El PSPV rehace la ley de Podemos para vaciar las diputaciones

VALÈNCIA. Podemos presentó la semana pasada una proposición de ley para vaciar de competencias las diputaciones provinciales. Hartos de esperar la ley de Gobiernos Locales que anunció el Consell, los morados pusieron encima de la mesa un texto legislativo para que los órganos provinciales sólo ejercieran las facultades propias, aquellas que no son del interés general de la Comunitat Valenciana y, el resto, pasaran a ser asumidas por la Generalitat. 

El grupo que lidera Antonio Estañ, no obstante, no cerró la puerta a llegar a algún acuerdo con sus socios parlamentarios, PSPV y Compromís. No en vano, se dieron como plazo hasta este lunes para registrar la ley definitiva que permitiera a socialistas y valencianistas hacer aportaciones al texto de manera que la viabilidad de la ley fuera posible. Las de los del puño y la rosa, no obstante, no fueron meros retoques como iba a plantar Compromís, sino que reescribieron de arriba abajo la ley planteada. 

Aunque en Podemos señalaron al inicio de la mañana del lunes que las propuestas del PSPV eran "asumibles", realmente el texto planteado por el grupo parlamentario que lidera Manolo Mata dista de lo que plantearon los morados la semana pasada. Pese a que la esencia es similar, la redacción de los socialistas no especifica que se le vayan a quitar a las diputaciones las competencias que son de interés general de la Comunitat Valenciana para que las asuma la Generalitat -como Educación, Turismo, Infraestructuras o Deportes-, sino que simplemente deja la puerta abierta para que esto pueda ocurrir. 

El texto de los socialistas define que las corporaciones provinciales "no podrán ejercer competencias distintas de las propias ni de las atribuidas por delegación". Las propias son las que quedan recogidas en el artículo 36 de la ley de Bases de Régimen Local -como la recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua y alumbrado público en municipios de menos de 20.000 habitantes-, y Podemos se las mantiene en la ley que presentaron el pasado jueves. 

Por su parte, las atribuidas por delegación -las que los morados quieren traspasar por completo al Consell- el PSPV no define en ningún artículo que la Generalitat vaya a asumirlas por completo. No obstante, la idea es permitir al Gobierno valenciano que pueda arrogárselas enteramente si lo considera oportuno y definir un punto de partida para negociar con Podemos en el que se establece que serán las diputaciones las que ejecutarán las políticas en estas materias, pero siempre con las líneas políticas o la hoja de ruta que establezca o diseñe la Generalitat. En caso contrario, las asumiría la Generalitat. Ideas que partirían, a priori y como ya informó El Temps, de la ley de Gobiernos Locales en la que trabaja la dirección general de Administración Local que lidera Antoni Such. 

La nueva propuesta de los socialistas a los morados fue acompañada, además, de una nota que justificaba todos los cambios que realizaban al texto de Podemos. En términos generales argumentaban que la "mayor parte del texto remitido" no añadía "nada nuevo al marco regulatorio ya existente". 

También planteaban las dudas que ya expusieron la semana pasada: qué sucedía con el presupuesto de las diputaciones provinciales y con el personal empleado en ellas. "En una cuestión tan importante resulta trascendental la cuestión de la financiación de dichas competencias. Si se opta por limitar drásticamente el ejercicio de las competencias por las diputaciones y su asunción por la Generalitat, deberá estar suficientemente garantizada la financiación; y respecto a las cuestiones de personal se deberían prever en la norma el régimen e instrumentos para las transferencias de personal", razonan los socialistas.

En adelante, los del puño y la rosa, desmontan el texto legal de Podemos. Así, ya en el primero, en el que los morados detallaban que el objeto de la ley era regular el régimen de competencias de las diputaciones provinciales valencianas y el ejercicio de estas, el PSPV apunta que esta materia ya queda regulada en la Constitución y, por lo tanto, lo que debería recoger esta norma autonómica es "definir el desarrollo" de la legislación estatal mediante "la creación de un nuevo modelo valenciano".  

Respecto a los artículos 2, 3, y 4 -es decir, casi la totalidad que tiene la ley, pues solo tiene cinco apartados-, que comprendían qué competencias eran propias de la Generalitat, cuáles podría delegar en los órganos provinciales y cuáles eran propias éstos, los socialistas explican en su análisis que el contenido de estos es "innecesario" porque lo que plantean ya está recogido en el Estatuto de Autonomía y en la ley de Bases de Régimen Local. 

"Es innecesario el contenido del artículo 2, ya que las competencias enumeradas para la Generalitat ya están reconocidas en nuestro Estatut d'Autonomía"; "El régimen de delegaciones no aporta tampoco nada sustancial a lo ya regulado en la normativa básica estatal y autonómica"; "Tampoco añade nada nuevo. El objeto de la ley autonómica no debe ser repetir lo que ya dice la básica estatal, sino desarrollar el modelo autonómico", recoge en su análisis el grupo parlamentario que lidera Mata. 

"Incluso falta algún apartado de la legislación básica", indican. Esto es, en la Ley de Bases de Régimen Local las diputaciones tienen reconocidas unas competencias propias que Podemos respeta en su ley. Sin embargo, la ley estatal les reconoce un total de nueve potestades y los morados sólo han recogido ocho, dejando fuera el último apartado, el 36.1.i), que atribuye a las corporaciones provinciales la facultad de coordinar "mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes".

De momento, Podemos considera compatible, o al menos un punto de partida para llegar a un posible acuerdo, la propuesta que del PSPV. El texto definitivo, no obstante, no se registró este lunes tal y como estaba previsto. La "falta de tiempo" para redactar la ley que conjugara la participación de Compromís y de los socialistas fue el motivo para posponerlo y hacerlo en los días siguientes.