VALÈNCIA. Las alarmas han saltado definitivamente. En el mes en el que se cumplen diez años del cierre de Canal 9 y Ràdio Nou, el audiovisual vuelve a estar al rojo vivo ante el que podría ser un golpe importante para el sector. El proyecto de presupuestos de la Generalitat, presentado hace unas semanas por el gobierno de PP—Vox, contenía un pequeño detalle que puede provocar una tormenta perfecta que lo cambie todo. El origen está en el conflicto que todas las corporaciones de la FORTA tienen abierta con Hacienda a raíz del cambio de criterio del Gobierno central por el pago del IVA de las subvenciones a estas empresas públicas.
Por poner en contexto, en 2014 Hacienda cambió de criterio y empezó a reclamar a las radiotelevisiones el pago del tributo que, hasta entonces, no se abonaba. TV3, TVG, IB3 o CMM justifican que, en la medida en la que son un servicio público, no le deben nada a Hacienda. Las radiotelevisiones están en vilo porque este choque se ha judicializado y espera una sentencia del Tribunal Supremo que resuelva finalmente cuál es el criterio a seguir.
Ya en el caso valenciano, desde 2016 hasta 2021, À Punt ni pagó el IVA ni reservó lo que le reclama Hacienda, siguiendo un criterio compartido con otras radiotelevisiones. Esto le hace sumar una deuda acumulada con el fisco de 26,8 millones de euros. Aquí entra el gran cambio con el nuevo Gobierno. Desde 2021, la Generalitat ‘reservó’ ese dinero para pagarlo sin repercusión en las cuentas de À Punt en caso de que la justicia diera la razón a Hacienda. La radiotelevisión pública valenciana, por su parte, paga desde ese mismo año a Hacienda el IVA correspondiente al ejercicio para no generar más deuda. Este año ese pago supone una reserva de 11,5 millones de euros de los 84 de su presupuesto total.
Según la ley de creación, À Punt debe destinar (aproximadamente) un tercio de su presupuesto en personal, y otro tercio en producción externa (el otro tercio estaría dedicado a otros gastos y compras de derechos). Las asociaciones profesionales del sector señalan que esta ‘reserva’ por el pago del IVA supone una infrafinanciación ‘de facto’, que además afecta de lleno a la partida de producción externa porque es la única en la que se puede recortar.
En los presupuestos de 2024 y con el contrato-programa caducado a partir del 1 de enero del próximo año, el compromiso por parte de la Generalitat de asumir esa deuda acumulada ha desaparecido. Si las enmiendas no lo corrigen y la sentencia dictamina que Hacienda tiene razón, el agujero de 11,5 millones de euros se convertirá en uno de de 38,3 millones, prácticamente la mitad de su presupuesto anual. “Lo que antes eran intenciones que se podían intuir ahora vemos que son hechos. No estamos ni mucho menos tranquilos”, explica un productor a este diario.
Todas las asociaciones profesionales del sector (productoras, actores y actrices, empresas de servicios, comité de empresa de À Punt…) han pedido reuniones con los diferentes grupos en Les Corts. Compromís fue el primer grupo con el que se reunió, y ya anunciaron que pedirían esta modificación en sus enmiendas. Hoy será el turno del PSPV-PSOE y el lunes de Vox, según confirman fuentes conocedoras del proceso. El objetivo es claro: explicar que, si la producción externa de À Punt falla, todo puede caer, llevándose por delante todo lo reconstruido desde la hecatombe sectorial que se vivió tras el cierre de Canal 9: “À Punt es ahora mismo el motor del sector audiovisual y cualquier cosa que suceda afecta de lleno a la actividad que genera”.
Para más inri, esta situación no solo afectaría a la producción externa de programas para la parrilla de la radiotelevisión, que quedaría reducida al mínimo, sino también a los pre-compromisos de À Punt en producciones cinematográficas sobre proyecto que, en la ronda de financiación, han sumado socios contando con un dinero que podrían no tener y que es esencial para la finalización del proceso. La alternativa es devolver el dinero, con los respectivos intereses, que asumiría la productora.
Esta situación, sumada al anunciado recorte en el Institut Valencià de Cultura, dibujan un 2024 muy incierto en un momento en el que, en palabras de la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebrián, “el sector está despegando”: “El año pasado hablaba del momento excelente que vive nuestro sector, un año después podemos decir que somos reconocidos, que nos buscan para trabajar con nosotros y que nuestro territorio acoge cada vez más rodajes”.
En todo caso, la realidad es que la situación de À Punt y su relación con las productoras tampoco es una panacea ahora mismo ni lo ha sido en sus años de vida. Retrasos en los pagos, cancelaciones repentinas, cláusulas abusivas… Una situación que no parece que se vaya a resolver ni el corto ni el medio plazo. PP y Vox han registrado esta semana una enmienda que agravaría el problema: cambiaría la horquilla de la obligación de la Generalitat de destinar entre un 0,3 y un 0,6 de su presupuesto en la radiotelevisión a fijar únicamente un máximo, el del 0,3%. El Botànic tan solo superó esa cifra un año, a pesar de la obligación sobre papel. Ahora, el recorte presupuestario, el conflicto con el IVA y un contexto con el IVC adverso ha puesto en alerta al sector audiovisual, que cierra filas en su solución propuesta: que, al menos, del conflicto con Hacienda se encargue la Generalitat. El paso siguiente estaría claro: aumentar la financiación, algo de todas todas improbable.
