la prohibición de que una casa de apuestas estuviera a menos de 150 metros de un colegio. Podem proponía 1 kilómetro.
-Derecho Civil Valenciano. La iniciativa fue aprobada en la comisión de Coordinación de Les Corts el pasado 11 de febrero y estaba pendiente de ratificarse en un pleno para remitirse al Congreso de los Diputados. Planteaba incluir en la disposición adicional segunda de la Constitución que la competencia legislativa civil de las autonomías asumida en sus estatutos, conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, "se extenderá a la recuperación y actualización de su derecho privado histórico de acuerdo a los valores y principios constitucionales". El objetivo era recuperar el derecho civil valenciano, pero el pleno en el que debía ratificarse no llegará a producirse.
-Ley de Comarcalización. Quedó paralizada en julio de 2017. Para complementar la Ley de Mancomunidades impulsada por Presidencia, Compromís presentó una Proposición de Ley que pretendía establecer la comarca como la unidad de división de la Comunitat Valenciana. La norma, eso sí, no iba más allá y apartaba una hipotética descentralización a la catalana, creando otro nivel administrativo más. Sin embargo, se encontró con la oposición de Ciudadanos y PP y con ciertas críticas en Podemos. Con su contenido negociado con la dirección de administraciones locales que dirige el socialista Antoni Such, en el PSPV aceptaron la propuesta mientras solo se basara en un reconocimiento de la división comarcal. No obstante, los morados no veían con buenos ojos la propuesta y pidieron un mayor proceso de participación de las entidades locales para solucionar polémicas como la división de l'Horta planteada en el texto. La precipitación para debatir esta ley provocó incluso que Compromís retirara de motu propio la iniciativa y desde entonces no se ha avanzado en ella.
-Ley de VTC. Propuesta por el PPCV, esta norma buscaba regular el servicio de transporte de personas en vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC. La proposición de ley se registró en febrero de 2018 y en junio inició su fase de participación ciudadana en Les Corts, justo un mes antes de que estallara la crisis del taxi después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente el reglamento metropolitano que regula las licencias VTC -con las que operan Uber y Cabify-, previo recurso del Ministerio de Fomento.
-Ley de Supresión de los Aforamientos. La Proposición de Ley impulsada por Ciudadanos llevaba bloqueada por el PSPV en la comisión de Coordinación de Les Corts desde febrero de 2018. Preveía la eliminación del artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía que contempla que los diputados, durante su mandato, "no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino en caso de flagrante delito". Y si se vieran envueltos en una causa judicial, la instrucción y eventual juicio corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Este artículo de la Carta Magna valenciana también fija que si se diera la situación de que el aforado se hallase en cualquier otro territorio fuera de la autonomía, sería el Tribunal Supremo el que juzgaría su responsabilidad penal. Además también determina que los diputados están exentos de responsabilidades civiles por "actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo".
-Ley de Participación Institucional. Fue una propuesta del PPCV de Isabel Bonig en noviembre de 2017, después de que sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal CEV acudieran a la manifestación del 18-N que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy una financiación justa para la Comunidad Valenciana. La intención era cambiar el sistema de reparto de ayudas directas a los sindicatos y patronales para que también los organismos minoritarios pudieran acceder a este tipo de subvenciones. Las enmiendas a esta norma quedaron ordenadas en junio de 2018, pero desde entonces no se volvió a reunir la comisión de Coordinación presidida por el PSPV en la que se trabaja para votarlas. De hecho, para evitar que cayera en el olvido, Podem introdujo a través de la Ley de Acompañamiento de 2019 la modificación de esta normativa.
-Ley de Instituto Cartográfico. Se aprobó por el Consell en noviembre de 2018 y fue remitida a Les Corts para iniciar su trámite. Aunque no estaba previsto igualmente que saliera adelante, con este adelanto, sus probabilidades eran aún menores. Con la ley se iba a establecer el régimen jurídico del Instituto Cartográfico Valenciano, la ordenación de la actividad geomática del sector público valenciano y la organización de la información geográfica en la Comunitat Valenciana, así como los medios para la coordinación y la colaboración entre las diferentes administraciones públicas valencianas en esta materia.
-Ley de Espectáculos Públicos. De la misma manera que la ley de Seguridad Ferroviaria, estaba pendiente de acometerse una modificación de esta normativa que ya fue validada en febrero de 2018 para eliminar la obligatoriedad del segundo médico en los 'bous al carrer'.
